La líder de Podemos, Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso la semana pasada. Daniel González Efe
Tribunales Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez Manuel García-Castellón por llamarle "corrupto" y prevaricadorUn tribunal considera que las palabras de la dirigente de Podemos provocaron al exmagistrado "un daño moral que debe ser indemnizado".
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D. Barreira Agencias Publicada 12 junio 2026 10:46h Actualizada 12 junio 2026 11:02h Las clavesLas claves Generado con IA
Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle "corrupto".
En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid, el magistrado considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.
Además, Belarra deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X, plataforma en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor del exjuez de la Audiencia Nacional, o en otro medio con semejantes características.
Exdirigentes de Podemos impulsan en Canarias y Asturias partidos soberanistas siguiendo la estela de AndalucíaEn el tuit de la dirigente de Podemos, en referencia a la publicación en el BOE de la jubilación de García-Castellón, se expresaba: "Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, éste y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas, sin sanción alguna, gracias al PSOE. Vergüenza".
A juicio de García-Castellón, las palabras que la exministra tuiteó "exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación".
Libertad de expresión
García Castellón denunció un "daño moral" por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que "tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".
Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que "las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".
Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
"Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena", esgrimió.
El exjuez Manuel García-Castellón, entrevistado por EL ESPAÑOL. David Morales
García Castellón presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra -aforada ante el Alto Tribunal por su condición de diputada- en redes no las profirió "en el ejercicio de su cargo".
La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Ahora el magistrado del Juzgado de Primera Instancia concluye que "las expresiones utilizadas y acreditadas son objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias", recordando el contenido de los mensajes publicados en X el 2 y el 20 de septiembre de 2024, y unas declaraciones a la salida de un acto público en las que Belarra aseveró la misma idea.
"Aquellas manifestaciones constituyen la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto, lo que para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate", dice la sentencia.
Añade que "la imputación del delito de prevaricación es, quizá con el cohecho, la peor de las que profesionalmente cabe atribuir a un juez o magistrado", destacando que la Fiscalía se mostró a favor de estimar la demanda.
La sentencia pone de relieve que en este caso se enfrentan el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión de "dos personajes públicos con gran trascendencia mediática".
En este sentido resuelve que, en contra de lo argumentado por Ione Belarra, sus expresiones "no contienen sustrato fáctico alguno" y se limitan "a la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna".