Irene Montero e Ione Belarra, este sábado en un acto de campaña en Zaragoza.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Irene Montero le hace el juego a Sánchez alentando la teoría del gran reemplazo Publicada 2 febrero 2026 02:46hCuando el Partido Popular empezó a denunciar que la futura regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes no es más que una burda operación de "papeles por papeletas", la crítica se antojó exagerada.
Ciertamente, los cauces legales para la obtención de la nacionalidad son arduos, y la traslación de la residencia al censo electoral dista mucho de ser automática.
Sin embargo, con la escalada retórica de este fin de semana, los socios radicales de Pedro Sánchez (los impulsores de la iniciativa, de hecho) están avalando de algún modo la interpretación del PP .
Los pronunciamientos de Podemos y Sumar han terminado por dar la razón a quienes, como Alma Ezcurra, Isabel Díaz Ayuso o el propio Feijóo han visto en la medida la motivación de generar una deuda de gratitud que, a medio plazo, altere el censo electoral en beneficio del bloque progresista.
Al menos, así lo ha verbalizado Irene Montero en un mitin este sábado: "Hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad y a por el voto".
De modo que lo que el Gobierno presentó como un imperativo humanitario empieza a cobrar los contornos de una calculada estrategia de ingeniería electoral.
En ese sentido, no cabe ignorar que cerca de 1,4 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española (y por tanto, el derecho al voto) desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Lo que significa que en 2027 podrían votar un millón de nuevos españoles más que en 2023.
Es cierto, en cualquier caso, que el camino hacia las urnas para un inmigrante regularizado es complejo.
Salvo para los ciudadanos de países con acuerdos de reciprocidad, la nacionalidad exige años de residencia y una burocracia que no se resuelve en una legislatura.
Por tanto, sería prematuro concluir de forma tajante que el censo de las próximas elecciones generales vaya a estar irremediablemente condicionado.
Pero lo que sí está fuera de toda duda es la retorcida motivación política que subyace a la regularización. Este periódico advirtió desde el primer momento que el planteamiento del Real Decreto estaba pensado como una trampa para instigar la polarización.
Ha sido Ione Belarra quien lo ha explicitado, al vanagloriarse groseramente de que "llevo toda la semana recogiendo en este bote lágrimas de facha. Están rabiosos".
Si en un momento en el que el resto de Europa vira hacia políticas migratorias más restrictivas, el Gobierno español opta por la vía contraria de alentar el efecto llamada, es obvio que no lo hace por convicción, sino por rédito.
La medida está pensada para excitar la cólera en el electorado de derechas, como prueba la indignación generalizada con que han sido recibidas las provocaciones de Podemos. Y, en último término, para azuzar el crecimiento de la derecha radical.
El cínico cálculo de Moncloa reside en que cuanto más crezca la amenaza de Vox, más fácil le resulta a Sánchez erigirse en el único dique de contención. Y esta estrategia de antagonismo no se detiene en nuestras fronteras.
La entrada al trapo de Elon Musk, calificando a Montero de "genocida", tras su vídeo viral en el que aseguraba que "claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas" por inmigrantes, habrá sido a buen seguro recibida con júbilo en Moncloa.
No en vano, Sánchez no ha perdido la oportunidad de responder al magnate, y así contraponer la "humanidad" del modelo español a la política de "muros fronterizos" de los EEUU de Trump. Al vincular la regularización con las controvertidas redadas del ICE, Sánchez puede presentarse como la némesis global de la "ola reaccionaria".
El video de impacto mundial en el que Montero se apropia y alienta, paradójicamente, la teoría del gran reemplazo (la misma que la extrema derecha utiliza para agitar la demonización del inmigrante) atestigua que Podemos le está haciendo el juego a Sánchez en su estrategia de crispación.
Sobre todo, es la prueba definitiva de que la llamada "mayoría progresista" está utilizando la política migratoria como un arma arrojadiza para enfurecer a media España. Y es intolerable instrumentalizar un asunto tan serio de una forma tan mezquina e irresponsable.