España fue uno de los pocos países (7 de 38) en los que la fiscalidad subió más que los salarios reales en 2025, mermando el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los impuestos al trabajo en España no solo se encuentran entre los más altos de los países desarrollados, sino que, con la única excepción de 2020, en plena pandemia, no han parado de crecer en los últimos años, hasta representar más del 41% de los costes laborales totales, asfixiando tanto a empresas como a trabajadores.
En 2025, el peso de los impuestos (esencialmente el IRPF) y de las cotizaciones sociales que empleados y empresarios se ven obligados a desembolsar en España ascendió al 41,4% de los costes laborales totales para un empleado soltero y sin hijos, tres décimas más que en 2024 y nada menos que 6,3 puntos por encima del promedio de los países de la OCDE, que el año pasado fue del 35,1%, según el informe anual Impuestos sobre los salarios 2026 publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Si bien el análisis de la organización multilateral muestra una ligera tendencia al alza en el conjunto de la OCDE, con un incremento promedio de 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, la carga fiscal sobre los costes laborales en España más que duplicó ese ritmo de avance, con un aumento de 0,31 puntos, afianzando la llamada cuña fiscal por encima del 40% y aupando a España como el décimo país de 38 con la mayor presión tributaria sobre los salarios.
En 2024 ocupaba el duodécimo puesto en el ránking y en 2022 el decimoquinto, lo que corrobora el fuerte y rápido ascenso registrado en los últimos ejercicios, fruto en buena medida de la negativa en redondo del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF aun en los peores momentos de la crisis inflacionista.
Entre 2000 y 2025, la carga fiscal para un trabajador soltero y sin hijos ha pasado en España del 38,6% al 41,4% de los costes laborales totales; esto es, un salto cuantitativo de 2,8 puntos porcentuales que contrasta clamorosamente con la caída experimentada en el conjunto de la OCDE, donde los impuestos al trabajo han descendido en un punto porcentual.
"El incremento de la cuña fiscal tiende a lastrar los incentivos al trabajo y la contratación, al reducir el salario neto y aumentar los costes laborales para los empleadores", advirtió la OCDE a aquellos gobiernos que han optado por tensar aún más la soga tributaria sobre el mercado de trabajo, entre los que sobresale España, donde más de 41 euros de cada 100 de coste laboral se los comen los impuestos, golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias.
Y es que si bien los sueldos subieron en términos reales un 1,2% en 2025 (descontando la inflación), el tipo impositivo medio para las personas físicas se incrementó en un 1,5%, según la OCDE, lo que se traduce en que los empleados españoles no solo no ganaron poder de compra, sino que en realidad lo perdieron. De hecho, España fue uno de los pocos países (7 de 38) en los que la fiscalidad subió más que los salarios en 2025, junto a países como Reino Unido, México o Estonia.
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