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Los profesionales con bajos ingresos ahorraría 660 euros anuales si el Ministerio aplicase la Directiva europea.
La puesta en marcha de la exención de retener y declarar IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, conocida como IVA franquiciado, ahorraría de media 660 euros al año a 770.000 trabajadores por cuenta propia.
Así lo aseguran desde el gabinete de Estudios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cifrando en 508,2 millones de euros el ahorro conjunto de la medida para el colectivo, basándose en el número de profesionales que actualmente cumplen con los dos requisitos principales: por un lado, tener ingresos inferiores a 85.000 euros anuales; y, por otro, no alcanzar un volumen de IVA soportado que haga más ventajoso no aplicar el sistema, voluntario en todos los países de la Unión Europea a excepción de España.
Según sus cálculos, los trabajadores por cuenta propia ahorrarían alrededor de 300 euros al año en costes de gestión si no tuvieran que presentar declaraciones periódicas de IVA y llevar una contabilidad específica para este impuesto, cantidad a la que habría que sumar el ahorro en tiempo. "Se estima que un autónomo dedica una media de dos horas mensuales a tareas administrativas relacionadas con el IVA", señalan desde ATA. "Valorando este tiempo a un coste conservador de 15 euros cada hora, el ahorro anual sería de 360 euros".
Denuncia en Bruselas
El informe de ATA cifra en 508,2 millones de euros el ahorro conjunto del colectivo de autónomos que se beneficiarían de la medida. Sin embargo, el impacto sobre la recaudación de las arcas públicas podría alcanzar los 650 millones de euros. Un desajuste de más de 140 millones por el que fuentes de la principal organización de autónomos consideran que el Ministerio de Hacienda que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero se niega en rotundo a retomar las negociaciones.
El argumento del Ministerio para no aplicar esta parte de la Directiva es que España ya cuenta con regímenes especiales que impiden adaptar a la norma nacional el total de la Directiva europea, que en su opinión no obliga a los Estados miembros a incorporar la exención del IVA para la ventas nacionales.
Ante esta postura, ATA elevó a mediados de diciembre una queja formal ante la Comisión Europea exigiendo "la implantación en España de un régimen real de simplificación y exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento. En su opinión, la negativa del Gobierno a aplicarlo "tiene un enorme efecto sobre las actividades de los negocios y nos resta competitividad".
La realidad es que España ya es el único país de los Veintisiete que no ha puesto en marcha un sistema de IVA franquiciado para los autónomos con bajos ingresos. El límite de facturación de 85.000 euros anuales que propone la organización equipararía a España con Estados miembros como Francia, Irlanda o Italia, pero podría ser más reducido, tomando el ejemplo del resto de países, con topes de entre 78.848 euros en el caso de la República Checa y 6.713 en el caso de Dinamarca, pasando por los 25.000 de Alemania o los 15.000 euros fijados por Portugal.
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