Probablemente, el pasado martes, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad y el posterior Pleno, se pudo ver a Javier Ortega Smith como portavoz de Vox. De un Vox fracturado, con Arantxa Cabello y Martínez Vidal remando en dirección contraria, pero, aun así, cabeza visible del partido. El presidente del Pleno del Ayuntamiento, Borja Fanjul, ha comunicado, tras un acto municipal, que Ortega pasa a ser concejal no adscrito, mientras que sus compañeros Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, con procesos judiciales diferentes, permanecen a la espera de una resolución judicial.
«Ayer por la tarde recibimos el auto del juez en el que suspendía las medidas cautelares. A partir de ahí, le pediré un informe al secretario general del Pleno y, con ese informe, dictaré una resolución. Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará a ser concejal no adscrito hoy mismo», argumentaba el presidente del Pleno, de quien depende esa cuestión. Fanjul ya se enfrentó a una situación similar durante la legislatura anterior, cuando cuatro concejales de Más Madrid abandonaron la formación. Aquellos, eso sí, lograron formar un Grupo Mixto que terminaría siendo declarado ilegal por la justicia. De ahí que en esta ocasión no se contemple tal posibilidad.
Ortega ya venía vislumbrando esta realidad desde que concluyó el último Pleno, cuando dibujó algunos de los escenarios que se le podrían presentar de forma inmediata. Uno de ellos era este. «Todavía los tribunales no se han manifestado sobre la cuestión importante: si esa expulsión del partido político Vox, que es, a nuestro entender, absolutamente arbitraria e injusta y que vulnera derechos fundamentales, lo es realmente o si, por el contrario, ha sido acertada, correcta y ajustada a derecho, como dice Vox», argumentaba quien, por ahora, será el único edil no adscrito del Ayuntamiento. El acta le pertenece a él, pese a que estará sentado en el escaño sin las siglas ni los colores que le lanzaron a la política y que él mismo ayudó a fundar.
Así, Ortega ha calificado de «precipitada e imprudente» la decisión del Ayuntamiento, que siempre ha caminado con pies de plomo en esta materia. Por eso recurrirá la denegación de las cautelares ante la Audiencia Provincial de Madrid. «Tendrán que fundamentar debidamente por qué se saca a un concejal de un grupo», abundaba sobre una decisión recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No será, pues, el último capítulo antes de que concluya la legislatura.
«El fondo del asunto civil ni siquiera ha llegado a la audiencia previa ni a la vista del juicio. Es decir, todavía no puede haber una sentencia», reflexionaba Ortega, tras insistir en que su expulsión del partido es «arbitraria, injusta y vulneradora de derechos fundamentales». Además, dejaba en el aire una última cuestión: «Tomar esta decisión puede causar un perjuicio innecesario. Si me quitan de portavoz y luego, en el juicio principal, determinan que fui expulsado de manera ilegal, vulnerando derechos fundamentales, ¿qué se hace?».