José Antonio García, agente del Medio Natural. Cedida
Reportajes José Antonio, el guarda forestal que planta cara a los ganaderos que prenden fuego a Cantabria en invierno "para cobrar la PAC"Ventanas tiroteadas, amenazas y expedientes: la factura que pagan los agentes del Medio Natural de esta comunidad autónoma por alzar la voz contra los incendios.
Más información:Ola de incendios en Cantabria y Asturias: los "delincuentes del mechero" provocan más de 60 fuegos forestales en 24 horas
Ferran Barber Publicada 2 marzo 2026 01:06hA finales de diciembre, cuando medio país estaba pendiente de las luces de Navidad y las rebajas de invierno, el Boletín Oficial de Cantabria publicó un Plan Anual de Prevención de Incendios Forestales para 2026 en cuyo anexo se reconocía algo inaudito entre páginas de tecnicismos: el 97,4% de los incendios forestales registrados en esa comunidad son intencionados.
Un documento técnico del Gobierno de Cantabria —actualizado y difundido públicamente el 16 de diciembre de 2025 a través de la Red Estatal de Montes Públicos— aclaraba ya unas semanas antes que “el problema está ligado a prácticas ganaderas ancestrales” cuya principal finalidad “es evitar la matorralización del terreno y regenerar pastos principalmente situados en Montes de Utilidad Pública”.
O en otras palabras, la propia administración ha reconocido que, en Cantabria, prenderle fuego al monte es una herramienta criminal y clandestina más de algunos ganaderos que se utiliza año tras año para fabricar pastos en terreno público con la vista puesta en las ayudas de la PAC.
El asunto no es nuevo: es una castaña muy caliente que el PP ha heredado de Miguel Ángel Revilla. Otros planes anteriores ya cifraban en torno al 92% los incendios provocados por pastores y ganaderos frente a un porcentaje residual atribuido a pirómanos u otras causas.
Un bombero trabajando en los incendios forestales activos en Cantabria. 112 Cantabria
60 focos en apenas 24 horas
Esta misma semana, Cantabria ha sufrido la primera gran oleada de incendios forestales del año y el balance es delirante: al menos 60 fuegos provocados en 24 horas y hasta 40 focos activos de manera simultánea en distintos puntos de la comunidad.
A primera hora del 25 de febrero seguían activos entre 19 y 36 incendios, localizados sobre todo en municipios de las comarcas del Pas-Pisueña, Soba, Campoo-Los Valles y otras zonas de montaña.
Y mientras el viento sur empujaba lenguas de fuego en más de una treintena de laderas cántabras, el Gobierno autonómico activaba la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) y elevaba al nivel 2 el operativo de lucha contra incendios, con la movilización de 36 brigadas de bomberos forestales, 26 agentes del Medio Natural, emisoristas y personal técnico.
Al cierre de la edición, la Administración aún insistía en que el riesgo de incendios se mantiene en niveles "altos o muy altos" en toda Cantabria debido al viento sur, las altas temperaturas para la época y la baja humedad.
Permanecen activos 7 #IIFF y 14 controlados
— 112 Cantabria (@112Cantabria) February 26, 2026
A pesar de la mejoría meteorología, que ha favorecido el extraordinario trabajo del Operativo, los índices de riegos continúan siendo medios y altos@cantabriaes mantiene activo el nivel máximo de alerta del dispositivo de extinción pic.twitter.com/fnY51Hrf0z
"Delincuentes del mechero"
En todo caso, lo extraordinario aquí es que los fuegos no se han originado de forma accidental. El propio director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha calificado a sus autores como "delincuentes del mechero" y ha subrayado que todos los incendios registrados en esta oleada son provocados.
En el mismo sentido, la presidenta María José Sáenz de Buruaga ha remarcado que los 60 incendios forestales declarados han sido intencionados, reforzando así el mensaje oficial de que el problema tiene un origen humano deliberado.
A juicio de algunos miembros de la propia guardería de agentes de medio ambiente, la verdadera paradoja es que esos mismos gobiernos sucesivos que admiten que el problema es “marcadamente social” y está vinculado a prácticas ganaderas, llevan décadas mirando hacia otro lado cuando toca ponerle nombre y apellidos a quienes prenden la cerilla.
Al decir del sector más crítico del guarderío, en las comparecencias oficiales se habla, en efecto, de “factor humano” y de “aprovechamientos tradicionales”, pero casi nunca de ganaderos concretos, de expedientes sancionadores ni de acotamientos efectivos de las zonas quemadas, que la ley obliga a cerrar al pastoreo durante al menos cinco años y que, en la práctica, vuelven a repartirse como pasto.
Las evidencias empíricas de este horror medioambiental no admiten objeciones.
Un bombero trabajando en los incendios forestales activos en Cantabria. 112 Cantabria
El 15% del fuego nacional en el 1% del territorio
Cantabria apenas representa el uno por ciento del territorio español, pero, según la propia administración, suele concentrar entre el 14 y el 15 por ciento de toda la superficie quemada del país, con temporadas —como la de 2025— en las que llega a ser la provincia con más hectáreas arrasadas de España pese a que allí nunca se registran grandes incendios de verano.
Cada invierno, buena parte de las hectáreas que arden en Cantabria lo hacen dentro de Red Natura 2000 y otros espacios protegidos pensados precisamente para salvaguardar hábitats de alto valor ecológico, lo que convierte cada incendio en algo más que un simple cambio de uso de pastos: es una amputación directa del patrimonio naturalcomún.
El problema que han heredado los populares lleva años siendo denunciado desde dentro por los agentes del Medio Natural de Cantabria, a menudo a costa de enfrentarse a los mismos órganos directivos de quienes dependen.
Lo hacen casi siempre en voz baja, con comunicados sindicales, escritos internos o entrevistas anónimas, porque, según dicen, saben que romper la fila y dar la cara tiene un precio: expedientes disciplinarios, regañinas más o menos soterradas, presiones, la orden explícita de no remitir determinadas denuncias a Ganadería o a la Delegación del Gobierno.
Ola de incendios en Cantabria y Asturias: los "delincuentes del mechero" provocan más de 60 fuegos forestales en 24 horasY uno de los pocos 'valientes' que ha decidido poner nombre y rostro a esa denuncia es José Antonio García Gutiérrez, agente del Medio Natural y jefe de una comarca forestal en la zona de Reinosa, responsable de cinco términos municipales y cerca de noventa pedanías encajadas en la montaña sur cántabra.
Su día a día transcurre precisamente en esos montes de utilidad pública que los documentos oficiales señalan como escenario principal de los fuegos provocados y donde él y sus compañeros patrullan —a menudo solos, de noche, con medios precarios— intentando vigilar el territorio.
José Antonio García Gutiérrez ya ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que caminar sobre laderas ennegrecidas y brezos calcinados todavía humeantes. “No todos los ganaderos son delincuentes”, dice, “pero los incendios los producen delincuentes que se dedican a la actividad ganadera. No es difícil de entender: lo hacen para conseguir más hectáreas de pasto y cobrar la PAC”.
La Política Agraria Común o PAC es, básicamente, un sistema con el que la Unión Europea paga cada año a agricultores y ganaderos para que sigan produciendo comida y mantengan el campo en uso.
José Antonio García, agente del Medio Natural, de espaldas, Cedida
El fuego como herramienta para las ayudas europeas
No les da un cheque al azar: la mayoría de ayudas se calculan “por hectárea subvencionable”, es decir, por cada trozo de tierra que el ganadero declara como suyo (en propiedad o arrendado) y que cumple unas condiciones mínimas: que no sea puro monte cerrado, que se pueda usar como tierra agrícola o como pasto, y que allí haya actividad real.
A eso se suman pagos ligados a que las vacas, ovejas o cabras estén pastando de verdad en esas hectáreas durante un número mínimo de días al año.
O blanco sobre negro: un ganadero cobra más cuantas más hectáreas de pasto tenga en los papeles y cuantas más reses pueda justificar pastando allí. Si solo tiene unas pocas fincas privadas y un montón de animales, el cuello de botella son las hectáreas: necesita superficie para “colocar” sus vacas en la solicitud de ayudas.
Y ahí entra el monte comunal. Si está lleno de brezo y tojo alto, el sistema lo ve como forestal o matorral y no como pasto; si se quema, reverdece, se mete el ganado y no se acota, al cabo de un tiempo empieza a funcionar como pasto “de hecho” y puede acabar declarado como hectárea subvencionable.
Un bombero trabajando en los incendios forestales activos en Cantabria. 112 Cantabria
Tal y como dice José Antonio García, la tierra quemada debería quedar años fuera de la PAC, pero cuando la Administración no cierra esos montes ni vigila cómo se declaran, el fuego se convierte en una forma brutal de ampliar gratis el número de hectáreas con las que un puñado de explotaciones engorda sus ayudas.
Esa es justamente la razón por la que el fuego allá no espera al verano. Entre diciembre y abril, cuando los valles cántabros se llenan de niebla y sopla el sur, se concentra alrededor del 80% de los incendios forestales. Febrero, marzo y abril se llevan la peor parte, con más del 70% de los fuegos y casi las tres cuartas partes del terreno arrasado.
Esta coreografía se repite casi ritualmente mientras el resto del país mira a Galicia o a los pinares mediterráneos como si el problema fuera solo cosa de veranos secos y olas de calor.
“Llevo muchos años repitiéndolo”, prosigue el agente. “Me he cansado de ver la misma escena: explotaciones con muchas reses y poca tierra privada que miran hacia el monte público como una reserva potencial de hectáreas. Si la cuenta no sale —demasiadas cabezas para tan poca superficie—, el fuego entra en la ecuación”.
Bomberos trabajando en los incendios forestales activos en Cantabria. 112 Cantabria
A veces es un mecherazo directo, una llama rápida en el herbazal seco de una pista o en un cordón de matorral que, con viento sur, se convierte en un frente difícil de contener antes de que lleguen los medios terrestres. Otras son mechas improvisadas, sistemas que permiten al criminal alejarse del lugar sin levantar sospechas: botellas con gasoil o trozos de tela con algún arcaico mecanismo retardante.
“Nos hemos encontrado varios frentes abiertos a la vez, incluso mientras estábamos vigilando”, asegura García. En ese paisaje escalonado —herbáceas, matorral, arbolado— el fuego suele empezar en la franja intermedia, el monte bajo que los ganaderos consideran “sucio” y los técnicos describen como combustible continuo.
En los informes administrativos, ese bucle aparece descrito como “alta recurrencia de incendios” o “zonas de especial conflictividad”, términos neutros que evitan entrar en la relación entre llamas, expedientes y subvenciones.
La distancia entre lo que los planes prometen y lo que él tiene en las manos se mide, sobre todo, en medios.
Los agricultores y ganaderos de ocho pueblos de Castilla-La Mancha recibirán ayudas por los daños de los incendiosLa precariedad del operativo
“Carecemos de recursos humanos, tanto en las plantillas de bomberos como de agentes”, sostiene. “No podemos hacer frente a las necesidades del servicio, y eso está comunicado a los órganos directivos por escrito y de palabra. Tenemos turnos sin cubrir y somos incapaces de responder apropiadamente a las calamidades públicas ni menos todavía desarrollar funciones policiales”.
Y luego están los medios materiales, que, a su juicio, parecen procedentes de un museo del funcionariado. “Nos faltan recursos aéreos y camiones de bomberos”, enumera. Los equipos de protección individual tampoco pasan el corte: “Los cascos, la linterna, las gafas y la mascarilla… no podemos hacer un conjunto de todo ello porque cada aparato está comprado en un sitio distinto y no lo podemos agrupar”.
Las comunicaciones, añade, siguen ancladas en otra época: “Vienen heredadas del extinto ICONA, de los años setenta. El 112 intenta dotarnos de unos medios digitales modernos y nuestros órganos directivos no acaban de hacerlo funcionar. Nos encontramos con unos sistemas de comunicación obsoletos”.
Y remata con un ejemplo que condensa la chapuza: “Por ponerte un ejemplo, nos dieron unos vehículos con prioritarios azules pero no los dotaron de acústicas y son un peligro en la carretera”.
José Antonio García, agente del Medio Natural. Cedida
Respondiendo a las críticas y las presiones de la oposición y las organizaciones ecologistas y sindicales, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ha subrayado esta semana que el operativo regional de prevención y lucha contra incendios será una "prioridad absoluta" para la legislatura.
Y a remolque, ha anunciado que invertirá 26,3 millones de euros en 2026 para la lucha contra los incendios forestales.
De esa partida, 1,3 millones irán a la nueva nave forestal del polígono industrial Alto Asón en Ramales de la Victoria —con ejecución a cargo de Tragsa y plazo de 12 meses—, que dará servicio a dos brigadas de 14 bomberos y 11 agentes del Medio Natural.
El Gobierno prepara ya otras dos naves similares en Campoo-Los Valles y Pas-Pisueña, mientras adjudica por más de 8 millones la compra de 157 vehículos 4x4 para renovar la flota de un operativo que suma más de 400 efectivos.
Bomberos trabajando en los incendios forestales de Cantabria. 112 Cantabria
El precio de hablar con los medios
Por otro lado, mientras Buruaga insiste en que “todo esfuerzo es poco” para preservar los bosques, Ecologistas en Acción ha denunciado una caída del 50% en la inversión forestal desde 2005, con partidas “testimoniales” para restaurar el monte quemado y proteger los espacios de especial interés.
Esa supuesta precariedad que ha denunciado el guarderío tiene consecuencias prácticas cuando se cruza con la letra de la ley. “Antes solo investigábamos la causalidad”, explica José Antonio, “pero ahora, de acuerdo a la legislación, deberíamos investigar igualmente la autoría”.
Sobre el papel, eso significa que cada incendio debería abrir una línea de trabajo para tratar de identificar a quien prende fuego, levantar atestados, seguir indicios. A la postre, dice, eso es casi ciencia ficción.
“A ver, no hay nadie que te diga directamente sí o no a las cosas”, asegura. “Pero si tiramos para delante y somos capaces de llevar a efecto una investigación y llevarla ante un juzgado, nos podemos encontrar con represalias tardías”.
Incendio forestal Cantabria. Juanma Serrano Europa Press
A él mismo le abrieron un expediente. “Se me acusa de infracciones leves por no contestar una llamada de teléfono, algo que yo vinculo a represalias y, sobre todo, a una especie de castigo por hablar abiertamente con los medios. Los órganos directivos están más centrados en abrirnos expedientes que en afrontar los problemas”.
El veterano guarda tiene ya tres décadas de servicio a la espalda y una comarca entera en la cabeza: cinco términos municipales, cerca de noventa pedanías, pueblos mínimos que se encaraman a las laderas del sur de Cantabria como si el invierno pudiera barrerlos de un soplido.
“Campo de Suso, Campo de Enmedio, Campo de Yuso, Razas de Valdearroyo, Reinosa”: los recita de memoria, como un rosario de nombres enlazados por pistas forestales y vaguadas anegadas por la bruma.
Claro que en su cuaderno mental pesan menos los topónimos que las apabullantes cifras de lo que a su pesar está ocurriendo: una Cantabria de medio millón de hectáreas, algo más de seiscientos mil habitantes y uno de los porcentajes más altos de montes de utilidad pública del país, donde solo el año pasado se quemó una superficie equivalente a algo más de 11.500 campos de fútbol reglamentarios.
Es como arrasar una superficie mayor al doble de todo el municipio de Santander cuya extensión es de unas 3.600 hectáreas. Y durante muchos años, José Antonio ha sido uno de los mascarones de proa del colectivo de funcionarios que está tratando de impedir que esa comunidad continúe ardiendo.
🔥 Mejora la situación de los incendios
— RTVE Cantabria (@RTVECantabria) February 26, 2026
7 permanecen activos y 14 controlados.
A pesar de la mejoría meteorología, que ha favorecido la labor del Operativo, los índices de riegos continúan siendo medios y altos por lo que semantiene el nivel máximo de alerta.
📹@112Cantabriapic.twitter.com/rDbh1oHtSM
Amenazas, disparos y coches oficiales incendiados
Esa doble condición de técnico de campo —jefe de una comarca forestal con la geografía grabada en la suela de las botas— y portavoz incómodo de un colectivo que pide ser tratado como verdadera policía ambiental explica tanto el respeto que despierta entre muchos compañeros como las resistencias, más o menos explícitas, que encuentra en determinadas oficinas.
En oficinas, y también entre algunos de esos ganaderos que lo ven llegar por la pista como la encarnación misma del parte, la multa y el informe que puede dejarles sin ayudas.
“Con los ganaderos hemos tenido muchísimas enganchadas”, admite. “Hasta el punto de llegar a agresiones, amenazas y todo”.
Cantabria, un 'polvorín' con 150 fuegos en menos de un mes: “No está claro si es incendio o quema prescrita”Y no habla solo de un mal gesto en un camino, sino de disparos “con escopeta por la noche a las ventanas de la casa donde dormían los hijos del guarda”, de coches oficiales incendiados “en Cantabria y el norte de Burgos”, de saludos que empiezan directamente con un “me cago en Dios” o un “voy a por la pala de pinchos”.
La violencia contra los agentes no es un fenómeno anclado en la excepción sino una atmósfera enquistada en las relaciones casi tóxicas con cierto sector del mundo ganadero, no solo en Cantabria, sino en el resto del país.
“No hacen más que insultarnos, agredirnos y hasta matarnos”, apunta en referencia a la muerte reciente de dos compañeros en Lleida, abatidos a tiros mientras trabajaban en el campo. Ese asesinato, ocurrido a cientos de kilómetros, es una especie de confirmación sombría de una especie de aliento funesto que lleva años percibiendo en su propia nuca.
Y lo que está en juego no son solo cuatro brozas sin valor ecológico, sino hábitats completos, suelos que tardan décadas en recuperarse, corredores de fauna y paisajes que forman parte de la Red Natura 2000 y de la memoria sentimental de la región.
Bomberos en un incendio forestal de Cantabria. 112 Cantabria
“En mi comarca hay de todo”, explica. “Tiene cinco términos municipales y ochenta montes de utilidad pública; tiene parque natural, reserva de aves, lugares de interés comunitario, zonas de especial protección para las aves y de especial protección comunitaria”.
Casi el 80% del territorio que él lleva está protegido “de una u otra forma, lo que explica que todos los incendios se produzcan en algún espacio de valor medioambiental”.
José Antonio recorre ese tablero como un guardián de un patrimonio que, en teoría, pertenece a todos, pero que en la práctica se decide muchas noches al filo de una pista, a la luz de un mechero.
“El monte no es solo pastoreo”, insiste. “Tiene un valor educativo, un valor para la sociedad de excursión, de disfrute, y esta otra parte no tiene por qué entorpecerse”.
Los rastreadores de pirómanos: "A veces sabes quiénes son, pero no lo puedes demostrar"El peso político del sector primario
Entre quienes ven en esas siglas europeas un refugio de biodiversidad y quienes las sienten como un obstáculo para meter más vacas, él camina sobre el borde, con la sensación de que cada hectárea que se quema es una derrota doble: del paisaje que protege y de la administración que dice protegerlo.
¿Sucede esto en el resto del país? “En Cataluña, por ejemplo, nuestros compañeros hacen atestados de todos los incendios y todos van al juzgado, con autor o sin autor”, dice. “Y consiguen más y mejores resultados”.
No es solo una cuestión de cultura jurídica, sino de mandato político: allí, dice, el incendio se convierte automáticamente en asunto judicial, aunque no se haya pillado a nadie con el mechero en la mano, mientras que en Cantabria muchos fuegos mueren en la estadística interna, sin que nadie abra un expediente penal de verdad.
“Aquí no quieren hacer frente al problema porque el sector ganadero es muy fuerte”, sostiene.
Incendio forestal en Cantabria. Nacho Cubero Europa Press
Para García, los incendios, los daños de fauna y la PAC forman parte del mismo triángulo: un monte público sobreexplotado, una administración que no quiere perder el favor del campo y una minoría de propietarios de ganado dispuestos a empujar los límites —del fuego, del lobo, de la ley— hasta donde les dejen.
“Eso no significa que no haya ganaderos buenos y chicos que son muy razonables y entienden que el monte no es solo del pastoreo”, precisa. “No se trata de expulsar al ganado de la montaña, sino de asumir que esa no es la única función posible de un paisaje protegido”.
Al mismo tiempo, cada vez que una ONG plantea vetar las superficies quemadas o endurecer el acotamiento del pastoreo, las organizaciones agrarias reaccionan con comunicados encendidos, hablan de “hipocresía”, de “criminalización” del campo y se reivindican como “verdaderos jardineros del medio rural” mientras despliegan músculo en las tractoradas contra la rebaja de la PAC o la gestión del lobo.
Los ganaderos quieren que su gobierno tenga claro hasta qué punto Cantabria depende políticamente del sector primario que ellos representan y atribuyen la proliferación de fuegos a la falta de limpieza de los montes y al "exceso de combustible" vegetal.
- Cantabria
- Incendios forestales
- Incendios
- UME Unidad Militar de Emergencias
- Bomberos
- Ganadería
- Bomberos forestales