Julio Iglesias, en una imagen de archivo. Gtres
Tribunales Julio Iglesias, protegido por la falta de tratado de extradición con Bahamas: la Fiscalía citará a las denunciantes como testigosEl Ministerio Público ha otorgado a ambas mujeres, latinoamericanas, el estatus de testigos protegidas y las interrogará próximamente.
Más información:La Fiscalía otorga a las denunciantes de Julio Iglesias el estatus de testigos protegidas y las cita a declarar
Javier Corbacho Publicada 15 enero 2026 02:49hLas claves nuevo Generado con IA
Julio Iglesias está protegido de una posible extradición a España debido a la ausencia de tratado de extradición entre España y Bahamas, donde reside.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga denuncias de dos extrabajadoras del cantante por supuestos delitos de agresión sexual, acoso, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
Las denunciantes han sido citadas a declarar como testigos protegidas y se han solicitado medidas para garantizar su seguridad e intimidad.
La jurisdicción española puede investigar delitos cometidos por españoles en el extranjero, especialmente en casos relacionados con la violencia de género, según el Convenio de Estambul.
España no tiene firmado ningún tratado de extradición con Bahamas, donde Julio Iglesias posee una residencia y donde habría sucedido al menos una de las agresiones sexuales de las que está siendo acusado por dos de sus extrabajadoras.
Esta circunstancia protegería al cantante si la Audiencia Nacional, en un futuro, abre una causa penal en su contra.
De ser así, la Justicia española vería frustrada una hipotética petición de entrega del artista si éste opta por residir en el archipiélago, famoso por sus más de 700 islas. Para eso, si es que algún día sucede, aún falta tiempo.
Por el momento, tal y como trascendió este martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos exempleadas de Iglesias, que le acusan de supuestos delitos de agresión sexual, acoso sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
La teniente fiscal Marta Durántez ya ha citado a declarar a ambas mujeres, antiguas trabajadoras del servicio doméstico del artista. Se desconoce si será de forma presencial o a través de una videoconferencia, dado que son latinoamericanas y ninguna reside en España.
La Fiscalía otorga a las denunciantes de Julio Iglesias el estatus de testigos protegidas y las cita a declararAsí lo dio a conocer este miércoles, en una rueda de prensa, Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women's Link Legal, la oenegé feminista que asiste legalmente a ambas denunciantes. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional les ha otorgado el estatus de testigos protegidas.
El pasado 5 de enero, las dos extrabajadoras presentaron sendas denuncias contra el famoso intérprete, al que acusan de, entre otros hechos, actitudes de control personal y profesional y de agredirlas sexualmente durante el año 2021.
Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras abrir una investigación reservada, recabará el testimonio de ambas mujeres, a las que Women's Link Legal se refiere con los nombres ficticios de Rebeca y Laura.
Tras culminar su investigación —denominada, técnicamente, como diligencias preprocesales—, la Fiscalía tendrá dos opciones: o archivarla o, por el contrario, presentar una querella contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
De ser así, sería un juez el que decida si rechaza la querella o, por contra, la admite a trámite y abra una investigación penal contra el intérprete.
Según la ley, la Audiencia Nacional es el competente para investigar los supuestos delitos cometidos por ciudadanos españoles en territorio extranjero, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Durante la rueda de prensa de este miércoles, la directora ejecutiva de Women's Link Legal subrayó la "diametralmente distinta capacidad económica y de influencia" de Iglesias y de sus denunciantes.
Por ello, desveló que la denuncia presentada contra el artista solicitaba varias "medidas de protección".
Entre ellas, "que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares y los sospechosos; que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes" y el de "impedir información que pueda facilitar su identificación".
También se reclamó "evitar la revictimización de las trabajadoras que actualmente sigan empleadas" por Iglesias.
Fuera de España
Durante la rueda de prensa, Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women's Link, manifestó que la "nacionalidad española del presunto autor [de los delitos]" y la vigencia del Convenio de Estambul "justifican que sea la jurisdicción española la que investigue los hechos".
El principio de extraterritorialidad permite a la Audiencia Nacional investigar supuestos delitos cometidos por españoles en el extranjero.
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) encomienda a la jurisdicción española la investigación de "los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional", siempre que responsables sean españoles.
Y el artículo 65 e) de la misma norma atribuye a la Audiencia Nacional los "delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando, conforme a las leyes o a los tratados, corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".
Carolina, otra exempleada de Julio Iglesias, revela que le "imponían" hacerse ecografías pélvicas y pruebas de VIHPero ojo: para ello, deben concurrir ciertos requisitos. En el caso del delito de trata de seres humanos, "que el procedimiento se dirija contra un español".
Ahora bien, el 23.2 de la LOPJ alude a "delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que el procedimiento se dirija contra un español".
No obstante, esta misma ley recoge la competencia de la Justicia española en el caso de los delitos regulados en el llamado Convenio de Estambul, siempre que el procedimiento se dirija contra un español.
Este convenio, fechado en 2011, mismo año en el que España lo firmó, se orienta a la "prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica". Incluye, por tanto, los delitos sexuales (agresión, acoso...).
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