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Polígono industrial en la provincia de Sevilla. J.L.P. Junta y Gobierno acuerdan negociar para evitar que la Ley de Espacios Productivos acabe en el Constitucional·
La discrepancia estriba en las posibles encomiendas de gestión mediante convenios de colaboración con colegios profesionales para el desarrollo de actividades de carácter técnico y material en estos polígonosSevilla
Lunes, 20 de abril 2026, 20:05
... Espacios Productivos de Andalucía aprobada justo antes de finalizar la legislatura con el objetivo de llegar a una salida consensuada sobre las discrepancias entre ambas administraciones relativas a uno de sus artículos.En concreto, este artículo de la ley andaluza contempla las «posible formalización de encomiendas de gestión mediante convenios de colaboración con colegios profesionales para la realización de actividades de carácter material o técnico». La norma andaluza concibe esta encomienda como un instrumento de colaboración pública por parte del Gobierno andaluz.
Para evitar que esta discrepancia acabe en el TC, ambas administraciones han apostado por iniciar las citadas negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo para la modificación de la norma en este apartado.
El arranque de este proceso negociador ha sido acordado en el seno de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía, según se publica hoy tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El acuerdo para iniciar este diálogo está respaldado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, como así recoge la publicación en BOE y BOJA.
La Ley de Espacios Productivos de Andalucía fue aprobada el pasado 2 de diciembre de 2025 por el Pleno del Parlamento andaluz con el único apoyo del PP, grupo mayoritario en la Cámara, mientras que el resto de las formaciones políticas, tanto PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía votaron en contra. El objetivo de la norma es impulsar la mejora y desarrollo de los 2.300 polígonos industriales que hay en Andalucía en los que desarrollan su actividad 35.000 empresas y 40.000 establecimientos,
La citada Subcomisión en la que se desarrollará la negociación ha decidido ambién designar un grupo de trabajo para estudiar las posibles vías para lograr el acuerdo y proponer así la solución que proceda con el beneplácito de ambas partes.
Este órgano ha acordado también comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
El artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, establece que el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas podrán interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley.
Establece además que en relación a estos casos y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan una serie de requisitos, siendo el primero de ellos una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de ambas administraciones.
En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se puede adoptar un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, a la modificación del texto normativo. El eventual acuerdo tendrá que ser puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los citados órganos dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, además de publicarse en los boletines oficiales del Estado y la Comunidad Autónoma correspondiente.
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