El Gobierno está centrado en imponer la nueva financiación por la vía exprés a las autonomías, a pesar de la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Pero a Pedro Sánchez no se le escapa que existe otro factor determinante para que el nuevo modelo pueda ver la luz: conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar las imperiosas reformas legislativas que deberán acompañarlo para que sea aplicable.
Y ese segundo obstáculo es, hoy por hoy, bien difícil de salvar, por la negativa de Junts a avalar una propuesta que no alcanza el estatus de concierto económico y que, según sus cálculos, no reportará a Cataluña los beneficios anunciados por el presidente del Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que sellaron los términos del modelo de financiación en enero en La Moncloa.
Sánchez y el republicano vienen defendiendo desde entonces que Cataluña recibirá 4.700 millones extra al haberse pactado el principio de ordinalidad, que la convertirá en la tercera comunidad en recibir más fondos del Estado por ser, también, la tercera que más aporta. A ese argumento se agarran el presidente del Gobierno, el de ERC y el de la Generalitat, Salvador Illa, para presionar a Junts y exigirle su voto favorable en la Cámara Baja a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), sin la que la nueva distribución de recursos sería inaplicable, al tener que redefinirse las reglas del juego de la repartición.
Pero los neoconvergentes se sitúan en el «no» a la financiación autonómica de Sánchez, Illa y Junqueras. Lo hacen porque aducen que «no es un nuevo modelo», si no una suerte de actualización del antiguo que, además, no reportará a Cataluña las cifras expuestas por sus promotores. Fuentes de la dirección de Junts rebaten a EL MUNDO que «de los 21.000 millones extra que con esta financiación se repartirán a las CCAA, los catalanes tenemos que poner 4.500. Y que, por tanto, «no supone unos ingresos extraordinarios de 4.700 millones para Cataluña; suponen 200».
«Por dignidad, basta», añaden las mismas fuentes del partido que dirige Carles Puigdemont, que también sacan a colación su cálculo del «déficit fiscal» para argumentar su oposición a la propuesta de financiación actual: «Cada año se pierden en Madrid 28.000 millones».
«¿Hay mayoría en Cataluña para que tengamos la llave de la caja? ¿Cuál es el problema? ¿Que Illa no se atreve a ir a Madrid con esta mayoría y enfrentarse a su partido por Cataluña?», reflexionan las mismas voces de Junts, en alusión implícita a su voluntad de pelear por la concesión de un concierto a la vasca para la autonomía catalana.
De hecho, gusta recordar a los de Puigdemont cómo en agosto de 2024 la entonces líder en funciones de ERC, Marta Rovira, aseguró que habían intercambiado la investidura de Illa por un «concierto económico»; que los republicanos hablaban de «soberanía fiscal» y que también aludían constantemente a la pretensión de hacerse con la «llave de la caja».
También subrayan en Junts que ese supuesto botín se fue devaluando hasta acabar desembocando en el modelo acordado por Sánchez y Junqueras, tras recuperar éste la presidencia de la formación independentista. Y que, por tanto, no es lógico que ahora exijan a Junts tragar con una financiación aguada e insuficiente, según su punto de vista.
Ante este escenario, la intención de Illa y Junqueras es la siguiente: respaldar la maniobra de imposición de la nueva financiación que el Gobierno está ejecutando con a las CCAA mientras apelan a la «responsabilidad» de Junts para que Cataluña no pierda esos ya célebres 4.700 millones, que fijan como indispensables para el correcto funcionamiento de unos servicios públicos tensionados por el crecimiento de la población.
«Desde aquí, al menos, no nos entorpezcamos», manifestó el lunes Illa. «Estemos todos donde debemos estar y espero que no empiece a haber dudas por parte de nuestra casa», abundó en referencia a Junts. «Que se dejen de peleas, que se dejen de reproches y de amenazas, y que piensen en Cataluña, y en las familias de nuestro país», sumó Junqueras, para después tildar de «estéril» la «batalla de los partidos políticos dentro de casa», en un mensaje muy similar a usado por Illa.
ERC afronta unos meses decisivos para sus intereses. Después de aprobar los Presupuestos de Illa -lo que generó un importante malestar interno en la formación-, los republicanos esperan obtener varias recompensas. La primera es ver definitivamente aprobada la quita de 17.104 millones que acordó con el Gobierno y que Junts sí parece dispuesto a respaldar. Y la segunda es sacar adelante la financiación autonómica.
Sería especialmente importante conseguirlo porque, según fuentes de la formación de Junqueras, no existen avances con la cesión del IRPF a la Generalitat, otro de los objetivos prioritarios que ERC se había marcado, pues figuraba en el pacto de investidura con Illa y llegó a ser reclamado al president a cambio de su apoyo a los Presupuestos catalanes, aunque, finalmente, esa condición decayó por la negativa de Hacienda a satisfacerla.