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José Luis Ábalos y Koldo García en la vista de cuestiones previas en el Supremo R.C. Koldo y Ábalos unen sus destinos: el exasesor pide preparar el juicio en la cárcel con el exministroEl Supremo se inclina por rechazar la reclamación del exasesor de retransmitir en directo la vista y la solicitud de impedir que Armengol y Torres declaren por escrito
Martes, 31 de marzo 2026, 11:08 | Actualizado 11:40h.
primera vista oral contra la trama corrupta que salpica al Gobierno ... y al PSOE y que llevará al banquillo, a partir del próximo 7 de abril, a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, con el fin de preparar el juicio. Según el documento registrado, el objetivo es que los acusados puedan reunirse junto a sus abogados en una sala «sin barreras físicas», utilizando dispositivos informáticos para analizar la «ingente documentación que les afecta de forma común».El equipo jurídico del exasesor denuncia que, aunque la Sala autorizó el uso de los medios necesarios para preparar la vista oral, la prisión ha venido denegando estas peticiones de «forma sistemática». La letrada sostiene que resulta «imposible» articular una «defensa eficaz» a través de los canales ordinarios de locutorios con mampara, dada la complejidad de una causa que involucra miles de folios y archivos digitales.
En el texto remitido al tribunal, De la Hoz no oculta que el exdiputado y su antigua mano derecha han alineado sus estrategias e, incluso, reconoce que existe un «acuerdo total y explícito» con el nuevo abogado de Ábalos —el tercero—, Marino Turiel, para trabajar de forma coordinada. Insiste en la «necesidad imperiosa de una defensa conjunta» para poder «contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos». Este movimiento procesal refuerza la sintonía exhibida por el exministro y su antiguo asesor desde la audiencia preliminar de febrero, donde sus defensas ya actuaron al unísono.
Sin directo
Sin embargo, este frente común se topará desde el inicio de la vista con uno de los escollos que más temían: que sus argumentos no puedan ser conocidos en directo y sin cortes por la ciudadanía. Según las fuentes consultadas por este periódico, la Sala de lo Penal prevé rechazar la petición de García para que el juicio sea retransmitido íntegramente en directo.
Pese a que la defensa sostenía que el conocimiento directo de las pruebas por parte de la opinión pública «contribuye a la salud democrática» y permitiría restaurar el «buen nombre» de su representado ante la «exposición mediática sin precedentes» sufrida, el tribunal se inclina por no seguir el precedente del juicio del «procés». Las mismas fuentes apuntan a que el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, considera que la retransmisión podría exponer en exceso al resto de investigados, garantizándose la publicidad de la vista mediante la presencia de público y prensa.
En paralelo, el equipo jurídico del exasesor ha presentado un recurso para revocar la decisión de permitir que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declaren por escrito. Ambos han sido citados para aclarar los contratos firmados con la empresa Soluciones de Gestión durante su etapa al frente de los gobiernos de Baleares y Canarias. La abogada «discrepa radicalmente de que ambos cargos públicos testifiquen a través de un frío papel», al considerar que esta modalidad impide «valorar su espontaneidad, su lenguaje no verbal y sus posibles evasivas».
El documento enfatiza que la presencia física de Armengol y Torres es clave para «desvirtuar que existiera una orden, imposición o recomendación vinculante» por parte de García en la adjudicación de los contratos. El investigado sostiene que es necesario acreditar ante el tribunal que la elección de los proveedores fue puramente «técnica» y no fruto de una «intermediación privilegiada» o una «trama de influencias», como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. A su juicio, limitar estas testificales a un informe escrito supone que el alto tribunal «asume un relato de estanqueidad que cercena» el derecho del acusado a «desmontar el núcleo de la acusación».
Ante la posibilidad de que se mantenga la declaración por escrito de los altos cargos, la defensa ha solicitado, de forma subsidiaria, un nuevo plazo extraordinario para formular las preguntas. Según expone el recurso, no se enviaron previamente al considerar que la formulación anticipada obligaría a «revelar prematuramente su estrategia procesal, permitiendo a los testigos preparar sus respuestas».
El juicio, que constará de 13 sesiones y contará con más de 70 testigos, supondrá el primer gran examen judicial a la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia, mientras otras ramificaciones del caso continúan su curso en la Audiencia Nacional.
En el banquillo se sentarán, junto a Ábalos y García, el empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama. Las peticiones de pena son elevadas: la Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Por el contrario, para Aldama se piden siete años tras su confesión. La acusación sostiene que los implicados se concertaron para obtener beneficios económicos en la contratación pública de material sanitario, aprovechando la posición de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE.
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