La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido abrir una investigación de oficio contra el Ministerio del Interior tras desvelar El Confidencial la existencia de un informe elaborado por su oficina de comunicación con una relación de periodistas y tertulianos españoles junto a su adscripción política.
Según fuentes del organismo que dirige Lorenzo Cotino, el objetivo de la investigación será analizar "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales", pero "sin que el inicio de estas actuaciones prejuzgue la existencia de una infracción", según matiza la AEPD en una nota informativa.
Fuentes de la AEPD aclaran que la investigación se inicia ante la posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), si bien en el inicio del procedimiento "la Agencia no puede determinar si hay algún tipo de infracción". Ahora bien, las fuentes consultadas señalan que, para cumplir la legalidad, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska tendría que haber recabado el consentimiento de los periodistas para el tratamiento de sus datos, cosa que evidentemente no se hizo.
En todo caso, se recuerda que "todo tratamiento de datos personales debe cumplir con los requisitos del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -entre ellos el principio de limitación de la finalidad- y del artículo 6 -existencia de una base de licitud-".
De hecho, las mismas fuentes señalan que, cuando se trata de datos de "categorías especiales", como serían la ideología y las opiniones políticas, "ha de existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD".
Las fuentes expertas consultadas afirman que "la creación de listas ideológicas de periodistas por una autoridad pública resulta difícilmente conciliable con los principios de neutralidad institucional, pluralismo, libertad de prensa y protección reforzada de los datos relativos a opiniones políticas". Es más, apuntan a la gravedad de que el informe haya emanado precisamente del Ministerio del Interior, precisamente por sus competencias en materia de seguridad. "Una clasificación ideológica de periodistas por parte de Interior puede producir una percepción especialmente intensa de control o vigilancia", según estas fuentes.
Se da la circunstancia de que el propio Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, y que llegó a la Presidencia de la AEPD tras tumbar el Tribunal Supremo el primer proceso de selección organizado por el Gobierno, participó en una iniciativa dirigida al Defensor del Pueblo que buscaba promover un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Precisamente la que permitía a los partidos políticos recopilar datos sobre opiniones políticas de la ciudadanía en internet, lo cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.