Imagen de los bosques inundables del río Nanay en la Amazonía Peruana. iStock
Historias La amazonía peruana en peligro: así cercan la minería y el gas a sus ecosistemas y las comunidades indígenasEstas actividades son culpables de la devastación de la biomasa forestal, la contaminación de los ríos y el daño generado a estos entornos.
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Inés Sánchez-Manjavacas Castaño Publicada 22 abril 2026 07:30hPerú es el cuarto país con mayor cantidad de los minerales requeridos para la transición energética, lo que lo convierte en uno de los principales focos del sector. Para quienes hacen dinero con ello, es una buena noticia, para los indígenas que habitan las zonas donde se halla esta materia prima, no tanto.
La minería se está intensificando cada vez más en la Amazonía peruana, cercando a sus habitantes. El 73% de los recursos y las reservas minerales están localizadas dentro o cerca de territorios indígenas, denuncia Marco Gordillo, coordinador del departamento de Alianzas e Incidencia de Manos Unidas.
Una actividad que, además, se realiza "sin respeto", lamenta Yolanda Flores, líder de la tribu aimara en Puno (al sur del país). No se trata solo de una expresión simbólica, sino que tiene implicaciones en el día a día de comunidades como la suya o los quechuas.
Así es la ciudad gigante del Amazonas que reaparece después de 2.000 años 'perdida' en la selvaSe traduce, en primer lugar, en la escasa o nula consulta previa a las comunidades antes de iniciar la concesión de sus territorios a proyectos extractivos. "Algo que vulnera el derecho a participar en decisiones que afectan directamente a nuestro territorio y forma de vida".
Gordillo señala que el extractivismo y la minería ilegal "son un factor de destrucción del ecosistema amazónico", conforme se van extendiendo y profundizando. Principalmente, son culpables de la devastación de la biomasa forestal, la contaminación de los ríos y el daño generado a estos entornos, resume.
Además hay que tener en cuenta el impacto directo en muchas comunidades amazónicas, que pierden seguridad alimentaria, acceso a agua limpia, y la pérdida de sus medios de vida tradicionales.
En ese sentido, Flores, que también es miembro de DHUMA-Puno Derechos Humanos y Medio Ambiente, asegura que los pueblos indígenas, como el suyo, viven estrechamente vinculados a la tierra. "Territorio, cultura e identidad forman una unidad inseparable".
Cuando se invaden las zonas en las que habitan para extraer los minerales se acaban debilitando las prácticas cotidianas que sostienen la cultura. Actividades como la agricultura tradicional, el pastoreo o el uso de plantas medicinales dependen directamente del equilibrio del entorno.
Si el agua se contamina o el suelo pierde fertilidad, estas prácticas desaparecen o se vuelven inviables. No solo mueren ellas, "también se pierden conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación", advierte la líder aimara.
Desprotección estatal
Ante esta situación, Gordillo señala la necesidad de un marco normativo que regule la minería y la extractividad. Sin él, "el riesgo para la vida de las personas que defienden el medio ambiente y los derechos en sus comunidades, es cada día mayor".
El peligro no existe solo en cuanto a las consecuencias ecológicas. Según el informe Global Witness 2025, se documentaron 146 asesinatos o desapariciones de defensores ambientales en todo el mundo en 2024. El 82% ocurrieron en Latinoamérica, destaca.
Sin embargo, la intención de los dirigentes peruanos va en dirección contraria. Actualmente, están en proceso legislativo dos proyectos de ley que ponen en riesgo a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas.
El primero permitiría la minería y a la extracción de gas y petróleo en todas Áreas Protegidas de Perú. El segundo abriría una enorme zona de la Amazonía peruana a proyectos de extracción de gas.
Por otra parte, Gordillo recuerda que el Congreso peruano ha rechazado en dos ocasiones el Acuerdo de Escazú de 2018, argumentando una pérdida de soberanía del Estado sobre la Amazonía peruana.
El tratado, el primero por el medio ambiente de ámbito latinoamericano, compromete a los Estados a reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. "Esto incluye tomar medidas apropiadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra ellos", dice el portavoz de la ONG.
Perú y las venas abiertas de oro y mercurio que están destruyendo el AmazonasSin embargo, Gordillo reconoce en este tipo de medidas "una tendencia que se está dando con particular intensidad en diferentes países latinoamericanos". De hecho, compara estas decisiones con la reciente reforma de la Ley de glaciares aprobada en Argentina.
Hechos que siguen situando al sur de América como "una gran expendedora de recursos naturales, disponibles para ser extraídos, procesados y vendidos al mejor postor", se queja el portavoz de Manos Unidas.
En el caso del Perú, especifica, la minería supone el 10% de su PIB nacional, y representa el 60% de sus exportaciones. Por lo que se ha convertido en la columna vertebral de su economía.
Si siguen avanzando las reformas legislativas y el sector minero, las consecuencias serían inmediatas en la Amazonía peruana, teme Flores. Provocaría la degradación acelerada de la biodiversidad, con deforestación, contaminación de ríos y pérdida de hábitats que sostienen especies y ecosistemas únicos.
Asimismo, afectaría directamente la soberanía de los pueblos indígenas, alerta la líder aimara. "Implicaría la invasión de nuestros territorios, el riesgo de desplazamiento y la imposición de decisiones sin consentimiento", hechos que debilitaría su autonomía y forma de vida, concluye.
Por otro lado, en 2025 el congreso peruano aprobó la reforma de la APCI (la Agencia Peruana de Cooperación Internacional), recuerda Gordillo.
Una medida para prohibir a toda agencia de cooperación internacional financiar cualquier actividad en el país, relacionada con derechos humanos y ambientales, que lleven a demandar al propio Estado peruano. Normativa que limita mucho el trabajo de las organizaciones de cooperación, agrega.
El consumo de occidente
El portavoz de la ONG expone que hay varios factores que explican "esta realidad devastadora". Históricamente el territorio americano fue proveedor de metales preciosos para los países colonizadores, convirtiendo el extractivismo minero en elemento central de las economías de estos países.
Más muertes y deforestación ilegal en la Amazonía: cómo el negocio de la droga arrasa el ‘pulmón’ del planetaEsta brecha no ha desaparecido en la actualidad, sino que ha virado hacia un carácter tecnológico. La región sigue contando con la materia prima, pero no con el sistema necesario para explotarla.
Algo que les obliga a ceder el acceso a la explotación y procesamiento de minerales a empresas extranjeras, "a cambio de un raquítico porcentaje", lamenta Gordillo. Dinero que va a parar a las arcas del Estado, sin pasar por las comunidades, que son las verdaderamente perjudicadas.
Tampoco suele haber contraprestaciones exigentes en relación al cuidado y la reparación de los ecosistemas afectados en una explotación. Existen varios casos de derrames de petróleo, contaminación de ríos y destrucción de biodiversidad. Todos provocados por la minería y que no han contado con la debida reparación y compensación por parte de las compañías responsables, recuerda.
"Por eso es cada vez más urgente contar con una legislación armonizada a nivel mundial". Una normativa que garantice la preservación ambiental por parte de las empresas que realizan actividades extractivas en terceros países.
También hace falta un cambio de conciencia en Europa. Los minerales disponibles en la Amazonía son esenciales para dejar de depender de combustibles fósiles, pero también es crucial construir sociedades más sobrias. Esto significa un consumo energético que permita vivir la vida con calidad, pero dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental, explica Gordillo.
Nuestros hábitos de producción y consumo, así como nuestros estilos de vida como sociedades ricas –tanto en Europa como en otros lugares del planeta–, "son incompatibles con un mundo socialmente más justo y ambientalmente más sostenible", advierte el portavoz de la ONG.