Peramato, junto a García Ortiz, en una imagen de archivo. EP
Tribunales La Asociación de Fiscales afea a Peramato que critique ante la Comisión Europea el papel del Supremo en el 'caso García Ortiz'En un documento enviado a Bruselas, Fiscalía General del Estado cuestionó el rol del tribunal que juzgó y condenó a Álvaro García Ortiz.
Más información: Peramato "premia a la guardia pretoriana de García Ortiz antes que potenciar el mérito", critica la Asociación de Fiscales
Javier Corbacho Publicada 20 agosto 2026 12:07h Actualizada 20 agosto 2026 12:48h Las clavesLas claves Generado con IA
La Asociación de Fiscales (AF) ha afeado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que criticase, en una respuesta enviada a la Comisión Europea, la actuación del Tribunal Supremo en el llamado caso García Ortiz.
El pasado noviembre, el máximo órgano judicial español condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antecesor de Peramato en el cargo, por la filtración de información reservada de Alberto Gonzalez Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Ello le obligó a dejar su puesto como máximo responsable de la Fiscalía española.
Recientemente, Peramato, en una respuesta enviada a la Comisión Europea, advirtió de "irregularidades" en aquel proceso.
Según desveló infoLibre, en un documento oficial remitido a Bruselas, la Fiscalía General del Estado señaló que, a raíz de dicha condena, se generó "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español" y la idea de "falta de independencia del Tribunal Supremo".
Ahora, en respuesta, la AF, mayoritaria en la carrera fiscal, reprocha a Peramato su proceder.
Peramato "premia a la guardia pretoriana de García Ortiz antes que potenciar el mérito", critica la Asociación de Fiscales"Una cosa es informar objetivamente a una institución europea sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y otra, cualitativamente distinta, aprovechar la respuesta a una consulta europea para cuestionar la independencia o la actuación de otra institución constitucional en un caso particular", afea la asociación en una carta, consultada por EL ESPAÑOL.
"En el primer supuesto, la Fiscalía cumple su función institucional y facilita el legítimo escrutinio europeo", señala la AF.
"En el segundo, corre el riesgo de abandonar la posición de garante de una regla objetiva para adoptar la de parte política interesada en una controversia concreta", critica.
"La independencia de las instituciones no puede convertirse en un argumento de parte", señala la carta.
"Es una garantía objetiva del sistema constitucional y debe ser respetada también cuando la actuación de un órgano no coincida con la posición mantenida por la Fiscalía General del Estado", añade.
"La Fiscalía puede discrepar jurídicamente de otros órganos, defender sus competencias y utilizar todos los cauces que el ordenamiento pone a su disposición", admite la organización.
"Lo que merece una reflexión particularmente cuidadosa es que esas discrepancias puedan quedar incorporadas a una comunicación dirigida a una institución política europea, de manera que esta aparezca como destinataria de una controversia que, por su naturaleza, corresponde resolver dentro del propio ordenamiento constitucional español sin salir de la órbita judicial", subraya la misiva.
"Se trata de preservar el ámbito propio de esas competencias y, al mismo tiempo, la posición constitucional del Ministerio Fiscal", exige la AF.
La Fiscalía apoya el indulto parcial de Álvaro García Ortiz porque actuó para "preservar el buen nombre de la institución""La respuesta de la Fiscalía General del Estado a una consulta europea debe servir para proporcionar información objetiva y jurídicamente fundada sobre el funcionamiento de la Justicia española", expresa la Asociación de Fiscales.
"No debería", compara la organización, "convertirse en un cauce para exteriorizar una discrepancia institucional concreta".
"Ni para solicitar, siquiera indirectamente, un pronunciamiento político europeo sobre la actuación de un órgano jurisdiccional nacional en la medida en que el Ministerio Fiscal se convierte en parte de una controversia institucional ante una instancia política supranacional", reprocha la carta.
Así las cosas, la Asociación de Fiscalía solicita a Peramato que explique el "alcance de la comunicación remitida a la Comisión Europea".
"Y que explique (...) cuál fue la finalidad de incorporar tales consideraciones a la respuesta solicitada", demanda la asociación.
Por último, la AF exige "conocer si el contenido de la comunicación constituye una posición institucional de la Fiscalía General del Estado" y si dicha postura fue sometida "al conocimiento o consideración" de los órganos colegiados de la Fiscalía "que pudieran resultar concernidos".
Tanto Peramato como Álvaro García Ortiz pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización minoritaria y de carácter progresista de la carrera fiscal. Peramato, incluso, fue presidenta de la UPF.
Actualmente, García Ortiz, por decisión de su sucesora, sigue ejerciendo como fiscal. Ocupa un puesto en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.