El fiscal Eduardo Esteban junto a la nueva fiscal general, Teresa Peramato, en una imagen de 2018./ FGE
Tribunales La Asociación de Fiscales lleva ante la Justicia europea los nombramientos de la Fiscalía General "ajenos a los méritos"Presenta por primera vez una demanda ante el TEDH contra las sentencias del TC que ampararon a Eduardo Esteban, "legitimando un sistema de designaciones en el que prevalece la afinidad ideológica prevalece", denuncia.
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María Peral Publicada 25 mayo 2026 10:17h Las clavesLas claves Generado con IA
La Asociación de Fiscales ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon la decisión del Tribunal Supremo de revocar, por falta de justificación en los méritos, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de menores.
Es la primera vez que la asociación más representativa en la carrera fiscal recurre a la Justicia europea en una iniciativa que viene a cuestionar la política de nombramientos de los dos últimos fiscales generales, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, continuada ahora por Teresa Peramato.
Así se ha puesto de manifiesto en los consejos fiscales de febrero y abril. En este último, Peramato reemplazó como fiscal superior de Madrid a Almudena Lastra, una fiscal de la secretaría técnica, sin experiencia en la dirección de grandes Fiscalías y con 900 puestos menos en el escalafón.
La Asociación de Fiscales viene denunciando desde hace años que la política de nombramientos de cargos discrecionales en la carrera no está basada en acreditadas razones de mérito sino en preferencias ideológicas, de relación personal o de docilidad con la Fiscalía General.
La demanda ante el Tribunal de Estrasburgo sostiene que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de Eduardo Esteban vulnera los artículos 6 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a un proceso justo y prohíben la discriminación.
El Tribunal Constitucional se dividió -seis votos frente a cuatro- para amparar a Eduardo Esteban frente a las sentencias del Tribunal Supremo que revocaron su reiterada designación como fiscal de Sala de Menores.
El TC, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, anuló las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 y 20 de julio de 2023 en las que estimó los recursos de la Asociación de Fiscales y del fiscal de Sala José Miguel de la Rosa contra la designación de Eduardo Esteban para ese cargo.
Fue un nombramiento del máximo interés para Dolores Delgado y su entonces jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, con quienes Esteban comparte afiliación en la Unión Progresista de Fiscales (a la que también está vinculada Peramato). Con él se reforzaba la mayoría de miembros de la UPF en la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que reúne a los fiscales de la primera categoría.
El empeño llegó al punto de que, tras una primera revocación del nombramiento de Esteban por la falta de justificación de sus méritos, Delgado volvió a nombrarle para el mismo cargo pocas semanas después. El Tribunal Supremo tumbó también este segundo nombramiento.
Lo hizo resaltando la "enorme diferencia" de méritos entre Esteban y el otro candidato, José Miguel de la Rosa, en cuanto al conocimiento y práctica del Derecho de Menores, en el que el segundo es especialista y el primero carecía de toda experiencia.
Delgado pivotó entonces la justificación del nombramiento hacia la experiencia de Esteban en tareas organizativas e institucionales, en su anterior destino en la Fiscalía ante el TC y en que su perfil era más idóneo para avanzar en la línea de una "justicia descriminalizadora" en el ámbito de la jurisdicción de menores, en sintonía con la línea de política criminal de la propia fiscal general.
"Poner todo el énfasis en otras consideraciones, como hace la propuesta de la fiscal general, no es atendible, porque elude el núcleo de la cuestión", argumentó el Tribunal Supremo. "Lo único que hace la nueva propuesta es en esencia decir que el conocimiento y la práctica en Derecho de Menores no son realmente relevantes para el ejercicio de la plaza de fiscal de Sala de menores", dijo.
El TC, sin embargo, sostuvo que "estamos ante una actividad administrativa estrictamente discrecional".
Subrayó que el Tribunal Supremo había "privado, sin un soporte normativo claramente determinado, a la fiscal general" de sus facultades ya que, a su juicio, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "define deliberadamente un supuesto de hecho incompleto a efectos de que sean la fiscal general del Estado (con su propuesta) y el Gobierno de la Nación (aceptando o rechazando ésta) los que lo completen con los criterios de mérito y capacidad pertinentes de acuerdo con las necesidades orgánicas y funcionales del momento".
La demanda
Según la demanda de la Asociación de Fiscales, el procedimiento seguido ante el Tribunal Constitucional "contraviene el derecho reconocido en el artículo 6".
Argumenta que el TC emitió "resoluciones decisivas" en las que intervino su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que anteriormente fue fiscal general y, por tanto, jefe de Esteban y De la Rosa. Por ello, "su imparcialidad se veía comprometida por la concurrencia de una relación jerárquica previa con quienes participaban activamente en el proceso".
"Su intervención resultó determinante, al promover la avocación al Pleno y participar en la admisión a trámite por su supuesta 'especial trascendencia constitucional'", señala la AF.
"Una vez advertida la causa de recusación, el Tribunal Constitucional optó por admitir una abstención extemporánea, sin tramitar el correspondiente incidente de recusación ni declarar la nulidad de las resoluciones interlocutorias afectadas", señala.
Respecto a la "clara vulneración" del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, considera que el TC "consagra una libertad prácticamente absoluta en la elección de candidatos para cargos en el ámbito de la Justicia, desplazando los principios de mérito y capacidad en favor de la discrecionalidad del poder público".
La AF resalta que el cargo de fiscal coordinador de menores es "un puesto discrecional, que no de confianza", por lo que no puede imponerse "la lógica del poder sobre la del Derecho, la discrecionalidad de un poder público sobre el mérito y la capacidad, la oportunidad frente a la técnica y la afinidad sobre la imparcialidad, con una decisión que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la carrera fiscal y, en última instancia, sobre toda la función pública española".
"Además, nos encontramos en el ámbito de la justicia", señala. Ello "intensifica la gravedad de la situación al incidir directamente en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, en la medida en que compromete los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento pleno a la legalidad que deben regir la actuación de los poderes públicos"
La demanda considera que la argumentación en la que se basó el TC "debilita los estándares esenciales del Estado de Derecho".
"El Tribunal Constitucional viene a legitimar un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede prevalecer sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo", sostiene.
La decisión del TC "trasciende del nombramiento concreto dentro de la cúpula de la Fiscalía y proyecta sus efectos sobre la propia articulación del Estado de Derecho, al diluir los criterios mínimos que deben regir los ascensos y las designaciones dentro de la carrera fiscal, abriendo una puerta a una discrecionalidad prácticamente irrestricta, en detrimento de los principios de mérito y capacidad que hasta ahora actuaban como garantías esenciales", expone.
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