Francis Puig. Manu Bruque / Efe
Valencia La Audiencia de Valencia rechaza los recursos contra la apertura de juicio a Francis Puig y lo sienta en el banquilloLos magistrados sostienen que el hermano del expresidente de la Generalitat aportó facturas duplicadas y cruzadas para obtener ayudas públicas.
Más información: El otro hermanísimo del PSOE ante el banquillo: Francis Puig cobró 600.000€ en ayudas con Ximo en el gobierno valenciano
Rosana Crespo Valencia Publicada 16 abril 2026 13:11h Actualizada 16 abril 2026 13:53hLa Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos contra la apertura de juicio a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y sus considerados socios los Adell Bover.
Con esta decisión, los empresarios se sentarán definitivamente en el banquillo.
Los magistrados consideran que no ha habido ninguna indefensión para los acusados porque ni se han introducido nuevos hechos punibles ni se ha modificado el objeto del proceso. "Los hechos imputados a Francis Puig y a Enrique Adell Bover han sido conocidos por éstos desde el inicio de la investigación", señalan.
También entienden que la calificación jurídica de los hechos realizada por el instructor ha sido la correcta y que no ha existido falta de motivación.
El hermano de Ximo Puig, a juicio por estafa tras "falsear facturas" para obtener ayudas de la Generalitat valencianaEsta causa judicial se ha centrado en 600.000 euros cobrados por empresas vinculadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 de tres administraciones públicas: la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón. Todas ellas por los mismos conceptos: fomento del valenciano.
El pasado octubre, el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia acordó la apertura de juicio oral. Lo hizo por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa agravada en el caso de Francis Puig.
El auto citaba jurisprudencia en la que se establece que "quien solicita y obtiene una subvención y destina la totalidad o parte de lo recibido a su personal enriquecimiento sin emplearla a los fines para los que fue concedida, si se cumplen todos los requisitos de la apropiación indebida, no puede quedar impune por el hecho de que lo defraudado no alcance el monto".
"En el presente caso, este juez instructor estima que los hechos serían incardinables propiamente en un delito de estafa, más que una eventual apropiación indebida", explicaba el magistrado.
Algo que fundaba en la "mecánica que se realizó por los investigados ante la Administración destinada a la obtención de las subvenciones". En ella, señalaba, "se utilizaron documentos falsos o la reclamación por actuaciones que no poseían relación alguna con la actividad que era merecedora de la subvención".
"Lo que en definitiva produjo el trasvase a favor de los encausados de fondos correspondientes a la Administración", concluía.
El instructor fijó para Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros, respectivamente. De esas cantidades serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Francis Puig y tres para Adell Bover. Solicitud a la que se sumó la Generalitat como acusación.
En el marco de esta causa, la Guardia Civil elaboró un extenso informe en el que detectó irregularidades en la presentación de las subvenciones: facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover; conceptos que no se correspondían con el concepto de la subvención (es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no correspondían); uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de diferentes administraciones; y omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones.
Facturas duplicadas y cruzadas
Ahora, la Audiencia avala la apertura de juicio oral y el auto, donde figuran "hechos punibles muy detallados". En él, dice, se menciona que Francis Puig solicitó subvenciones a la Generalitat Valenciana y la Catalana en su calidad de administrador de las mercantiles Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Para su concesión, señala, "aportó supuestamente facturas duplicadas y cruzadas".
También se menciona, prosigue, a Enrique Adell Bover, administrador de Canal Maestrat y Kriol Produccions, quien aportó facturación de sus sociedades a las subvenciones obtenidas por Francis Puig "con la finalidad supuestamente de simular gastos".
Para ello, comenta, los acusados se habrían valido de diversos procedimientos "para incrementar de manera ficticia los gastos en que incurrirían sus respectivas mercantiles para así poder justificar un importe inferior".
Los magistrados mencionan igualmente los "conceptos genéricos" de las facturas, facturas no pagadas a su proveedor, precios que no se corresponden con los trabajos no realizados, no justificación de los servicios prestados, inexistencia de contratos con proveedores periódicos, etc.
Además, hacen especial hincapié en las sospechas sobre que Mas Mut era una empresa instrumental o ficticia para el cobro de subvenciones.
Por todo ello, ven a Adell Bover un "cooperador necesario del comportamiento desplegado" por Francis Puig.