La UDEF registra la oficina del expresidente, que declarará como investigado el 2 de junio, y otras mercantiles, entre ellas las firmas de sus hijas supuestamente usadas para lavar capitales
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Agente de la UDEF sale del registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
19/05/2026 Actualizado a las 15:02h.Blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, esto con lo que se conoce hasta ahora. A la espera de ... que concrete la asignación individualizada de los cargos, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, después de meses de investigación policial y con un cúmulo de pruebas contundente, ha dado el histórico paso de imputar por primera vez a un expresidente del Gobierno de España y hacerlo además con gravísimas acusaciones de corrupción para su enriquecimiento y el de su familia. José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado el próximo 2 de junio por su intervención en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Las sospechas de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es que el exjefe del Ejecutivo se lucró gracias a buena parte de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez desembolsó durante la pandemia a esta compañía de capital venezolano.
despacho profesional de Zapatero (en la calle Ferraz, 35, junto a la sede del PSOE) y el de la empresa de sus hijas, además de requerir información a otras mercantiles relacionadas con el rescate; es el caso de Softgestor y Apamate Corporate and Trust, ambas de capital venezolano. Los agentes de la UDEF también se desplegaron en otras firmas que, según las pesquisas, habrían servido para canalizar fondos, justificar pagos presuntamente ficticios y dar apariencia legal a una parte del dinero que los investigadores vinculan al rescate público de la aerolínea.La causa que instruye Calama se centra en una supuesta red internacional de cobro de comisiones ilegales y lavado de capitales que habría utilizado el salvamento de Plus Ultra como una de sus principales vías de entrada de dinero al circuito legal. El juez investiga si los 53 millones aprobados en marzo de 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, fueron desviados total o parcialmente para fines distintos a los declarados y si sirvieron para alimentar pagos a personas del entorno del expresidente socialista.
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delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todos ellos ligados al rescate de Plus Ultra y a los pagos que rodearon la operación. Algunas fuentes apuntan a que el listado de ilícitos incluiría la falsedad documental.
Uno de los nombres clave de la causa es Julio Martínez Martínez, empresario alicantino, amigo personal de Zapatero y asesor externo de Plus Ultra. Martínez ya fue detenido en diciembre en la primera fase de la investigación y aparece en el sumario como una de las piezas que habrían permitido conectar a la aerolínea con el entorno económico del expresidente. Según los documentos analizados por los investigadores, el asesor cobró 458.000 euros de Plus Ultra a través de tres sociedades —Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica— entre 2020 y 2025. Esa cifra coincide prácticamente con las cantidades que después habría abonado al exjefe del Ejecutivo por supuestos trabajos de consultoría.
Zapatero siempre ha defendido que esos ingresos fueron legales, declarados ante Hacienda y correspondientes a una actividad privada de asesoramiento. En sus explicaciones públicas y en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el expresidente reconoció haber facturado a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, pero negó cualquier relación con el rescate de Plus Ultra. Afirmó que realizó «informes orales y escritos» de consultoría estratégica y que esos trabajos no guardaban relación con la ayuda pública concedida a la aerolínea.
Los investigadores, sin embargo, ponen el foco en la coincidencia temporal de los pagos. Análisis Relevante fue constituida el 10 de febrero de 2020, apenas veinte días después del aterrizaje clandestino en Madrid de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, un episodio que abrió una de las primeras grandes controversias políticas vinculadas a las relaciones del Gobierno español con el régimen de Nicolás Maduro. La sociedad no tuvo empleados y declaró como objeto social la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría, estudios de estrategia, análisis de mercado y marketing para empresas e instituciones.
- Registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra) Registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra) Registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra) Registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra) Registro en el despacho de la calle Ferraz. (José Ramón Ladra)
La facturación de Zapatero a esa firma comenzó ya avanzado 2020, justo cuando Plus Ultra iniciaba las gestiones para acceder al rescate público. En marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó el desembolso de 53 millones a favor de la aerolínea, mediante un préstamo participativo de 34 y otro ordinario de 19. El Gobierno justificó entonces el salvamento por el carácter estratégico de la compañía, su plantilla directa de 345 trabajadores y los empleos indirectos asociados a su actividad.
La UDEF sostiene ahora que, bajo la cobertura de contratos de asesoría, informes y servicios profesionales, se habrían ocultado pagos vinculados a la intermediación política necesaria para facilitar el rescate. En los documentos internos de Plus Ultra, algunos abonos a sociedades de Julio Martínez figuran asociados a conceptos como «Dirección SEPI» u «honorarios mensuales por elaboración de informe», justo durante los meses en los que se negociaba la ayuda pública. Los agentes consideran que esas anotaciones son uno de los hilos que permiten reconstruir la presunta conexión entre los fondos de la aerolínea, las sociedades del empresario y los cobros del expresidente.
La investigación también analiza la actividad de Whathefav SL, la agencia de comunicación fundada en 2019 por Laura Rodríguez Espinosa, hija mayor de Zapatero, y a la que después se incorporó como administradora solidaria Alba Rodríguez Espinosa, la hija menor. La empresa aparece en las pesquisas por su relación comercial con Análisis Relevante; y aunque fuentes jurídicas precisan que las hijas del exjefe del Ejecutivo no figuran como investigadas en este momento, no descartan que acaben estándolo. La UDEF registró este martes la sede de la mercantil para recabar documentación sobre los pagos, encargos y servicios prestados.
La reunión con el exministro Escrivá
El caso dio un salto cualitativo tras las declaraciones de varios investigados y testigos en otras piezas de corrupción que salpican al PSOE. El exministro José Luis Ábalos, antes de entrar en prisión, aseguró que recibió presiones de Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra. Su hijo Víctor Ábalos habló del «lobby» del expresidente en Venezuela. El comisionista Víctor de Aldama también vinculó al exmandatario con la operación y sostuvo que Plus Ultra habría transferido fondos destinados al pago de comisiones.
A esas manifestaciones se suman mensajes incorporados a la investigación en los que se alude a una reunión de Zapatero el 7 de septiembre de 2020, en plena negociación de los rescates empresariales de la pandemia, con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, y Bartolomé Lora, presidente de la SEPI. Los investigadores intentan determinar ahora si esos contactos formaron parte de una actividad política ordinaria o si, por el contrario, fueron utilizados para favorecer a la aerolínea a cambio de pagos encubiertos.
La causa tiene además una derivada internacional. La UDEF investiga si parte de los fondos procedían del saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de programas públicos del chavismo, y si empresas españolas interesadas en contratos, ayudas o información privilegiada utilizaron la red para ganar acceso a Moncloa o a gobiernos extranjeros. El dinero, según la tesis policial, habría sido captado en origen ilícito y reintroducido después mediante sociedades de consultoría, facturas por servicios no acreditados y operaciones comerciales de difícil verificación.
La imputación de Zapatero marca un precedente inédito en la democracia española. Nunca antes un expresidente del Gobierno había sido citado como investigado en una causa de corrupción; . El juez Calama deberá interrogarle el 2 de junio sobre sus cobros de Análisis Relevante, su relación con Julio Martínez, su eventual papel en el rescate de Plus Ultra y la actividad de las empresas de su entorno. Hasta entonces, la UDEF continuará analizando la documentación intervenida en los registros y los movimientos bancarios vinculados a las sociedades investigadas.
El expresidente mantiene que no intervino en la concesión del rescate, que todos sus ingresos fueron legales y que sus trabajos de consultoría respondieron a encargos profesionales ajenos a la aerolínea. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que los indicios reunidos por la Policía y Anticorrupción son suficientes para llamarle a declarar como investigado por una trama que, según la hipótesis judicial, pudo convertir el rescate de Plus Ultra en una vía para pagar comisiones, ocultar fondos y beneficiar económicamente al entorno del antiguo jefe del Ejecutivo.
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