La baliza V16 se le complica a la DGT: crecen los atropellos y su obligatoriedad acaba en los tribunales

Pere Navarro, director general de la DGT, no gana para disgustos con la baliza V16. La imposición de la baliza V16 no para de darle problemas a la Dirección General de Tráfico (DGT), que tras la Semana Santa ha visto como han crecido las cifras de siniestralidad por atropello y tendrá que hacer frente a una demanda en los tribunales. La baliza V16 va camino de ser uno de los grandes fracasos de Pere Navarro como máximo responsable de la Dirección General de Tráfico. A la rebeldía de muchos conductores a reemplazar los triángulos de emergencia por este dispositivo luminoso y las fuertes críticas de las diferentes asociaciones de Guardia Civil de Tráfico, hay que sumarle varios disgustos más. Una Semana Santa trágica en lo que a atropellos respecta Una vez que ha concluido la primera gran operación de tráfico de este año en las carreteras españolas, la correspondiente a la Semana Santa, las cifras de siniestralidad son claras: la baliza V16 no está cumpliendo con su cometido principal. La misma fue creada para mejorar la visibilidad de los vehículos averiados en la calzada y reducir los atropellos. Sin embargo, en la Semana Santa de 2026 la cifra ha sido la más alta en una década. «Ya advertimos que este tipo de medidas no abordaban el problema real de fondo y que no iban a suponer una reducción efectiva de los atropellos»Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGCEn concreto, en 2017 se registraron dos atropellos con resultado de muerte, por tres de los dos siguientes. En 2019 se produjeron tres más, mientras que hubo dos en 2020 y cuatro en 2021. En 2022 no se registró ninguno de estos sucesos, pero en 2023 se produjeron tres, y el año pasado se había saldado nuevamente sin ninguno. Ahora, dicha cifra ha crecido hasta los cinco atropellos con resultado trágico. Otro de los aspectos a destacar es que la operación salida de este año ha contado con casi 1000 guardias civiles menos que en 2009, a pesar de que se han producido un 21 % más de desplazamientos por carretera, para un total de 17 millones de movimientos de largo recorrido. La AUGC carga contra la DGT Estos datos han provocado la reacción de la agrupación mayoritaria de guardias civiles, la AUGC. Esta afirma que los mismos «evidencian el fracaso de las políticas de seguridad vial impulsadas en los últimos años». «Se ha generado una falsa expectativa en torno a medidas como la implantación de la señal V16, presentadas como soluciones eficaces para reducir los atropellos», añaden desde dicho organismo. «Ya advertimos que este tipo de medidas no abordaban el problema real de fondo y que no iban a suponer una reducción efectiva de los atropellos. Sin embargo, una vez más no se ha escuchado a quienes estamos sobre el terreno, y los datos actuales confirman que se ha vuelto a fallar en la prevención», ha declarado Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGC. ¿Es legal imponer la baliza V16? Los tribunales tendrán que decidir. La baliza V16, a los tribunales Además de las malas cifras de siniestralidad de la Semana Santa, la DGT va a tener que hacer frente a otro problema: una demanda judicial de la empresa de recursos de multas Pyramid Consulting. La misma afirma que la imposición de la baliza V16 es ilegal. Concretamente, los abogados de Pyramid han presentado dicha demanda ante los Tribunales de Instancia de Madrid en el orden contencioso-administrativo. Además, estos solicitan que el caso sea elevado a los tribunales europeos. La demanda plantea la posible vulneración del principio de confianza legítima, basándose en las declaraciones públicas del ministro Fernando Grande-Marlaska, en las que se anunciaba un periodo de adaptación que finalmente no se ha respetado. Igualmente, la empresa plantea que la regulación de la baliza V16 pueda constituir un reglamento técnico que, conforme al Derecho de la Unión Europea, debió haber sido comunicado previamente a la Comisión Europea, abriendo así un nuevo frente que podría afectar directamente a la validez del sistema. Esto, a su vez, pone en duda que haya base jurídica sobre la que cimentar la obligatoriedad de su uso en las carreteras españolas.