- ANDRÉS STUMPF Bruselas
El sector bancario ve falta de independencia en el modelo actual y considera que el supervisor goza de una excesiva discrecionalidad. El Abor, que cumple la función de árbitro extrajudicial, apenas se utiliza.
El Banco Central Europeo (BCE) es todopoderoso en la supervisión. Al menos, así es como lo ve el sector financiero, que en pleno debate sobre la reforma bancaria que se está gestando en Bruselas reclama un mediador "realmente independiente" que le permita desafiar las decisiones supervisoras sin tener que recurrir a los tribunales.
La discrecionalidad del BCE a la hora de ejercer su labor interpretando lo que necesita cada situación en base a la regulación está ampliamente amparada. "El supervisor posee plena discrecionalidad para adoptar cualquier medida o decisión supervisora que afecte a los bancos o grupos bancarios bajo su supervisión", según señala uno de los principios básicos para la supervisión bancaria eficaz elaborados por el Comité de Basilea, organismo encargado de fijar los estándares internacionales de la regulación del sector.
Pero en el sector creen que la situación ha ido demasiado lejos. Los banqueros consultados por EXPANSIÓN prefieren no hacer declaraciones públicas, porque dicen que "hay que llevarse bien con el supervisor". Sin embargo, a través de las patronales como la Federación Bancaria Europea, y la Asociación Española de Banca las críticas crecen.
Estas fuentes destacan que, aunque está legitimado para ello, el BCE va más allá de lo que la regulación de Bruselas le exige y que no hay "un mecanismo adecuado para cuestionar sus decisiones".
La banca quiere contar con un organismo no judicial al que acudir para mostrar su disconformidad con un requerimiento o decisión. Ese papel que solicitan las entidades ya existe a través del Consejo Administrativo de Revisión (Abor, por sus siglas en inglés), que vigila si las decisiones de supervisión del BCE cumplen con los requisitos procedimentales y los estándares legales.
Sin embargo, para el sector esto no es suficiente. El BCE, por su parte, prefiere no hacer comentarios.
La mayor crítica de la banca sobre el mecanismo de arbitraje extrajudicial disponible para lidiar con las decisiones del BCE es su presunta falta de independencia.
Los expertos bancarios consultados destacan que "muchos miembros del Abor han ocupado antes puestos de alto nivel en el BCE, lo que preocupa por un posible sesgo de proximidad o lealtad institucional".
Las críticas
El Abor tiene un presidente, un vicepresidente y tres miembros fijos, más dos alternos. Pentti Hakkarainen, su presidente desde 2023, llegó directamente desde el Consejo de Supervisión bancaria del BCE. El mismo camino ha seguido su vicepresidente, Ilias Plaskovitis, y dos de sus tres miembros, Christiane Campill y Édouard Fernandez-Bollo.
El Abor elige a sus candidatos mediante un concurso público abierto e impone ciertas condiciones a sus miembros, como la obligación de reportar conflictos de interés y abstenerse de los procesos que haya comunicado. Y están obligados por el código de conducta a actuar de forma independiente y protegiendo el interés público. Sin embargo, para el sector bancario esto no es suficiente y las críticas por la trayectoria de los representantes se acumulan.
Además, los bancos denuncian que el alcance del Abor se queda corto, porque solo puede revisar decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE. De esta forma, quedan excluidos los actos informales, como las cartas de "persuasión moral" de los Equipos Conjuntos de Supervisión (JST, por sus siglas en inglés) o los hallazgos de inspecciones in situ.
En el momento en el que el BCE toma una decisión en firme y vinculante, las entidades tendrían derecho a pelearla judicialmente y frente al Abor, pero en muchas ocasiones las recomendaciones del supervisor se interpretan directamente como una obligación.
El Abor también tiene otras carencias a ojos de la banca. Por ejemplo, las entidades destacan que el organismo evalúa si el BCE respeta las garantías procesales, pero no puede reevaluar el criterio prudencial ni sustituir la discrecionalidad técnica del BCE por la suya propia. Además, las opiniones que emite son estrictamente consultivas y el BCE puede confirmar, enmendar o revocar la decisión.
Los procedimientos también son confidenciales y sus dictámenes no se publican, lo que impide que el público o las entidades conozcan los estándares aplicados.
Pero el Abor cumple escrupulosamente lo marcado en la legislación que regula la supervisión bancaria europea. Ni el propio organismo ni el BCE pueden cambiar esos elementos que caen del lado de los legisladores, por los que la pelea de la banca es en Bruselas y no en Fráncfort.
"Una mejor mediación respecto a las herramientas de supervisión fortalecería la confianza, garantizaría la equidad y mejoraría la legitimidad y la rendición de cuentas de la supervisión bancaria del BCE", asegura el sector bancario.
Revisar el modelo
Por ese motivo, el sector destaca la necesidad de contar con un nuevo organismo mediador o revisar el Abor en tres puntos:
- Reformar el proceso de nombramiento mediante un comité independiente para reforzar la imparcialidad.
- Aumentar la transparencia publicando sus dictámenes y haciendo visibles los estándares aplicados.
- Ampliar su alcance para que pueda revisar también instrumentos de supervisión informales que, según las entidades, "escapan a cualquier control".
La banca argumenta que las cifras de procedimientos elevados al Abor le dan la razón sobre la necesidad de cambiar el sistema. En los últimos años, las consultas han sido prácticamente inexistentes, por debajo de una decena, pese a que el BCE vigila más de 100 entidades que están sujetas a un gran número de decisiones cada ejercicio.
Además, en los dos primeros años en los que estuvo en funcionamiento, cuando las entidades estaban enfrentándose por primera vez al mecanismo único de supervisión tras toda una vida de vigilancia nacional, apenas se alcanzaron las 20 solicitudes.
El Abor está abierto a las solicitudes de la banca y nada les frena de recurrir a su revisión en cada decisión del BCE. Sin embargo, las entidades no lo hacen al considerar que, bajo el modelo actual, no aporta grandes ventajas.
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