- DAVID CASALS Barcelona
- El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis Alcázar en el caso Plus Ultra
- Sánchez abre la puerta a adelantar las elecciones si no se aprueban los Presupuestos
Sánchez minimiza la polémica por las joyas: "Todos los presidentes hemos recibido regalos". Para el PP, la declaración judicial del exmandatario, "lejos de disipar dudas, las consolidó".
El caso que investiga por corrupción y otros delitos al expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, adquirió este jueves una nueva dimensión. El juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, amplió la lista de imputados con tres personas del entorno más cercano al exmandatario socialista. Son sus dos hijas, Laura y Alba, y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Las tres serán citadas a declarar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según expuso el magistrado en un auto. La decisión llegó el día después de su declaración que, según Calama, no sirvió para desmontar los "indicios" que pesan contra él.
Ayer, trascendieron las grabaciones íntegras de su comparecencia, en las que el socialista se desvinculó del rescate de Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), quien inyectó 53 millones de euros. "No tuve ninguna intervención: no hablé absolutamente con nadie del sector público", señaló.
El rol de Whathefav
La ampliación de la lista de procesados se produjo semanas después del registro a la sede de la sociedad mercantil de las dos hijas del expresidente, la agencia de comunicación Whathefav. El auto judicial recordó que la compañía forma parte del entramado investigado, "lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas".
Destacó también que esta condición supone blindarlas a nivel legal. Si únicamente fueran llamadas en calidad de testigos, tendrían "el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables", pormenorizó ayer el magistrado instructor en su escrito.
Una "mera constatación"
El juez recordó que los indicios que hasta ahora ha recopilado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional otorgan a Whathefav "un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación" de las operaciones que están siendo investigadas.
Calama destacó que esta afirmación es una "mera constatación objetiva" y también situó a Laura y Alba Rodríguez Espinosa "en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación".
Las dos hijas son las representantes de la sociedad, y de ellas depende la responsabilidad jurídica. Son dos condiciones que, según concretó, no pueden desvincularse.
En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, el magistrado recuerda que los indicios apuntan a su participación directa en los indicios recopilados por la Udef.
Sémper y Sánchez
En su auto, también rechaza la mayoría de medidas solicitadas por la acusación popular unificada que ejerce el PP. Este último partido se mostró muy crítico con el PSOE tras la ampliación del perímetro de procesados. Para su portavoz, Borja Sémper, la medida judicial evidencia que la declaración de Zapatero, "lejos de despejar dudas, las consolidó", dijo a La Sexta.
Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró filas con su predecesor tanto en el Ejecutivo central como en el partido. "Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia", proclamó desde Bruselas, justo antes de participar en un Consejo Europeo. A diferencia de otras ocasiones, aquiso hacer declaraciones en un momento muy difícil para su formación.
Al rescate de Plus Ultra, se suman otras causas, como la de las cloacas, -relativa a presuntas presiones y desacreditaciones a empresas, policías o jueces- o la que implica al exsecretario de organización y exministro, José Luis Ábalos. Ya fue juzgado y la sentencia sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 es inminente.
Pese a todos los frentes judiciales, Sánchez recalcó que no piensa convocar elecciones. Sólo contemplaría esta hipótesis si no consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, aunque varias fuerzas parlamentarias ya han dicho que no están por la labor. Es el caso de Junts, cuyos siete diputados son decisivos y que el pasado otoño rompió formalmente con los socialistas.
A la espera de ver qué ocurre en las próximas sesiones en un Congreso en el que el Gobierno no tiene mayoría, Sánchez restó importancia a las joyas que la Policía Nacional localizó en el despacho de Rodríguez Zapatero dentro de una caja fuerte. "Todos los presidentes hemos recibido regalos", explicó. "La España de 2007 no es la de 2026; ahora se ha regulado", agregó.
Prueba controvertida
El juez de instrucción también hizo referencia ayer a una de las principales pruebas de la causa y que la defensa de Rodríguez Zapatero ha pedido anular. Se trata de los mensajes relativos al rescate de Plus Ultra de su principal accionista mayoritario, y que proceden de su teléfono móvil. En 2021, EEUU hizo un duplicado del dispositivo y en marzo de 2026 los remitió a la Policía Nacional.
El Gobierno apunta a la conspiración ya que el envío coincidió con las duras críticas de Sánchez a la Casa Blanca por la guerra de Irán.
El juez descarta por ahora pedir a EEUU información sobre cómo obtuvo estas pruebas. Tampoco puso una fianza por las deudas de Plus Ultra anteriores al rescate, tal como solicitó la acusación.
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