La primera ministra japonesa Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una rueda de prensa en la sede del PLD en Tokio. Franck Robichon Reuters
Asia La 'caza' al residente ilegal que agita el nuevo Japón: recompensa de 300 euros por delatar a tu vecino inmigranteAmparados por la política de ‘cero residentes ilegales’, ciudadanos japoneses buscan residentes ilegales para echarlos del país y cobrar los 50.000 yenes que la ley prevé.
Más información:La histórica victoria de los conservadores en Japón abre una nueva etapa política marcada por el rearme del país
Josep Solano Tokio Publicada 23 febrero 2026 01:36hLas claves nuevo Generado con IA
Denunciar a un extranjero "sin papeles" cada tres días para ganar un sueldo anual de aproximadamente 30.000 euros. No es el guion de una distopía futurista, sino el cálculo que circula con fuerza por las redes sociales en Japón.
Bajo el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi, el país del sol naciente ha dejado de mirar hacia otro lado en referencia a los extranjeros sin sus papeles en regla. La consigna es clara: "Cero residentes ilegales".
El motor de esta maquinaria no es sólo ideológico, sino monetario. Amparados por el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración —una norma de 1951 rescatada ahora del olvido—, los ciudadanos japoneses están descubriendo que la delación de residentes ilegales tiene premio.
La Agencia de Servicios de Inmigración ofrece hasta 50.000 yenes (unos 300 euros) por cada denuncia que derive en una orden formal de deportación. Lo que antes era un trámite administrativo discreto, se ha convertido en un incentivo económico ciudadano sin precedentes en el Japón de las libertades civiles.
Sin embargo, este "negocio de la delación" no es un cheque en blanco.
Para evitar que el sistema se convierta en una herramienta de vendetta personal o colapse las oficinas de inmigración, el Gobierno ha impuesto filtros severos: las acusaciones falsas o malintencionadas pueden acarrear graves sanciones penales para el denunciante.
Además, la ley prohíbe explícitamente que los funcionarios públicos cobren estas recompensas en el ejercicio de sus funciones.
Para pasar por caja, el "cazador" debe renunciar al anonimato y proporcionar su identidad real, una barrera que el gabinete de Takaichi considera suficiente para disuadir a los bromistas, pero que no frena a quienes ya ven en la vigilancia vecinal una forma de vida.
Mientras los portavoces oficiales defienden el programa como una herramienta imprescindible para garantizar la seguridad y el orden, las asociaciones de derechos humanos y los colectivos de extranjeros advierten de una fractura social irreversible.
El riesgo, denuncian, no recae sólo sobre quienes están en situación irregular, sino sobre los millones de residentes que viven y trabajan legalmente en Japón.
Esta política amenaza con convertir cualquier rostro extranjero en un blanco de sospecha, donde la rutina diaria de un vecino puede ser monitorizada por el simple deseo de un ciudadano de redondear el mes con los 300 euros de la recompensa.
La histórica victoria de los conservadores en Japón abre una nueva etapa política marcada por el rearme del paísKimi 'La Mestiza' Onoda
Detrás de esta cruzada se encuentra Kimi Onoda, la ministra que ha roto los moldes del conservadurismo japonés tradicional.
La dureza de Onoda tiene raíces profundas y, para muchos, paradójicas.
De padre estadounidense y madre japonesa, su infancia estuvo marcada por la ausencia y el estigma: su padre abandonó a su madre y a ella cuando Kimi tenía apenas dos años, dejándola en una sociedad que, por aquel entonces, no ponía las cosas fáciles a las familias monoparentales y mestizas.
En un pueblo rural de la prefectura de Okayama, Onoda sufrió el acoso diario de compañeros de su escuela, quienes le lanzaban piedras al grito de "¡extranjera, vete a tu país!".
Sin embargo, algunos analistas interpretan que su biografía personal ha reforzado una visión estrictamente legalista de la cuestión migratoria.
Su nombramiento por parte de Sanae Takaichi en noviembre de 2025 no fue casual: Onoda es la arquitecta del plan "Cero residentes ilegales", una política que busca la expulsión sistemática de quienes han sobrepasado su estancia permitida, eliminando las zonas grises que el país mantuvo durante décadas.
Onoda ha hecho de la "limpieza" migratoria su caballo de batalla personal: con una presencia constante en redes sociales y un tono que muchos tachan de populista, la ministra ha defendido que "la ley no admite excepciones" y que la hospitalidad japonesa solo es válida para quienes respetan escrupulosamente los términos de su visado.
Bajo su mando, lo que antes era una gestión administrativa discreta ha pasado a ser una misión de Estado con tintes policiales.
Su estrategia no se limita a fortalecer las fronteras, sino a "limpiar el interior", activando resortes legales como las recompensas económicas para incentivar a la sociedad civil a convertirse en una extensión de las patrullas de inmigración.
El nuevo Japón de Takaichi: visados prohibitivos, vigilancia reforzada y residentes extranjeros bajo sospecha"Miedo constante"
El impacto de este discurso no se mide solo en yenes, sino en el terror cotidiano de quienes han quedado atrapados en los márgenes del sistema.
Es el caso de Pablo (nombre ficticio), un joven latinoamericano de 32 años que reside en Japón desde hace cuatro. Su situación de "sobreestancia" no fue una decisión premeditada, sino el resultado de un error administrativo de su empresa que lo dejó en un limbo burocrático justo cuando intentaba renovar su contrato.
"Vives con un miedo constante. No es solo a la policía, sino a ciudadanos que se sienten legitimados para cazarte", explica. "Te lo piensas dos veces antes de subir al tren o entrar en un hospital... No sabes si una cara hostil en el vecindario es solo desconfianza o alguien que busca sentirse un héroe cobrando la recompensa".
Pablo relata situaciones que ya rozan el acoso civil: "Un hombre me siguió a la salida de la estación haciéndome preguntas muy específicas sobre mi visado sin identificarse. Otra vez, un desconocido grababa con el móvil a un grupo de extranjeros en un parque, preguntando a gritos si teníamos papeles".
Para él, la palabra "ilegal" ha pasado a definir toda su existencia.
"Te sientes culpable aunque intentes regularizarte con un abogado. Sientes que tu historia personal no pesa nada frente al objetivo político de 'cero ilegales'. Hacer limpieza con ese eslogan significa, en la práctica, romper vidas sin escucharlas".
El temor de Pablo no es infundado: a diferencia de otros países, Japón no establece un límite máximo para la detención administrativa de extranjeros, lo que puede derivar en encierros indefinidos en centros de internamiento mientras se tramita la expulsión, un 'limbo' que organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente como una vulneración de los derechos humanos.
Esta institucionalización de la sospecha ocurre, paradójicamente, en un momento en que Japón empieza a perder su capacidad de seducción internacional.
Según datos revelados este febrero por el Ministerio del Interior, la "tierra prometida" de Tokio está dando señales de agotamiento.
Por primera vez en cuatro años, el exceso de entradas en la capital se ha reducido drásticamente y, en un giro inédito, el número de extranjeros que abandonaron la ciudad superó al de los recién llegados.
Las estadísticas muestran una metrópoli que se vacía de niños, jubilados y, ahora, de residentes internacionales, con un saldo negativo de casi 400 personas en el último recuento.
Incluso en prefecturas como Shiga, que sobrevivía gracias exclusivamente a la llegada de extranjeros para compensar la despoblación, el nuevo clima de delación amenaza con dinamitar el equilibrio socioeconómico.
Japón se enfrenta así a una contradicción existencial.
Mientras la ministra Onoda incentiva a los ciudadanos a rastrear barrios como Ikebukuro o prefecturas como Saitama en busca de "ilegales" para cobrar sus 300 euros, los datos sugieren que el país está ahuyentando el capital humano que necesita para su propia supervivencia.
El contador de los 50.000 yenes sigue en marcha en las redes sociales, pero el coste real para el futuro de Japón podría ser incalculable.
Al final, la historia ha demostrado que incentivar la delación vecinal es abrir una caja de Pandora difícil de cerrar.
Si bien en los episodios más oscuros del siglo XX europeo la denuncia del 'otro' se alimentaba de la ideología o del expolio de las propiedades de los denunciados, el Japón de 2026 ha introducido un matiz 'mercenario': el pago directo en metálico. Al ponerle precio a la deportación del vecino, el Estado no solo busca eficiencia policial, sino que altera la estructura moral de la convivencia.
Conservadora y pro-rearme: cómo Takaichi rompió el techo de cristal para ser la primera mujer al mando de JapónEn su empeño por blindar las fronteras y 'limpiar' el interior, Japón corre el riesgo de ganar la batalla legal contra la inmigración a costa de perder la guerra por su propia supervivencia.
Al monetizar la sospecha, el país no solo expulsará a residentes como Pablo, sino que manda un mensaje al resto de extranjeros con residencia temporal y al mundo: la hospitalidad tiene un precio y la convivencia, una fecha de caducidad: la que aparece en la Zairyu Card (tarjeta de residencia) de cada uno de ellos.