Política andaluza
La clave del pacto: estabilidad a cambio de giro ideológicoEl acuerdo de gobierno garantiza a Juanma Moreno el voto conjunto de PP y Vox a cambio de asumir postulados contra la Agenda 2030, la inmigración o el diálogo social
Regala esta noticia Añádenos en Google Juanma Moreno y Manuel Gavira firman el pacto, con semblantes opuestos, el pasado jueves en el Parlamento. (Efe / Julio Muñoz)Sevilla
05/07/2026 a las 00:14h.Juanma Moreno tomará posesión este domingo de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía para un tercer mandato y lo hará después de ... que el PP y Vox suscribieran un pacto de estabilidad para los cuatro próximos años. El coste que Moreno asume un mes y medio después de haberse quedado a las puertas de una segunda mayoría absoluta no es menor. Supone una enmienda parcial al proyecto que viene encabezando desde 2018 y que dio en denominarse 'la vía andaluza'.
La piedra angular de la estabilidad parlamentaria queda fijada en el punto 150 del documento, denominado «Lealtad institucional y Comisión de Seguimiento». Mediante esta cláusula, ambas formaciones se comprometen a mantener una estricta unidad de voto en el Parlamento de Andalucía. Los representantes de PP y Vox actuarán conjuntamente en plenos y comisiones respecto a las iniciativas gubernamentales, los Presupuestos de la Comunidad, la convalidación de decretos-leyes y el rechazo a las comisiones de investigación propuestas por la oposición. Las discrepancias se dirimirán en una comisión bilateral obligatoria.
A cambio de este blindaje parlamentario, el acuerdo incorpora modificaciones normativas y presupuestarias sustanciales. Además del bloque migratorio, el que más polvareda ha levantado, las cesiones ideológicas y las reformas sectoriales afectan a cuestiones que hasta ahora habían caracterizado al modelo transversal y centrista impulsado por Juanma Moreno.
Enmienda a la Agenda Verde y el Marco Comunitario
El bloque medioambiental concentra una revisión de la normativa vigente. El Ejecutivo autonómico se compromete a suprimir los tres impuestos ambientales propios de la comunidad: el de bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. Asimismo, el pacto declara a Andalucía «libre de cargas derivadas del Pacto Verde», prohibiendo la creación de tasas vinculadas a la Agenda 2030 que afecten a los sectores productivos. A punto de asumir la presidencia del Comité de las Regiones, un organismo comprometido a fondo con los objetivos medioambientales de Bruselas, Moreno tiene ante sí un panorama complejo que condicionará su agenda europea.
En el plano institucional, la Junta trasladará formalmente al Ministerio de Agricultura y a las autoridades comunitarias su rechazo a la reforma de la PAC (2028-2034), una cuestión en la que la Junta ya se había posicionado, pero también a la condicionalidad climática. De igual modo, se elevará una posición de rechazo a las restricciones de días de pesca de la Política Pesquera Común y se modificará la Ley autonómica de Cambio Climático (Ley 8/2018) para eliminar las estructuras administrativas derivadas de su aplicación, reorientando los recursos a la gestión hidráulica e infraestructuras agrarias. También se prohíbe la financiación con fondos propios de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) municipales.
Diálogo social
El acuerdo altera el marco de relación con los agentes sociales mediante la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional. Esta medida supone un misil en la línea de flotación de una de las señas de identidad de la hasta ahora denominada vía andaluza de Juanma Moreno, el diálogo social. La medida se extiende a las entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva. En el ámbito cultural e histórico, los grupos parlamentarios sustituirán la actual normativa de memoria histórica por una nueva Ley de Concordia, una cuestión a la que hasta ahora el presidente andaluz se había resistido por entender que era necesario conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas.
Servicios públicos y sanidad
En el ámbito sanitario, se establece la obligatoriedad de realizar una auditoría anual, pública y desglosada, del coste de la atención prestada a la población extranjera, diferenciando su situación legal y los servicios utilizados (urgencias, hospitalización, atención primaria o farmacia). En educación, Andalucía cancelará su adhesión al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) a partir del curso 2027/2028.
Vivienda
El acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se someterá al principio de «prioridad nacional». Se exigirá un empadronamiento histórico mínimo de diez años en el territorio nacional para la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler. Los criterios de adjudicación valorarán preferentemente la trayectoria de cotización y la presencia de familiares de primer grado en la región. El acuerdo prevé la construcción de 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada.
Control migratorio
El documento recoge un rechazo a la política migratoria del Gobierno central y al reparto de inmigrantes. Entre las medidas de gestión directa, se acuerda la congelación de plazas en centros de menores extranjeros no acompañados, la reducción del gasto asociado y la dotación presupuestaria para pruebas de determinación de edad. Se implementará una auditoría anual de los fondos destinados a entidades que trabajan en este ámbito y se eliminarán las subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración irregular.
Antes de que finalice 2026, se endurecerá el régimen disciplinario en los centros de menores, se prohibirá el uso del burka y el nicab en dependencias públicas autonómicas y se creará un servicio específico para verificar el fraude en el padrón municipal, exigiendo además cambios normativos estatales para anular inscripciones sin título habilitante de la vivienda.
Reformas económicas, familiares e infraestructuras
Más allá de las contrapartidas de carácter ideológico, el pacto integra medidas de corte económico y sectorial. Se aplicará una rebaja progresiva del IRPF del 0,25% anual en los tramos inferiores a 60.000 euros, acumulando una reducción de un punto porcentual al término de la legislatura. Se diseñará un Plan Integral de Atracción Industrial (2028-2032) y se revisará la situación del personal laboral procedente de la extinta FAFFE, conforme a las resoluciones judiciales de estabilización.
En materia energética, el texto compromete a la Junta a vetar la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío o de valor agronómico, exigiendo informes vinculantes de impacto agrario. Asimismo, se pondrá en marcha un plan de modernización de infraestructuras hidráulicas enfocado en la eficiencia hídrica. Por último, se tramitará una nueva Ley de Familia enfocada en el fomento de la natalidad y el apoyo a familias numerosas y dependientes, sin mención explícita a los modelos monoparentales, y se suscribirán convenios con colegios de abogados para ofrecer asesoramiento jurídico frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El texto concluye vinculando la entrega de los fondos de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad (PATRICA) a la rendición efectiva de cuentas públicas por parte de los ayuntamientos.
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