- ANDRÉS STUMPF Bruselas
Bruselas pide acelerar la lucha contra el fraude en altos cargos y toma nota de un claro deterioro de la percepción de empresas y familias sobre la corrupción en el país.
La Comisión Europea aprieta a España para que acelere la implementación de las reformas llamadas a reducir los casos de corrupción. Según señala el Ejecutivo comunitario, aunque se han presentado planes y proyectos de ley, la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado.
"Se ha producido un progreso limitado en el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de los altos cargos ejecutivos", identifica Bruselas en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026. Se trata de un documento cuyas recomendaciones específicas para España no detallan casos de corrupción individuales, pero sí llaman la atención sobre deficiencias estructurales en el tratamiento de la corrupción de alto nivel.
El aviso llega en un momento en el que diferentes causas abiertas golpean al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez y a su entorno directo. En la edición anterior, la fecha de corte del informe llegaba justo antes de que la Comisión Europea pudiera tener en consideración escándalos como el que involucró a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Este año, sin embargo,el documento hace referencia a cuatro casos de corrupción activos en España por parte de la Fiscalía Europea y, sin señalar con nombres y apellidos, se especifica que estos casos de la EPPO involucran, entre otros, a antiguos miembros de las ramas ejecutiva y legislativa del Estado.
"El Tribunal Supremo denunció acusaciones de 'guerra judicial' (lawfare) y críticas personales dirigidas a sus magistrados, especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión", señala el informe, que también toma nota de que ha habido críticas a cargos políticos por parte de magistrados. "Según las normas europeas, si bien criticar las resoluciones judiciales es un aspecto normal del discurso democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia del poder judicial o la confianza del público en él", recuerda la Comisión, que pide que los órganos del Estado deben "actuar con respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales".
Percepción negativa
El Informe sobre el Estado de Derecho también sirve a la Comisión Europea para tomar nota de la percepción de la corrupción en cada país. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario destaca que España obtuvo 55 puntos de 100 posibles, lo que supone un deterioro frente a los 61 puntos que registraba en 2021.
El Eurobarómetro Especial de 2026 refleja que el 92% de los encuestados en España considera que la corrupción está extendida en el país, una cifra muy superior a la media de la Unión Europea (71%). Además, el 53% de los españoles afirma sentirse personalmente afectado por la corrupción en su vida diaria.
Entre las empresas la percepción es incluso peor, con el 85% de ellas considerando la corrupción como un problema generalizado. Además, un 62% opina que es un obstáculo real para sus negocios.
Las licitaciones y concesiones siguen siendo el área más vulnerable a los riesgos de corrupción. El 40% de las empresas españolas cree que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública en los últimos tres años.
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