La Comisión Europea va a estudiar si el procedimiento por el que se ha convertido en obligatoria solo en nuestro país se ajusta al derecho comunitario.
La baliza suele tener un coste de entre 30 y 40 euros.Onexus.- CARLOS ESPINOSA
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La baliza V-16 ha tenido su porción de detractores desde su implantación el pasado 1 de enero. Pero ahora es la Comisión Europea la que ha tomado parte en este debate sobre el nuevo sistema de seguridad. No para evaluar sus beneficios y analizar la conveniencia de usarla, sino para aclarar si el hecho de que nos obliguen a llevarla solo en España se ajusta al derecho europeo.
Carga económica
La petición, que ha sido lanzada por eurodiputados del Partido Popular, viene a decir que la obligación de llevar las balizas en España vulnera el Derecho de la Unión Europea, al imponer una carga económica solo a los conductores españoles y no a los de otros Estados miembros. Esto, según los demandantes, se trataría de una discriminación contraria al artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que no tendría una justificación objetiva.
La baliza permite señalizar la avería o accidente sin salir del coche.DGT.Además, la obligación de llevar la baliza V-16, siempre según los denunciantes, contravendría la obligación que tienen los gobiernos de informar respecto a los proyectos técnicos. Ello iría contra el artículo 258 del TFUE, que impone el reconocimiento mutuo de productos legalmente comercializados en otros Estados Miembros. Y ello, según argumentan, podría constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior.
Dispositivos fraudulentos
Además de la investigación sobre si esta imposición se ha hecho de acuerdo con el derecho comunitario, los demandantes exigen que se estudie la presencia masiva de dispositivos fraudulentos o que no cumplen con la homologación requerida, alegando que no se ha ejercido un control adecuado por parte del Gobierno de España respecto a la homologación y distribución de estos dispositivos.
No obstante, la Comisión Europea no ha emitido, al menos de momento, ningún informe que ponga en duda la legalidad de la baliza V-16, ni del procedimiento por el que se ha convertido en obligatoria en nuestro país. Aun así, ya ha comunicado que informará sobre ello sin mucha tardanza.
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