La patronal estima que el sobrecoste en las obras de carreteras escalan hasta el 30%. La CNC reclama a Hacienda cambios normativos para permitir mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos.
El pulso de la inflación que ha endurecido el conflicto bélico en Oriente Próximo pone en jaque el despeño de las empresas constructoras que enfrentan aumentos de costes de producción que pueden resultar en demoras o incluso abandonos, tanto de obras públicas como privadas. En el caso de las contratadas con la Administración, además, el problema es doble ya que se suma la rigidez a la hora de poder actualizar los precios de las licitaciones ante eventuales incrementos de costes por la Ley de Desindexación.
Es por ello que desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han trasladado al Gobierno su "máxima preocupación" tras las última revisiones del IPC emitidas por el Banco de España, que sitúan los avance para este año en el 3,6% y en el 2,6% en 2027. Más aún después de que el supervisor haya detectado efectos de segunda que seguirán impulsando los precios aun en un escenarios de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que permita una moderación del precio del combustible.
En este punto, la CNC ha remitido una carta a Moncloa pidiendo una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos.
La patronal alerta de que la crisis energética derivada del conflicto bélico ha afectado ya al 90% de las constructoras españolas. Un 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.
Mantenimiento de carreteras
Según la organización dirigida por Pedro Fernández Alén, se encuentran en una situación especialmente delicada estarían, por ejemplo, muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras, donde los sobrecostes medios son del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en las de rehabilitación de firmes. La patronal recuerda que estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026.
"La patronal ve esta cuestión especialmente delicada para las operaciones veraniegas de rehabilitación de firmes", señala la CNC en un comunicado emitido ayer.
Recuerdan en este sentido que precisamente la construcción está entre los sectores más expuestos al incremento de costes. Más allá de que estas empresas sufren los daños colaterales de la inflación, como por el encarecimiento del transporte y de las materias primas, solo los costes energéticos afectados, entre otros por el encarecimiento de los combustibles, representan en torno al 30% de sus costes totales.
Medidas de apoyo
Ya en marzo, la patronal advirtió de que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado -incluidos los energéticos y de mano de obra- se producen o licitaciones desiertas o retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones. Y de que si la guerra se prolongaba y derivaba en un shock energético, recuperar el mecanismo para revisar los precios de los contratos resultaría determinante para las empresas de la construcción.
Por ello, CNC espera que el próximo paquete de medidas económicas incorpore soluciones que den respuesta a la situación que atraviesa el sector y, en particular, que el Ministerio de Hacienda impulse los cambios normativos necesarios para permitir mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos. "A juicio de la patronal, esta medida resulta esencial para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, que no deben repercutir solamente en una parte del contrato", señalan.
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