Agentes de emergencia atienden a los 60 migrantes, muchos de ellos menores, llegados en patera al muelle de Arrecife, en Lanzarote (Canarias). EP
Política CRISIS MIGRATORIA La crisis de menas que no cesa: han llegado 811 y sólo han salido 701 de Canarias un año después del decretazo para su trasladoEL ESPAÑOL accede al documento oficial de la Consejería de Bienestar Social de Canarias que, a fecha de 16 de marzo, confirma que sólo tres menores han sido trasladados a Cataluña y ninguno al País Vasco.
Pasado un año del inicio del 'reparto', las islas siguen multiplicando por ocho su capacidad ordinaria de acogida de menores.
Más información: El Gobierno alega problemas de Presupuesto para no poner los medios de control que eviten la regularización de delincuentes.
Alberto D. Prieto Publicada 23 marzo 2026 02:24hLas claves nuevo Generado con IA
La crisis migratoria en Canarias, lejos de solucionarse, no cesa. Y el Gobierno de las islas lamenta las "trabas, cuando no trampas" del Ejecutivo central para "cumplir sus propios compromisos".
EL ESPAÑOL ha accedido a las estadísticas oficiales de tutela de menores extranjeros no acompañados (menas), y han llegado más de los que han salido.
Concretamente, las "nuevas llegadas" se cifran en 811 chicos y chicas desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y sólo han sido trasladados a la Península 701 de ellos, a través de esta vía, de los 1.153 expedientes enviados.
Hace ahora un año, Canarias alojaba y tutelaba más de 5.800 menores, con una "sobresaturación" del 670% en sus 81 centros.
Además, entre ellos, "no menos de 1.200 son solicitantes de asilo", lamentaba entonces Fernando Clavijo, presidente de las islas, "y son responsabilidad del Estado, no nuestra".
Después de "dos años sin atender ni social ni económicamente su obligación constitucional", Moncloa pactó con Junts y PNV su decretazo para trasladar a los menas a otras Comunidades Autónomas.
La citada reforma permitía declarar la llamada "contingencia migratoria". Y pese a los recursos de todo tipo de las CCAA afectadas –esencialmente, gobernadas por el PP, porque Cataluña y País Vasco quedaron exentas–, se puso en marcha el mecanismo.
Moncloa acuerda con Canarias la salida de 4.000 menas a la península y el PP exige que los tutele el Gobierno, no las CCAATambién hace un año, el Tribunal Supremo dictó un auto en el que le daba "un plazo improrrogable de 10 días" al Gobierno para que se hiciera cargo de los 1.200 menores peticionarios de asilo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez "lo incumplió reiteradamente" hasta que se vio obligado por otras resoluciones del TS.
"Emergencia humanitaria"
Cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, Canarias sólo tenía capacidad ordinaria para 737 plazas, rellenas con ocho menores por cada una de ellas. Clavijo denunciaba una "emergencia humanitaria" sin respuesta de Madrid.
El texto se convalidó en el Congreso el 10 de abril de 2025 con 179 votos a favor —PSOE y sus socios— y 170 en contra del PP y Vox. El encargado de pilotar esta fase de la crisis fue Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.
Él es el interlocutor designado por Sánchez ante la exigencia de Clavijo de tener una sola voz con la que discutir, ya que hasta cinco ministerios tienen competencias en migración: Interior, Exteriores, Defensa, Inclusión e Infancia y Juventud.
Se fijó una ratio de acogida de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Pero se añadió un factor corrector de "esfuerzo previo" de las autonomías... y sobre esa base, ni Cataluña ni el País Vasco quedaron obligadas a recibir menores en el reparto extraordinario.
A pesar de que el PP gobierna con Coalición Canaria en las islas, las regiones del PP cuestionaron la objetividad del cálculo y acusaron al Gobierno de diseñar los criterios "a medida" para contentar a sus socios independentistas. No sólo eso: Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León recurrieron el "decretazo".
Un año después, los datos oficiales del Gobierno de Canarias les han dado la razón: sólo tres menores han sido trasladados a Cataluña y ninguno al País Vasco.
En la parte alta de la tabla se sitúan Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Suman casi la mitad de los traslados ejecutados.
Objetivo: 3.000 en un año
El 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó un decreto de desarrollo que concretó los mecanismos del sistema. Y el 28 de agosto se declaró formalmente la "contingencia migratoria extraordinaria" en Canarias, Ceuta y Melilla, con un objetivo explícito: reubicar en un año a alrededor de 3.000 menores.
El umbral para dar por superada la crisis se fijó en 2.211 menores tutelados en Canarias, el triple de la capacidad ordinaria. Hoy, gracias a los traslados y a que muchos menores han cumplido 18 años, la presión ha bajado, pero Canarias sigue tutelando a 3.536 menas.
Comunidad Autónoma Total Disp. Adic. 1ª Art. 5 Madrid 119 69 50 Andalucía 100 43 57 Comunitat Valenciana 98 47 51 Galicia 70 32 38 Aragón 62 33 29 Castilla-La Mancha 45 28 17 La Rioja 42 19 23 Región de Murcia 37 18 19Más de 1.300 por encima del umbral fijado para desactivar la contingencia. O más claramente, las islas siguen multiplicando por ocho su capacidad ordinaria de acogida de menores.
Según el documento estadístico oficial de la Consejería de Bienestar Social canaria, fechado el 16 de marzo de 2026, el total de menores trasladados desde Canarias por el mecanismo de la contingencia asciende a 701.
De ellos, sólo 348 son chicos y chicas que ya estaban en las islas al aprobarse el decretazo, es decir que salieron por la vía de la Disposición Adicional Primera. Y otros 353 lo hicieron por el canal del artículo 5, que regula las nuevas llegadas.
El dato clave es que, en el mismo periodo, se han abierto 811 expedientes por nuevas llegadas: han entrado más menores en el sistema de los que han sido derivados a la Península.
El cuadro oficial refleja además que todavía quedan 423 expedientes pendientes de traslado.
Y detalla tres bolsas que dependen directamente del Estado: 476 menores integrados en la red de asilo, 150 con procedimientos de protección internacional en recurso. Además, hay 276 expedientes cerrados porque los chicos han cumplido la mayoría de edad sin haber sido reubicados.
Comunidad Autónoma Total Disp. Adic. 1ª Art. 5 Castilla y León 35 14 21 Navarra 23 11 12 Asturias 23 11 12 Cantabria 22 8 14 Extremadura 18 10 8 Islas Baleares 4 3 1 Cataluña 3 2 1Para el Gobierno de Canarias, estos números confirman que la solución política diseñada por Moncloa "no ha resuelto el colapso" de su red de protección.
La comunidad mantiene un volumen de menores muy por encima de su capacidad y ve cómo los plazos y los compromisos se estiran sin que la carga asistencial disminuya al ritmo prometido.
La versión de Torres
Frente a esos datos, el ministro Torres ofrece un relato distinto, uniendo cifras. El 19 de marzo de 2026, en una comparecencia en Melilla, el ministro anunció como un éxito político que el Gobierno prorrogará el sistema de reubicación hasta agosto de 2027 mediante un nuevo real decreto.
La realidad, explican fuentes del Ejecutivo insular, es que "no le queda más remedio, por incumplimiento".
Torres defendió la reforma como un "hito histórico" su trabajo de estos meses. Y aunque reconoció que Canarias, Ceuta y Melilla "mantienen la contingencia", según el Gobierno central, "de facto ya han salido del hacinamiento".
Torres halló el modo de dar una cifra llamativa, sumando los menores del decretazo a los que el Supremo le obligó a asumir. Y cifró en 1.143 los menores reubicados.
En su balance, se habría pasado "de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz". Aun así, reconoció un dato demoledor: quedan al menos 3.800 menores pendientes de reubicación entre los tres territorios.
Los solicitantes de asilo
Una semana después del pacto con Junts para el decretazo, que se acompañó de la proposición de ley conjunta con el PSOE para el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, el Tribunal Supremo emitía una resolución demoledora.
Caos en el primer reparto de menas de Canarias: CCAA que reciben expedientes erróneos o chicos que cumplen 18 en díasEl 25 de marzo, la Sala Tercera dictó un primer auto de medidas cautelares obligando al Estado a asumir la atención de más de un millar de menores no acompañados que habían solicitado asilo en Canarias.
El Supremo recordó que la Ley de Asilo y el reglamento del Sistema Nacional de Acogida atribuyen al Estado, y no a las CCAA, la responsabilidad sobre los solicitantes de protección internacional.
En consecuencia, ordenó a la Administración central garantizar en un "plazo improrrogable" de diez días el acceso de esos menores al sistema estatal. Y lo hizo argumentando que el "hacinamiento" en los centros canarios era "indudable" e "incompatible" con el interés superior del menor.
El Gobierno incumplió ese primer plazo y fue acumulando retrasos. En junio de 2025, un segundo auto constató el "claro incumplimiento" de la orden inicial y recordó al Ejecutivo la posibilidad de imponer medidas coercitivas a los responsables ministeriales.
En octubre, un tercer pronunciamiento calificó de "manifiestamente inadmisible" el ritmo de derivación cuando apenas 256 menores habían pasado al sistema estatal siete meses después del primer mandato.
El conflicto se extendió a Madrid a finales de año. En diciembre de 2025, el Supremo dictó un nuevo auto dando 30 días al Gobierno para que se hiciera cargo de menores solicitantes de asilo tutelados por la Comunidad de Madrid.
Cuarenta días después, el Ejecutivo regional denunciaba que las citas se estaban fijando para fechas posteriores a la mayoría de edad de los chicos, lo que en la práctica suponía esquivar la obligación de incorporarlos al circuito estatal.
Recursos de inconstitucionalidad
En todo este tiempo, varias comunidades del PP han convertido el decretazo en un campo de batalla constitucional.
El TC ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad de Madrid, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Alegan invasión competencial, vulneración del reparto de poderes y trato discriminatorio en la asignación de cupos.
Esos recursos siguen pendientes de resolución y añaden incertidumbre sobre el futuro del sistema de reubicación más allá de 2027. Si el Constitucional tumba la reforma, las islas volverían a la casilla de salida sin un mecanismo estatal claro de reparto obligatorio.
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