El testimonio de dos empleadas del PSOE acercó ayer al partido a una imputación en el caso Cloacas de la Audiencia Nacional. Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro comparecieron como testigos ante el juez Santiago Pedraz, que investiga las maniobras de la fontaneraLeire Díez para sabotear las causas judiciales que afectaban al PSOE y el Gobierno. Por orden de Santos Cerdán, ellas gestionaban los viajes de Díez que acababa pagando el partido. En el interrogatorio se les preguntó por el sistema de control de pagos de viajes que se seguía en el partido. Según fuentes conocedoras de la declaración, indicaron que existía un documento de 40 páginas sobre cómo debían actuar, pero que no le hacían apenas caso porque no lo necesitaban en su día a día.
La demostración de que tenía en marcha un procedimiento de cumplimiento normativo y que éste se aplicaba de forma eficaz es la baza que tiene el partido para que la investigación a sus dirigentes no le acabe arrastrando a la imputación. La obligación de instaurar el compliance penal se activó en una reforma de 2015. El del PSOE se aprobó en 2018, con el hoy condenado José Luis Ábalos como secretario de Organización.
Por su sucesor en el puesto preguntaron ayer a las testigos. Declararon que las reuniones de Santos Cerdán con la fontanera no quedaban registradas en la agenda del entonces responsable de Organización. Añadieron que era Cerdán quien les decía que compraran billetes de tren o avión para Leire Díez o que gestionaran el acceso al garaje de la sede central del partido en la calle Ferraz.
Rodríguez y San Pedro comparecieron ante el juez en calidad de testigos, si bien inicialmente habían sido imputadas por el magistrado por su relación con las actividades de la fontanera. Como testigos -y por tanto con la obligación de responder a todas las preguntas-, señalaron a Cerdán como responsable de todas las gestiones relacionadas con la fontanera, según fuentes conocedoras de la declaración.
El caso de Díez era excepcional y cada gestión requería autorización individual de Cerdán, según corroboraron ambas. Rodríguez y San Pedro tenían el mismo puesto en el área de Organización del partido y cubrían turnos distintos.
En su breve declaración ante el instructor -menos de una hora entre ambas- explicaron que autorizaron numerosos accesos de Díez al aparcamiento de la sede central. La UCO en sus informes habla de 18 visitas. Añadieron que el hecho de que aparcara en Ferraz no implicaba una reunión con el dirigente del PSOE, ya que en ocasiones dejaba allí su vehículo y se marchaba. Respecto a las reuniones con el entonces secretario de Organización, indicaron que recordaban dos o tres. En ellas estuvo también el empresario Javier Pérez Dolset y Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán.
El día del registro de Ferraz, la UCO intervino los teléfonos de las dos testigos. Finalmente, el juez no autorizó el acceso a su contenido, si bien pidió a ambas que permitieran a los investigadores revisar los mensajes cruzados con Díez, Cerdán y Juanma Serrano (investigado por la supuesta corrupción en la Sepi) y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
A quien el juez sí decidió mantener como investigada es a la gerente, que está citada el próximo 9 de septiembre. Durante el periodo investigado por Pedraz ella era, precisamente, la responsable del cumplimiento normativo del PSOE.
Aunque las acusaciones preguntaron ayer por Fuentes a las testigos, ambas fueron imprecisas en sus respuestas, según las mismas fuentes. No aclararon cómo funcionaba la fase final de autorización del pago de los billetes de Leire Díez. Se limitaron a decir de forma genérica que de ello se encargaba el área de administración del partido.
Además de por la investigación del caso Cloacas -una rama de la causa por presunta corrupción en la Sepi-, el PSOE corre el riesgo de ser imputado por la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Por orden del Tribunal Supremo, el juez Ismael Moreno abrió una pieza separada, aún bajo secreto, sobre el trasiego de efectivo en la sede de Ferraz.