Este vídeo es exclusivo para suscriptores.
Disfruta de acceso ilimitado
¿Ya tienes una suscripción? Inicia sesión
Begoña Gómez. Foto y vídeo: EP La defensa de Gómez recurre la decisión de sentarla ante un jurado: solo se le investiga por «ser cónyuge»Acusa a Peinado de mantener una «voluntad inquebrantable» de proseguir con la causa pese a la ausencia de indicios
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Jueves, 26 de marzo 2026, 10:36 | Actualizado 12:49h.
sentarla ante un jurado acusada de haber construido su carrera profesional ... gracias a la influencia de su marido tras su llegada a Moncloa. La defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un recurso de reforma en el que reclama a Peinado que anule su auto, mediante el cual la semana pasada se acordó transformar las diligencias previas en un procedimiento propio del Tribunal del Jurado. persiste en investigar a Gómez «con una voluntad inquebrantable», a pesar de que, según su criterio, no existen indicios delictivos sólidos, y concluye que la única motivación de la causa es el hecho de «ser cónyuge del presidente del Gobierno».El recurso de la esposa de Sánchez se produce después de que el juez Peinado dictara un auto de 46 páginas en el que unifica todas las líneas de investigación —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo— para que sean juzgadas por ciudadanos particulares. El magistrado justificó este paso al considerar como «verdaderamente trascendental» en su investigación el matrimonio de Gómez con Pedro Sánchez en 2006, señalando que, tras la llegada de este a la Presidencia en junio de 2018, se produjo un cambio «inmediato y significativo» en su trayectoria profesional.
En su fundamentación, el magistrado Peinado hacía hincapié en que la instrucción ha revelado indicios de una «clara desviación de poder» en el uso de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) como epicentro de las actividades bajo sospecha. El instructor sostenía la pasada semana que Gómez aprovechó su «interlocución singular» con responsables de la universidad pública y empresas patrocinadoras para «ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional». El auto resaltaba que, para la «creación, financiación, desarrollo y consolidación» de dicha cátedra, la investigada contó con la «intervención operativa» de la asesora de Presidencia Cristina Álvarez y la colaboración del empresario Juan Carlos Barrabés.
Frente a esta tesis, la defensa de Gómez tilda de «absolutamente incorrecto» el argumento del juez sobre el giro profesional de su cliente en 2018. El letrado recuerda que su representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde el año 2014, cuando Sánchez no era presidente. «Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark», abunda el recurso, subrayando que no fue la llegada al poder de su cónyuge lo que motivó su actividad docente, sino su experiencia previa, tal como «han manifestado, de forma reiterada, los responsables de la Universidad Complutense que han declarado en el seno del procedimiento». El abogado insiste en que el instructor pretende «construir 'ab initio' el relato del presunto tráfico de influencias», partiendo de una «inexactitud» que parece consciente.
«Olvidos, demasiados olvidos»
El recurso incide en que el juez Peinado intenta fundamentar la acusación mediante una narrativa que carece de apoyo probatorio. En este sentido, la defensa califica de «absolutamente falaz» el intento de establecer una conexión delictiva entre Gómez y Barrabés a través de la cátedra. Mientras el juez sostiene que Gómez hizo valer su condición para mantener una «interlocución singular» con patrocinadores y que usó su relación con Barrabés para la «creación, financiación, desarrollo y consolidación» de la cátedra, la defensa asevera que el conglomerado de Barrabés ni siquiera llegó a suscribir acuerdos de colaboración con dicha cátedra.
Camacho destaca en su escrito que «solo hay conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno o que están absolutamente excluidas por elementos que constan en la causa», y denuncia que el magistrado incurre en «olvidos, demasiados olvidos» al valorar las pruebas de descargo.
Respecto a las reuniones en el Palacio de la Moncloa, que el instructor sitúa como el escenario donde se «habrían urdido el resto de actividades» bajo sospecha tras la pandemia, la defensa de Gómez tilda de «anecdótico» que el primer encuentro con el rector de la UCM se produjera allí. «No tiene trascendencia si tenemos en cuenta que la cita se produjo en julio de 2020, en plena pandemia del coronavirus y con la Escuela de Gobierno de la UCM cerrada», justifica el abogado. El exministro del Interior insiste en que no existe beneficio económico, requisito del tráfico de influencias, dado que la dirección de la cátedra «no conllevaba ninguna retribución y los fondos aportados por las empresas pasaron directamente al patrimonio de la Complutense».
El escrito también aborda los delitos de corrupción en los negocios e intrusismo. Sobre el primero, la defensa califica de «problema irresoluble de tipicidad» que se pretenda encajar en un tipo penal que sanciona la corrupción entre particulares la captación de fondos para una universidad pública. En cuanto al intrusismo por la firma de pliegos técnicos, el recurso invoca el testimonio de la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez Vierna, quien declaró que la firma se realizó conforme a la norma que exige la rúbrica del jefe de la unidad administrativa, cargo que ostentaba Gómez como directora de la cátedra. La defensa recalca que en el auto «no existe una mínima delimitación de cuáles son los hechos que se imputan a cada uno de los encausados», lo que, a su juicio, genera una grave indefensión.
«Comida» y «prevaricación»
Uno de los puntos más controvertidos de la instrucción es el relativo a la malversación de caudales públicos, centrado en la figura de María Cristina Álvarez, asesora de Presidencia. El juez Peinado destaca indicios de que Álvarez participó en tareas de la «esfera privada» de Begoña Gómez. La defensa responde que no hay indicio de delito y que la presencia de la asesora en reuniones respondía a funciones de protocolo y seguridad. Los correos enviados desde su cuenta particular se justifican por una «amistad» puntual, sin afectar a sus deberes públicos. Camacho advierte, además, que no existe un estatuto regulado para la cónyuge del presidente y que la interpretación del juez «supondría que el personal de servicio de La Moncloa, que, por ejemplo, hiciera la comida y se la sirviera a mi representada, cometería un delito de malversación».
Finalmente, la defensa de Begoña Gómez alerta sobre el riesgo de vulnerar el derecho al juez imparcial si la causa llega a un jurado popular. Sostiene que, al tratarse de un asunto «muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública», el juicio paralelo generado por la «acción persistente y continuada de los medios de comunicación» podría contaminar el veredicto. Por todo ello, lamenta que en el auto de Peinado se mantenga la «voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla», y reclama que se ponga fin a un procedimiento que, según el escrito, «vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
Iniciar sesión Más información¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
- Temas
- Pedro Sánchez