La N-II, que atraviesa La Jonquera (Gerona) antes de llegar a Francia con su macroprostíbulo Paradise, de 2.700 metros cuadrados, es uno de los pocos brazos del Leviatán que constituye la prostitución en España. Los esqueletos de hormigón y ladrillo custodios de otras carreteras nacionales llevan al equívoco de pensar que el negocio se ha evaporado, pero el fenómeno que albergaban (la trata y explotación sexual, cuyo día conmemorativo es el 23 de septiembre), se ha desplazado hacia lugares menos visibles, como pisos y espacios digitales dificultando su cuantificación.
Esta es una de las dificultades a las que se enfrentan las administraciones cuando intentan medir la trata y la explotación sexual en España. El propio Ministerio de Igualdad tuvo que recurrir al análisis de más de 650.000 anuncios para aproximarse a una realidad que considera una población oculta y de difícil acceso. En 2023 identificó 114.576 mujeres diferentes en anuncios de prostitución y estimó que entre 9.764 y 17.639 podían encontrarse en riesgo de trata con fines de explotación sexual.
La cifra, sin embargo, no equivale al número de víctimas. Tampoco prostitución, explotación sexual y trata son categorías intercambiables. En el lado de la investigación policial, 2025 dejó 413 operaciones contra la trata y la explotación. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores, detuvieron a 1.056 personas y desarticularon 112 organizaciones y grupos criminales; y cifran en 7.830 las personas en situación de riesgo.
Cuando se mira únicamente la explotación sexual, el balance registra 374 víctimas liberadas de redes de trata con fines de explotación sexual y otras 397 víctimas de explotación sexual en las que no se pudo demostrar la existencia de una red de trata. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil, según datos del ministerio, realizaron 1.734 inspecciones en lugares de ejercicio de la prostitución.
La geografía de las inspecciones tampoco es uniforme. Madrid fue la comunidad donde más aumentaron respecto al año anterior (de 59 a 136 en un solo año, un 130,5%), mientras Castilla y León (248), Andalucía (242) y la Comunidad Valenciana (171) concentraron el mayor número de actuaciones. Cuando se ajustan los datos a la población, aparece otra geografía de la vulnerabilidad, donde Castilla y León -con 42 personas por cada 100.000 habitantes se encontraban en situación de riesgo de caer en manos de redes de proxenetismo- posee la tasa más elevada del país.
Las víctimas de trata sexual detectadas son en su mayoría de nacionalidad extranjera y extracomunitarias: Colombia (202) y Venezuela (69) . Lo que también muestra como problema de fondo la falta de garantías de la Ley de Extranjería aprovechada por los proxenetas -en nuestro país, mayoritariamente españoles (142), colombianos (103) y venezolanos (44) en base a las detenciones por trata sexual de 2025- para captar víctimas en situaciones de vulnerabilidad e irregularidad administrativa.
España es, a juicio de Begoña Vera, filósofa y activista feminista especializada en trata con fines de explotación sexual, un «Estado proxeneta, el primero en Europa en consumo y demanda de prostitución donde cuatro de cada diez hombres confiesan abiertamente consumir prostitución». No existe un perfil de putero, no responde a ninguna «clase social, ni educación». «Para que ninguna mujer tenga que recurrir a la prostitución para sobrevivir, necesitamos garantizar derechos, vivienda, regularización, formación, empleo y recursos económicos», agrega Amelia Tiganus, escritora, activista feminista y superviviente de trata de mujeres, «y necesitamos también transformar la educación sexual y el modelo de masculinidad que normaliza que el deseo masculino pueda satisfacerse pagando».
Es sobre ese territorio difícil de medir sobre el que España lleva años intentando decidir qué hacer. El debate político enfrenta dos concepciones sobre la prostitución y sobre la respuesta que debe dar el Estado. «El debate político es interesado para que el Estado se siga beneficiando del dinero que genera el sistema prostitucional, el turismo sexual que hay en España», afirma Vera.
En 2015, en su programa electoral, el PSOE marcó como objetivo en su programa electoral abolir la prostitución -planteando por primera vez de forma oficial sancionar a los clientes y perseguir el proxenetismo- al considerarlo una forma de violencia contra las mujeres. Durante tres años lo plantearon como una cuestión «urgente», pero la entrada en el Gobierno de socios, como Sumar o Podemos, frenaron los aires abolicionistas punitivos al llevar por bandera un feminismo idealista para el cual las mujeres -obligadas a prostituirse- han de estar en el foco y centro del debate, procurando evitar que sean penalizadas y defendiendo un garantismo en materia de derechos sociales y laborales. «Un trabajo no es esto», dice Vera, «duele cuando gente de la izquierda te habla de que esto es un trabajo y de los derechos laborales, que se pongan ellos en una habitación y se dejen penetrar entre 16 y 20 veces al día y después ya hablamos, a ver si les parece un trabajo como cualquier otro».
Además, las contradicciones entre el discursos y las prácticas en el ámbito político también adquieren una dimensión especialmente incómoda para el PSOE por partida doble. En 2025, unos audios entre Koldo García difundidos por los medios mostraron al entonces ex ministro José Luis Ábalos hablando sobre mujeres («A la Ariatna, que está bien, que está recién, está bien, está perfecta» o «No sé, la Carlota, se enrolla que te cagas», decían) en un contexto de aparente consumo de prostitución, conversaciones que suscitaron críticas dentro del propio partido. «Escuchar a hombres con responsabilidades políticas hablar de mujeres de esa manera resulta especialmente grave por la enorme contradicción entre defender públicamente la igualdad y reproducir en privado esa lógica de cosificación», afirma Tiganus. A ello se sumaron informaciones sobre los supuestos negocios de Sabiniano Gómez (padre de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez) en clubs de alterne. «El feminismo no puede ser únicamente un discurso institucional; tiene que atravesar también las prácticas y las conductas», sentencia Tiganus.
DATOS
413 OPERACIONES. En 2025, las FCSE llevaron a cabo intervenciones por toda la geografía española.
1.056 DETENIDOS. El CITCO muestra que en, al menos, 416 y 240 detenciones se constató trata y explotación sexual, respectivamente.
1.869 LIBERADAS. Los agentes consiguieron rescatar este total de víctimas, entre las que encontraron a 28 menores.
66'5% MÁS DE RIESGO. Desde 2021, las personas en riesgo de trata y explotación sexual han pasado de 4.704 a 7.830, según Interior.