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Ignacio Morchón Vaquero, uno de los acusados, en el cementerio El Salvador. A. Mingueza La estafa de los ataúdes: revendían flores y miles de féretros que no incineraban'Operación Ignis' ·
La Audiencia de Valladolid acogerá hasta junio el juicio por el fraude que un grupo funerario llevó a cabo entre 1995 y 2015Jenifer Santarén
Valladolid
Sábado, 18 de abril 2026, 00:36
... las páginas de los periódicos y llenó horas de televisión. Lo que aquel último día de enero de 2019 convirtió a la ciudad castellana en el epicentro mediático del país era el culmen de la 'Operación Ignis', 'fuego' en latín. La Policía llevaba dos años siguiendo el rastro de la denuncia por extorsión que la familia Morchón Vaquero, regente de la empresa de pompas fúnebres, había presentado en 2017 contra el que fuera encargado de uno de sus hornos crematorios durante cuatro lustros. Justo Martín se había jubilado dos años antes y desde entonces no paraba de exigirles el pago de una contraprestación económica con la que complementar su escasa pensión. A cambio prometía seguir guardando silencio sobre la supuesta actividad ilícita que habría desempeñado en la funeraria desde 1995: dar el cambiazo de los féretros de los fallecidos que se iban a incinerar para revenderlos.Una treta casi perfecta que difícilmente se hubiera destapado de no ser porque el extrabajador amenazó con tirar de la manta en dos cartas dirigidas al magnate del imperio funerario, Ignacio Morchón Alonso. Esas misivas, en las que se le exigía el pago de lo que le correspondía «por todo lo robado», fueron incorporadas al procedimiento por extorsión, desencadenando las pesquisas policiales de agosto de 2017, cuando agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la vivienda de Martín. Allí, en una bolsa de deporte escondida en el sótano, hallaron tres ficheros con decenas de partes de defunción con una anotación manuscrita en la que se podía leer 'incineraciones que se debían haber hecho en el tanatorio pero se hacen en el cementerio, sin caja', así como 26 libretas en las que se daba cuenta de los supuestos cambiazos, documentados entre 1998 y 2015, y fotografías de fallecidos.
6.000 ataúdes
fueron robados durante al menos dos décadas para ser reutilizados.
El extorsionador remitió algunas de estas pruebas a través de una aplicación de mensajería a su exjefe, a fin de hacerle partícipe del material de que disponía, pero su maniobra no funcionó y acabó condenado a una pena mínima por chantaje. Fue entonces cuando abrió la caja de los truenos para la familia Morchón Vaquero, que siete años después se sienta en el banquillo de los acusados, junto a una veintena de trabajadores de la funeraria.
Profanación de cadáveres
La Audiencia Provincial de Valladolid dirime desde marzo, en un juicio que se prolongará hasta junio, si esas revelaciones del antiguo trabajador de El Salvador son ciertas. Objeto del fallo judicial será también la supuesta apropiación para su reutilización de los arreglos florales de cerca de 900 sepelios a la que también apunta la Fiscalía, que solicita para todos ellos penas que suman 200 años de privación de libertad y el pago de multas e indemnizaciones millonarias a los familiares de los finados por la comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida, blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a grupo criminal.
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Agentes sacan cajas repletas de documentación de las instalaciones del tanatorio. R. GómezLa acusación sitúa a la cabeza de este entramado a Ignacio Morchón padre, quien ideó «un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible a costa de los usuarios de los servicios prestados por las empresas» y por el que habrían obtenido unas ganancias de más de cuatro millones de euros. También a su esposa, María del Rosario Vaquero, cofundadora del grupo fúnebre que comenzó a cimentarse en 1985 y que se encontraba en plena expansión cuando todo estalló. Durante los registros de 2019 los investigadores hallaron en el domicilio familiar casi un millón de euros en efectivo. Un montante que, en una de las primera sesiones del juicio, la contable de la funeraria relacionó con la recaudación de la caja de la cafetería del tanatorio y de los arreglos florales, que se pagaban en efectivo. Ignacio Morchón Alonso, dijo, era un «empresario de los de antes» que no distinguía «entre el dinero de su bolsillo y el de la empresa».
4 millones de euros
son las ganancias que, al parecer, consiguieron los gestores de la funeraria con sus prácticas ilícitas.
Ninguno de los principales protagonistas de esta historia podrá comparecer ante el tribunal que juzga estos hechos. Justo Martín fue localizado muerto en el patio de la casa de Santovenia, donde se quitó la vida en agosto de 2024 a los 74 años. Dos años antes, en octubre de 2022, perecía Ignacio Morchón padre, con 77 años, durante el transcurso de la investigación. Si lo harán su esposa y sus tres hijos, que tomaron el relevo en la dirección y la gerencia de distintas sociedades del negocio familiar tras la jubilación de su padre en 2010. Fue entonces cuando se puso en marcha un nuevo crematorio en Valladolid, bajo la batuta de Ignacio Morchón hijo, quien «lejos de poner fin a estas prácticas» las mantuvo.
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