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Una paciente se somete a una mamografía. SurSevilla
Martes, 10 de febrero 2026, 00:44
... victorias se producen cuando una denuncia es admitida a trámite y los aludidos son citados a declarar -a veces ni siquiera como investigados, sino como testigos-, y se consigue la foto del adversario político entrando o saliendo de los juzgados. La derrota llega, si la denuncia no está suficientemente fundamentada, cuando la causa se archiva. Puede haber quien considere que conseguir instalar la sospecha de que si hubo denuncia algo raro debe haber y que la decisión judicial de no seguir adelante obedece a las inclinaciones políticas de quienes ejercen en los tribunales. Así se suele justificar continuar con la estrategia.No es difícil por ello advertir que existe un empeño en las filas socialistas por encontrar 'los ERE del PP' y la búsqueda se concentra no inocentemente en el área de la sanidad, la que más críticas, fundamentadas, genera en la población por el evidente deterioro que viene sufriendo ese servicio público en los últimos años, incluso antes de que se produjera el cambio político y especialmente agravado después de la pandemia.
La judicialización de la política tiene el riesgo de conceder victorias efímeras y derrotas estratégicas
El PSOE y el resto de la oposición de izquierdas sufrió esta semana su tercera derrota consecutiva en los tribunales y todos ellos han estado relacionados con denuncias penales relacionadas con la sanidad. Primero fue con la presentada por AMAMA sobre supuestos cambios en los historiales médicos de mujeres sometidas al programa de cribado de cáncer de mama. La Fiscalía concluyó que no hubo ni alteración, ni borrado de historiales clínicos que denunciaba la asociación con el respaldo de toda la oposición de izquierdas en algunos casos con intervenciones subidas de tono.
Contratos de emergencia
El segundo vino, recientemente, cuando Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla decretó el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento iniciado tras sendas denuncias del PSOE y de Podemos sobre los contratos de emergencia del SAS, que involucraban a la actual gerente del SAS y a sus dos antecesores. El caso se había convertido en el principal ariete de la oposición contra el Gobierno de la Junta después de que una querella fuera admitida a trámite en octubre de 2024. Durante más de un año, esa admisión a trámite fue aludida permanentemente como prueba irrefutable de delitos cometidos desde el Gobierno andaluz en el marco de un proyecto oculto para privatizar la sanidad.
El instructor concluyó que ni en los contratos firmados por el SAS con diferentes empresas sanitarias para atender situaciones de emergencia durante la pandemia ni en sus posteriores prórrogas hubo arbitrariedad ni que sus firmantes prevaricaran. También entendió que no hubo empresas favorecidas ni perjuicio al interés público.
La tercera y de momento última decisión judicial que ha impactado contra la línea de flotación de la estrategia de oposición elegida por el PSOE ha sido el archivo por la La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, de las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria relativa al programa de cribado del cáncer de mama. Estas denuncias se dirigían contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre ellas los exconsejeros de Salud Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández, pero la decisión afecta a los dos únicos sobre el que esa Fiscalía le correspondía pronunciarse, los aforados por su condición de parlamentarios Aguirre y García.
Sin patrón
La Fiscalía concluyó que de los fallos detectados en los 16 casos denunciados no se desprende un patrón que pueda unificar esos hechos para conectarlos con una responsabilidad común, de lo que puede deducirse que no se detecta una decisión a nivel político cuestionable, sino que deben buscarse responsabilidades concretas, si las hubiera, en cada uno de los casos y por eso remite la continuidad del procedimiento a las diferentes jurisdicciones provinciales.
El PSOE persigue indisimuladamente el objetivo de encontrar 'los ERE del Partido Popular'
Ante esta situación, el PSOE ha optado por una interpretación alternativa de la palabra archivo y ha insistido una y otra vez, en alguna ocasión sin renunciar a la tentación de matar al mensajero, que el archivo no es un archivo, sino una reorganización. Esta interpretación podría tener validez si el propio decreto de la Fiscalía no aludiera de manera explícita a que no hay patrón común en los fallos detectados, lo que apunta sin duda a concluir de que no hubo una decisión a nivel político, general, que generara los fallos detectados.
Lo que resta por saber es si esta reacción extravagante ante una decisión judicial en apariencia bastante clara es una simple salida ante una situación adversa e inesperada o el aviso de que, a pesar de los contratiempos, se insistirá en la misma estrategia en esta recta final hasta las elecciones.
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