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La Eurocámara descubre que la mitad de los menas son adultos y que Sánchez no dio a Canarias los 560M percibidos de la UE

La Eurocámara descubre que la mitad de los menas son adultos y que Sánchez no dio a Canarias los 560M percibidos de la UE
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La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos rechaza el 92% de los retornos. La Eurocámara, sobre la gestión migratoria de Sánchez: Rabat rechaza al 92% de los devueltos y la mitad de menas son adultos. Más información: El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles".

Un cayuco con 55 migrantes, varios de ellos menores, rescatado por Salvamento Marítimo desembarca en Lanzarote. Efe

Política PARLAMENTO EUROPEO La Eurocámara descubre que la mitad de los menas son adultos y que Sánchez no dio a Canarias los 560M percibidos de la UE

La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos rechaza el 92% de los retornos.

La Eurocámara, sobre la gestión migratoria de Sánchez: Rabat rechaza al 92% de los devueltos y la mitad de menas son adultos.

Más información: El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles".

Publicada 26 febrero 2026 02:47h

Las claves nuevo Generado con IA

"Prácticamente la mitad" de los supuestos menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a Canarias y sometidos a pruebas de determinación de edad "fueron, finalmente, declarados adultos".

Así queda reflejado en el informe elaborado por la misión del Parlamento Europeo que visitó las islas mayores y la de El Hierro el pasado septiembre. El documento, a cuya versión preliminar ha accedido EL ESPAÑOL, revela también que Marruecos sólo acepta la devolución del 8% de sus nacionales llegados en patera a las islas.

El Gobierno canario explicó a los eurodiputados, entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, que las pruebas médicas de edad que se habían realizado "a unos 1.500 migrantes" inicialmente registrados como menores.

La conocida como "prueba de la muñeca" se hace en los casos "dudosos". Y el informe confirma lo que fuentes del Ejecutivo de Fernando Clavijo han denunciado repetidamente a este periódico: "Casi todos saltan al mar con una edad cercana a los 18 años, para entrar en el circuito de menores y evitar una eventual expulsión".

Pero Rabat rechaza de manera sistemática el 92% de las repatriaciones iniciadas por España. Y esto deja sin efecto los acuerdos de readmisión signados entre ambos países, según el texto.

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El informe, de 35 páginas, es producto del análisis sobre el terreno de la crisis migratoria en la ruta atlántica. Y se debate estos días en la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, mientras los grupos introducen enmiendas antes de su aprobación definitiva.

Su trabajo se enmarca en el despliegue del nuevo Pacto de Migración y Asilo, llamado a redefinir la gestión de las fronteras exteriores y los procedimientos de asilo en toda la UE.

La delegación, que estuvo presidida por el polaco Bogdan Rzońca, recuerda en el informe que el nuevo Reglamento europeo obliga a una "evaluación individual de la edad del solicitante" y a proteger el interés superior del menor, pero alertan de que "el fraude tensiona todo el sistema".

Junto al político conservador polaco, del grupo ECR, viajaron el socialista italiano Sandro Ruotolo (S&D) y el neerlandés de origen colombiano Sebastian Kruis (Patriots). Los españoles Carmen Crespo (del PP), Sandra Gómez (PSOE) y Jorge Buxadé (Vox) acompañaron como oyentes.

El documento explica que se hicieron 1.500 pruebas óseas de edad, a pesar de que sólo se aplican cuando existen "dudas razonables" tras una primera evaluación visual, realizada a pie de puerto por ONG y policías.

Que la mitad de los examinados fueran finalmente adultos revela, según los eurodiputados, un "problema estructural" de fraude en el acceso al sistema de protección de menores. De hecho, la Junta de Andalucía también ha denunciado que "al menos, 600 de los menas que nos ha trasladado el Gobierno resultaron ser mayores".

La misión advierte en el texto de que esta práctica, al saturar plazas y servicios, perjudica en la práctica a los menores que sí lo son y necesitan atención especializada.

Los eurodiputados advierten, además, de que la tutela recae en Canarias pero las decisiones jurídicas, como traslados o acogida en recursos estatales, dependen de Madrid.

Además, recuerdan que el nuevo Reglamento europeo "obliga a una solidaridad efectiva, interna y entre Estados", que hoy no se da en el caso canario.

Marruecos rechaza al 92%

Las cifras que las autoridades españolas trasladaron a la misión revelan la ineficacia de la política de retornos: sólo alrededor del 8% de los marroquíes en situación irregular son devueltos efectivamente a su país.

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Los eurodiputados recuerdan que la Directiva de Retorno 2008/115/CE insta a ejecutar de forma efectiva las decisiones de expulsión, con garantías pero sin indefinición permanente. Pero sin cooperación real del país de origen, esa obligación se vuelve imposible de cumplir y "mina la credibilidad" del marco común.

El texto subraya que Marruecos es parte del Convenio internacional SARde búsqueda y rescate marítimo, que asigna responsabilidades claras en la zona de salvamento.

Sin embargo, Salvamento Marítimo y Guardia Civil relatan casos en los que Rabat no acepta el retorno a puerto de "embarcaciones rescatadas en su área", empujando toda la carga hacia España.

Para los autores, la combinación de bloqueo en las devoluciones y falta de acuerdos de readmisión efectivos vulnera el principio de cooperación leal con la Unión.

Y también alimenta el "efecto llamada", porque las redes mafiosas de tráfico de personas saben que la expulsión real es una excepción y no la norma en la ruta atlántica.

Regularización masiva

En Canarias hay unos 5.000 menores bajo tutela del Ejecutivo insular, lo que supone alrededor del 65% de los que llegan a España, y los recursos educativos y sociales están "claramente desbordados".

El informe llega, además, en plena polémica por la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá obtener papeles a quienes acrediten cinco meses de presencia en España antes de final de 2025.

La coincidencia temporal ha encendido las alarmas de varios Estados miembros y de la propia Comisión Europea, que alertan de "perjuicios" al resto de países de la UE.

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Según el comisario de migración, Magnus Brunner, la decisión "tiene impacto sobre el espacio Schengen", y el recién acordado Pacto exige "coordinación" entre los Veintisiete.

Es en este contexto donde varios eurodiputados conectan las conclusiones de la misión con la regularización masiva anunciada por Sánchez. Ven "una contradicción" entre reclamar ayuda de la UE para contener los flujos y, al mismo tiempo, ofrecer una salida extraordinaria a cientos de miles de irregulares.

El popular Raúl de la Hoz destacó este miércoles en el debate de PETI que la iniciativa española vulnera tres pilares europeos: la de coordinación entre instituciones, seguridad jurídica y responsabilidad compartida.

Y que aunque el Gobierno habla de 500.000 beneficiarios, algunas organizaciones elevan la cifra a 800.000 y el informe oficial del comisario de Extranjería, revelado por este diario, la sitúan por encima del millón de personas.

Frontex se ofrece, España no deja

El documento recoge también un capítulo especialmente sensible para la política española: la relación con Frontex.

Los responsables de la agencia explican que "no tienen barcos, aviones ni helicópteros desplegados en la ruta canaria", a diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo central. Y que eso es así por deseo expreso del Gobierno de España, como denunciaron en la Eurocámara en 2024.

Su presencia se limita a equipos en los centros de atención temporal (CATE), donde apoyan en el registro biométrico y el cribado, siempre bajo mando nacional. Y subrayan que han ofrecido al Gobierno español desplegar miles de activos adicionales si así lo solicita.

El informe sugiere que la falta de solicitud coloca a España en una posición incómoda cuando reclama más solidaridad europea y más presencia de la agencia en terceros países como Mauritania o Senegal.

Canarias paga la factura

Otro de los ejes que más se repite en el texto es el desequilibrio entre la magnitud de la crisis y los recursos disponibles en Canarias.

El Gobierno regional trasladó a la delegación que el archipiélago gastó 192 millones de euros de su propio presupuesto en la gestión de la migración reciente.

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A la vez, no ha recibido fondos específicos de los 560 millones que la UE transfirió a España para reforzar su sistema de asilo y acogida.

Los autores ven aquí una "quiebra del principio de solidaridad y reparto justo de responsabilidades" que consagra el nuevo Reglamento de Migración y Asilo de la UE.

El texto advierte de que mantener este esquema a medio plazo puede tener "consecuencias sociales y políticas profundas" en una región ultraperiférica con "recursos limitados".

Y reclama tanto una "mejor distribución interna de menores y adultos" como una financiación regionalizada ligada a la presión real que soporta cada territorio.

Barrios tensionados

Las cifras globales de 2025 muestran una caída significativa en las llegadas respecto al récord histórico de 2024. Desde 2022, se pasó de 15.000 a 46.000 llegadas, mientras que en 2025 la reducción ronda el 50%.

La misión atribuye buena parte de esa mejora al trabajo en origen del Centro de Coordinación Regional de Canarias, que asegura haber "evitado cerca de la mitad de las salidas detectadas" desde Marruecos, "y hasta el 79% desde Senegal".

Pero concluye que la crisis sigue siendo estructural, porque los cuellos de botella persisten en menores, devoluciones y recursos locales.

Y eso se traduce en el plano social: testimonios de vecinos del barrio de La Isleta, junto al centro Canarias 50 en Las Palmas, se quejan de más peleas, consumo de alcohol y pequeños delitos, mientras las autoridades insisten en que no hay datos sólidos que vinculen migración e inseguridad.

Como contrapunto, los eurodiputados destacan la experiencia del instituto de Firgas, donde un grupo de profesores ha integrado a casi medio centenar de alumnos de siete países africanos sin recursos adicionales.

Lo presentan como ejemplo de la "otra cara" de la inmigración, pero advierten de que sin apoyo estable esas iniciativas dependen solo de la buena voluntad de unos pocos docentes.

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