Los eurodiputados Raquel García Hermida-Wan der Walle y Javier Zarzalejos, durante la rueda de prensa de la misión LIBE sobre independencia judicial y corrupción. EP
Política ESTADO DE DERECHO La Eurocámara ve deterioro de la "independencia judicial" en España, más corrupción y falta de colaboración del GobiernoUna misión de eurodiputados viajó a Madrid en febrero para examinar el Estado de derecho, pero Sánchez y Bolaños rechazaron recibirlos.
El presidente del TC alertó del "deterioro" por el abuso del decreto‑ley, mientras el CGPJ vinculó la falta de medios con la sobrecarga de los tribunales.
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Alberto D. Prieto Publicada 6 mayo 2026 17:24h Las clavesLas claves Generado con IA
El Parlamento Europeo ha puesto negro sobre blanco que en España se está degradando la "independencia judicial", empeoran los indicadores de corrupción y el Gobierno no ha querido colaborar con las instituciones de la UE.
Un informe aprobado este miércoles en la Eurocámara, y al que ha tenido acceso este periódico, lamenta expresamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, rehusaran reunirse con los eurodiputados que visitaron España el pasado febrero, junto a la presidencia de RTVE y de otras empresas públicas.
En sus conclusiones, los miembros de la misión advierten de que el actual modelo de gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sigue generando preocupación [...] en relación con el potencial de influencia política sobre la gobernanza judicial".
La delegación subraya que las recomendaciones europeas reclaman que "al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por sus pares". Y advierte de que el efecto acumulado de las tensiones sobre el CGPJ y otros factores "contribuye a la disminución de la confianza pública y refuerza la percepción de politización".
La "fantasía húngara" de Sánchez de gobernar 17 años seguidos reafirma al PP en su teoría: "Es el Orbán del Sur"El informe también da un tirón de orejas a España por el aumento de la corrupción. Recuerda que los indicadores de percepción han "alcanzando su nivel más bajo desde 2012, según Transparencia Internacional".
Y avisa de que los retrasos en los grandes casos, como el de la Kitchen, y el clima político general, como el generado por el primer juicio del 'caso Ábalos', corren el riesgo de "debilitar la confianza pública en la eficacia e imparcialidad de la aplicación de las leyes anticorrupción".
Examen del Europarlamento
La misión de la comisión de Libertades Civiles (LIBE) viajó a Madrid los días 16 y 17 de febrero.
Su objetivo era "recabar información de primera mano" sobre la situación del Estado de derecho en España y, en particular, sobre la judicatura, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción.
Pese al lenguaje medido habitual de las instituciones europeas, la delegación retrata un país con instituciones "formalmente sólidas, pero sometidas a una polarización creciente y a tensiones que ya erosionan su credibilidad".
De hecho, el dictamen destaca que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, trasladó a los eurodiputados su inquietud por el "deterioro de la práctica legislativa". Es decir, por el uso "excesivo" de los decretos‑ley y el bloqueo o demora de iniciativas en las Cortes.
Según el informe, la delegación tomó nota de que "desde 2018, el Gobierno ha adoptado más de 120 reales decretos ley". Es decir, una media de 15 cada año, "la cifra más alta registrada en periodos democráticos comparables en España".
Y advierte de que el uso recurrente de este instrumento de manera injustificada "puede limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales", especialmente cuando se emplean en reformas políticamente sensibles.
El PP dice que el GRECO "vuelve a sonrojar al Gobierno" por estar "hasta las cejas de corrupción" y pide de nuevo eleccionesLos miembros de la misión se hicieron eco de las quejas de las asociaciones judiciales y el propio CGPJ por el ninguneo del Ejecutivo al Parlamento.
Varios interlocutores alertaron de que esas prácticas "corren el riesgo de menoscabar el papel constitucional" del Senado como cámara territorial y de segunda lectura.
El informe concluye que garantizar "la transparencia de los procesos legislativos, una consulta efectiva y una relación equilibrada entre el Gobierno, el Parlamento y los órganos de control constitucional seguirá siendo fundamental para fortalecer la solidez del sistema español de pesos y contrapesos".
Falta de medios en la Justicia
En su reunión con el Poder Judicial, la presidenta del CGPJ denunció la sobrecarga de los tribunales por "falta de recursos".
El documento habla de "decenas de miles" de asuntos pendientes y de una "grave escasez de jueces per cápita, bajo número de fiscales, sobrecarga crónica de trabajo y financiación insuficiente", atribuible a la falta de Presupuestos Generales y a la dependencia financiera del Ministerio de Justicia... otro motivo de "apariencia de politización".
Esas carencias "afectan a la eficacia del sistema judicial y a los indicadores de corrupción" al provocar retrasos incluso en los procedimientos más complejos.
El informe refleja, además, la crítica de Isabel Perelló en la reforma de las vías de acceso a la carrera judicial. Tanto la presidenta del Supremo y del CGPJ como varias asociaciones advirtieron de que el nuevo proyecto de ley sobre carreras de jueces y fiscales "socava la selección basada en el mérito" y que relajar los umbrales para jueces auxiliares "podría menoscabar los estándares generales de calidad".
La delegación resume que "restablecer un marco de gobernanza judicial estable, despolitizado y ampliamente aceptado será esencial para salvaguardar la credibilidad a largo plazo del sistema del Estado de derecho en España".
Plante del Gobierno
El informe se ha adoptado este miércoles en la comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, reunida en Estrasburgo. La votación llega casi tres meses después de la misión a Madrid, que estuvo rodeada de polémica por la negativa del Gobierno a recibir a los eurodiputados.
La presidenta del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), la liberal neerlandesa Raquel García Hermida‑van der Walle, ya lamentó entonces que Moncloa rompiera la norma no escrita de recibir a este tipo de delegaciones.
La Asociación de Fiscales se rebela tras purgar Peramato a Lastra por "osar contradecir la doctrina" sobre García OrtizGarcía Hermida subrayó que en otros países bajo examen, como Eslovaquia, el primer ministro sí se reunió con la misión y que el vacío institucional en Madrid "no tiene precedentes recientes".
Ahora, el propio texto votado en la Eurocámara "lamenta que no se hayan podido celebrar las reuniones solicitadas con el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, las empresas estatales y la radiotelevisión pública". Y advierte de que la ausencia de estos actores "limitó la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas del Gobierno".
La delegación sí mantuvo una agenda intensa de contactos con jueces, fiscales, asociaciones profesionales, organizaciones civiles, medios y expertos académicos. Tras esos encuentros, los eurodiputados constatan "un contexto de creciente polarización política, que se refleja en la dinámica institucional y las prácticas legislativas".
Y advierten de que esa polarización "puede erosionar la confianza pública con el tiempo", aunque España siga "funcionando dentro de los parámetros constitucionales establecidos".
RTVE, transparencia y desconfianza
El capítulo sobre corrupción conecta directamente con las críticas políticas que ya se escuchan en Bruselas y en Madrid.
La misión tomó nota del nuevo proyecto de Ley de Integridad Pública, presentado por el Gobierno como respuesta a los últimos escándalos, pero recuerda que las recomendaciones del GRECO "siguen aplicándose solo parcialmente" y que faltan avances claros en transparencia, conflictos de intereses y regulación del lobby.
También en el ámbito mediático, la Eurocámara transmite inquietud.
Sin hablar de censura, la delegación recoge "la preocupación por la gobernanza independiente de la emisora pública RTVE", el aumento de amenazas y acoso a periodistas y "los obstáculos para acceder a la información oficial".
Luzón pide para Ábalos una "pena grave" para "frenar que la corrupción política carcoma la democracia" y defiende la rebaja de la condena a AldamaUn informe interno del Consejo de Informativos, refleja el informe, denuncia "reiteradas infracciones de las normas editoriales" y el uso de formatos que mezclan información y mensajes políticos de forma "incompatible" con los estándares de imparcialidad.
Las conclusiones, pese al tono diplomático, son claras: aunque España mantiene un armazón formal de Estado de derecho "estructuralmente sólido", tiene graves carencias, y crecientes.
Arrastra "persistentes desacuerdos institucionales", problemas en la gobernanza judicial, prácticas legislativas controvertidas, dudas sobre la independencia de los medios públicos y un clima político que alimenta la desconfianza. Para la Eurocámara, el reto ya no es solo jurídico: es político e institucional.
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