El que fuera consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, confirmó en sede judicial el poder real que ejercía el venezolano Rodolfo Reyes en la aerolínea, lo que rebate la legalidad del rescate.
El Gobierno defiende hasta ahora la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021 al tratarse de una aerolínea española que cumplía los requisitos. Pero uno de ellos, fundamental para que pudiera ser considerada empresa nacional, era que su «control efectivo» estuviera en manos españolas.
Sin embargo, tanto el también venezolano Roselli como el ex presidente Julio Martínez Sola sostienen en su escrito al juez que el mando ejecutivo -utilizan la expresión «control efectivo»- correspondía al venezolano Reyes con el 64% del capital. Y en los testimonios de ambos de este lunes y martes describieron a Reyes como el ejecutivo que tomaba las decisiones, incluida la de entrar en contacto con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que consiguiera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a Plus Ultra.
La aerolínea rechaza, pese a estos testimonios, haber incumplido requisitos con el argumento de que el paquete accionarial no estaba en poder de Reyes, sino de su esposa, Aurora López, de nacionalidad española. Pero la legislación europea y española vigente no se detiene sólo en quién es el titular nominal de las acciones, sino en quién ostenta el poder real.
De hecho, la Agencia Estatal de Seguridad Europea (AESA) interpreta así el reglamento europeo, como publicó este diario el pasado 22 de julio: «Según la interpretación de la AESA, el Reglamento (CE) 1008/2008 del Consejo intenta evitar que el control efectivo pueda ser ejercido de forma conjunta por grupos de accionistas no europeos. En todos aquellos casos en los que los nacionales no europeos tengan una influencia significativa, se deberá garantizar que el poder de decisión último está en manos de los inversores europeos».
AESA emitió un informe clave en 2021 avalando el rescate en la creencia de que estaba bajo control efectivo español. El organismo no ha respondido en detalle a la pregunta de este diario sobre cómo aquel informe se contradice con el testimonio judicial de los ex directivos de Plus Ultra, pero proporciona esta respuesta genérica: «AESA desarrolla sus funciones de supervisión sobre la base de la información y documentación que los operadores aéreos están obligados a facilitar conforme a la normativa». Y agrega que «mantiene plena disposición a colaborar con las autoridades competentes y con la Administración de Justicia cuando así le sea requerido».
Tanto el juez José Luis Calama como la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, han mostrado interés durante los interrogatorios sobre la realidad accionarial de Plus Ultra y el cumplimiento de requisitos para obtener la ayuda, lo que supone poner el foco, como publicó ayer este diario, en un asunto muy delicado para el Gobierno de Sánchez, que eligió a Plus Ultra entre las tres primeras empresas rescatadas en la pandemia junto a Air Europa y Duro Felguera.
Calama ha pedido a la policía judicial un informe exhaustivo sobre el accionariado real de Plus Ultra y, de demostrarse que no cumplía los requisitos, no sólo Zapatero quedaría en situación expuesta, sino el propio Gobierno. Fue la entonces titular de Hacienda, María Jesús Montero, la que elevó el rescate al Consejo de Ministros en marzo de 2021.