El fiscal pide examinar qué información tenía la Delegación, qué órdenes impartió y si hubo «omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección»
Regala esta noticia Añádenos en Google El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de su departamento. (Laura Rincón/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
16/09/2026 Actualizado a las 11:21h.«Las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que ... accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos». La La Fiscalía no da por acreditada una responsabilidad penal, pero acota con dureza el terreno que debe examinarse: «La eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección». Y exige estudiar «la relación causal» o «la posible contribución relevante» entre esas decisiones u omisiones y «los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados». La Fiscalía quiere contrastar la “previsibilidad del riesgo” con la respuesta que finalmente se desplegó en la frontera Para hacerlo, sostiene, «la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente» las circunstancias del asalto y «la información de la que disponían las autoridades españolas». También deberán analizarse «las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta», además de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción. Esa referencia lleva directamente a los avisos que recibió la Delegación. El 27 de julio, tres días antes de la avalancha, su gabinete comunicó al CNI que desde las 9.30 estaba reunido con la Ciudad, Policía Nacional y Guardia Civil: «Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores». Inteligencia preguntó al día siguiente cómo había transcurrido aquel encuentro. Noticia relacionada