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Trabajos de reconstrucción de la vía a su paso por Adamuz tras el accidente del 18 de enero Efe La Fiscalía Europea investiga si hubo malversación en las obras de la vía de AdamuzEl ente comunitario rastrea el uso que se hizo de 111 millones de euros de los fondos Feder durante la renovación del tramo en 2025
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Viernes, 20 de marzo 2026, 08:31 | Actualizado 10:53h.
investigación para determinar si se produjo un uso fraudulento de los fondos de la Unión Europea destinados a ... la actualización de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla durante 2025. El foco de las pesquisas se centra en el tramo de Adamuz (Córdoba), lugar donde el pasado 18 de enero tuvo lugar una tragedia ferroviaria que se cobró la vida de 46 personas tras la colisión entre un tren Alvia y un convoy de la operadora Iryo.La intervención de la Fiscalía Europea —según adelantó El Mundo y ha confirmado este periódico a través de diversas fuentes del organismo— se produce tras una fase de verificación en la que se ha constatado que el tramo siniestrado fue objeto de inversiones con dinero comunitario para su conservación. Fuentes del caso apuntan a que el órgano comunitario investiga ahora la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y defraudación de ayudas europeas, al existir indicios de que la ejecución de las obras o el mantenimiento financiado no se correspondieron con los estándares exigidos.
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La Fiscalía Europea —según han revelado fuentes del caso a este periódico— comenzó a revisar este asunto a finales de enero, solo unos días después de conocerse los hechos y en paralelo a las primeras informaciones que apuntaban ya a que la principal hipótesis del descarrilamiento del tren de Iryo era un fallo en una soldadura defectuosa que unía vías de 1989 con otras fabricadas en 2023, a pesar de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había insistido en que la renovación del tramo en 2025 había sido total. Fue entonces cuando el organismo procedió a realizar varias gestiones antes de abrir la investigación formal: solicitó información a la juez de Montoro, reclamó datos a Adif —encargado de la renovación ahora bajo sospecha— y recabó expedientes de la Dirección General de Fondos Europeos.
Estas pesquisas abiertas por el ente comunitario transcurren de forma paralela e independiente a la instrucción que lidera la titular del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, encargada de dirimir las causas técnicas y las responsabilidades penales del accidente. No obstante, la apertura de la vía europea introduce un nuevo escenario judicial que apunta directamente a la gestión de los recursos. En este sentido, se ha asignado al magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, como juez de garantías para supervisar el procedimiento y autorizar posibles medidas restrictivas de derechos que soliciten los fiscales.
Dos de los siete fiscales que integran la delegación española de la Fiscalía Europea ya analizan la documentación recabada de Adif, de la Dirección General de Fondos Europeos y del propio juzgado de Montoro. El organismo, que actúa de forma independiente y tiene potestad para «investigar, procesar y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE», mantiene el caso en una fase incipiente, mientras la jueza de Montoro aguarda el volcado definitivo de las cajas negras y el análisis pericial del carril para completar el cuadro de responsabilidades de la mayor crisis del sistema de alta velocidad en España.
La ayuda ahora bajo la lupa del supervisor europeo se concedió al apreciar que la conexión «se ha quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española». El 25 de junio de 2024, Bruselas acordó financiar «la sustitución de raíles y traviesas» con 111.646.340 euros con cargo al Feder. Otro paquete de ayudas está destinado a la mejora de los sistemas de control, mando y señalización.
Fallo en la estructura
La principal hipótesis sobre el origen del descarrilamiento del tren de Iryo apunta a un fallo estructural en la infraestructura. Las investigaciones técnicas de la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se centran en la «rotura de una soldadura» que conectaba dos carriles de características distintas: uno fabricado en 2023 y otro que databa de 1989. El Instituto Armado ya ha advertido al juzgado sobre la existencia de varias «incongruencias» detectadas en la documentación remitida por Ayesa, la empresa encargada de supervisar la instalación de dichas soldaduras.
Asimismo, la instrucción se ha visto envuelta en controversia tras los informes de la Guardia Civil, que señalan que «Adif había retirado material clave para la investigación de la zona del siniestro sin autorización judicial». Según estos reportes, cuando los agentes y expertos de la CIAF acudieron a inspeccionar componentes críticos el pasado 30 de enero, se les informó de que los cupones de los raíles y las soldaduras habían sido trasladados por la entidad dependiente del Ministerio de Transportes hasta la localidad de Hornachuelos.
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