Recta final del juicio contra Christian S., alemán de 53 años, y Melissa A.S., norteamericana de nacionalidad alemana de 48, por mantener a sus hijos de 8 y 10 años encerrados durante casi cuatro años en una casa de Oviedo. A falta de que el próximo jueves 19 de marzo se celebre la cuarta y última sesión, con los informes de las partes y la última palabra de los acusados, las cartas ya están sobre la mesa y, en sus conclusiones finales, la Fiscalía ha dejado claro que no compra el relato de la defensa de que se autoconfinaron por el "miedo" a un posible contagio e covid-19 y a que se descubriese su situación irregular en España.
El ministerio fiscal les acusa de un delito de violencia psíquica habitual y de tres de detención ilegal de sus hijos y pide que sean condenados a 25 años y 4 meses de prisión. Además, en sus conclusiones finales, decidió elevar la indemnización que deben pagar a cada uno de sus tres hijos por los daños morales sufridos. Pasó de pedirle 15.000 euros por cabeza en su acusación inicial a duplicarlo y reclamar ahora 90.000 euros, 30.000 para cada uno.
Por el delito de violencia psíquica habitual, les pide 2 años y 4 meses de prisión; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante 3 años y 4 meses; prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros y comunicarse con ellos durante 3 años y 4 meses. Por cada uno de los delitos de detención ilegal en concurso con un delito de abandono de familia, las penas solicitadas son de 7 años y 8 meses de prisión y prohibición de aproximación o comunicación durante 8 años y 6 meses.
De esta forma, al elevar a definitivas sus acusaciones iniciales, la Fiscalía rechaza toda la estrategia defensiva de los padres, que, según sus abogados, decidieron autoconfinarse con los menores sin escolarizarlos ni llevarlos al médico por un "miedo insuperable" a volver a coger el covid-19 y por no tener regularizada su situación en España.
Ambos se trasladaron con sus hijos desde Alemania a Asturias en octubre de 2021 y tan solo el padre figuraba viviendo en la que se ha bautizado como "casa de los horrores", mientras que ni la madre ni los menores figuraban en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social. Cuando fueron localizados en abril de 2025, llevaban sin ir al médico desde 2019 y no estaban escolarizados. Los dos padres habían pasado el covid en dos ocasiones y tenían covid persistente, de ahí su miedo al contagio si salían de casa para regularizar a los niños.
La declaración de los acusados fue el eje central de la tercera sesión, el momento más esperado del proceso, para que pudiesen explicar a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo los motivos que les llevaron a autoconfinarse con los menores. Celebrada a puerta cerrada, como todo el juicio, no han trascendido detalles de su contenido, si bien durante los últimos días sus abogados sí avanzaron cuál sería su línea defensiva.
Para la defensa, deben ser absueltos, pues no hubo detención ilegal, sino de un "aislamiento voluntario". El abogado de la madre, Javier Muñoz Pereira, lo enmarcó en "una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito". Niegan tajantemente el calificativo de "casa de los horrores".
La Fiscalía les reprocha que, durante todo el tiempo que permanecieron en la casa, "incumplieron los deberes de protección" que tenían sobre sus hijos y "les privaron de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales". Sus abogados, sin embargo, defienden que "tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico".
Así, argumentan que los niños estaban aseados, no tenían malformaciones y podían deambular con libertad por el hogar. En la casa aseguran que había zonas perfectamente ordenadas y otras con mucha acumulación de enseres, pero que eso no es un delito. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que la vivienda se encontraba en "malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias". Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores: los gemelos -que tenían 8 años- dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente, mientras que su hermano -de 10- lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad.
Los niños están bajo la tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias por orden judicial, si bien los padres pueden comunicarse telefónicamente con ellos. No han vuelto a verles desde que están en prisión provisional por estos hechos. Las defensas de esta pareja reclaman una "reconciliación familiar progresiva", en la que los padres participen en la vida de sus hijos bajo supervisión de los servicios sociales y de los especialistas.