El Ministerio Público también recurre la retirada del pasaporte de la mujer del presidente y acusa a Peinado de inventarse una «confabulación»
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
09/07/2026 Actualizado a las 10:20h.«Sin delito no hay autor». La Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés en ... la causa que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio ante un jurado popular. El Ministerio Público ha presentado un escrito de conclusiones absolutorias, de 25 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, en el que sostiene que la esposa del presidente del Gobierno no cometió delito alguno en su actividad en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense ni obtuvo beneficio económico por ese proyecto.
El fiscal, a la espera de que se solventen esos recursos, subraya que la relación de Gómez con la Complutense comenzó en 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, y que su actividad docente y académica es anterior a la etapa de Moncloa. Recuerda que participó en distintos másteres propios de la UCM y que, desde 2020, estuvo vinculada a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, de la que fue codirectora hasta 2024.
«Fue una actividad no retribuida, por la que percibió cero euros», sostiene el Ministerio Público sobre la cátedra. Esa idea vertebra buena parte del escrito. La Fiscalía afirma que Gómez no cobró cantidad alguna por su cargo como codirectora y separa esa actividad universitaria de otras remuneraciones previas vinculadas a másteres o diplomas propios, detalladas en el documento.
El escrito explica que la cátedra se creó conforme al marco normativo de la UCM y que este tipo de fórmulas permite a la universidad captar fondos privados para actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento. La Fiscalía recuerda que la cátedra se financió con fondos externos, como el resto de cátedras extraordinarias, y que las aportaciones de los patrocinadores pasaron a ser titularidad de la Complutense.
«No consta que la sociedad Transforma TSC SL, ni ninguno de los acusados a título individual, directa o indirectamente, haya realizado una explotación mercantil del referido programa informático», afirma el fiscal sobre el software desarrollado en el marco de la cátedra. Según el escrito, tampoco consta que Gómez o su sociedad pretendieran ostentar la propiedad del programa frente a terceros. La Fiscalía añade que se reconoció «en todo momento» que el software era de titularidad complutense y que su utilización futura sería gratuita para los usuarios.
El Ministerio Público admite que el programa informático llegó a materializarse y que fue usado por Gómez en tareas de difusión, pero no ve ahí apropiación ni explotación. El fiscal sostiene que el producto elaborado en el marco de la cátedra «es titularidad complutense», aunque no fuese inscrito en registros públicos a nombre de la UCM, y que fue difundido «de forma gratuita y sin constancia de ánimo de lucro ni rédito económico efectivo».
La Fiscalía también recoge las cifras del proyecto. La UCM cifró en 108.765,79 euros y 4.744 euros las cantidades desembolsadas en la creación del software. El escrito subraya, sin embargo, que la universidad «no ha reclamado la entrega del referido producto ni entablado litigio alguno respecto a su titularidad». Para el fiscal, tampoco consta que la Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial por las actividades desarrolladas.
El documento descarta igualmente que las empresas que participaron en la cátedra cobraran por esa colaboración o que se vinculara esa presencia con contratos públicos o privados. «Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto», sostiene el escrito. Añade que tampoco existe conexión entre esa actividad y la contratación en el sector público o privado.
El fiscal extiende esa conclusión a los tres acusados. «Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la cátedra», afirma. En la misma línea, sostiene que ninguno se benefició económicamente de las actividades de creación del software.
Respecto a Cristina Álvarez, la Fiscalía encuadra sus funciones en el puesto de asistencia a la esposa del presidente del Gobierno. El escrito recuerda que ese tipo de apoyo ha existido «en todos los gobiernos de la etapa democrática en España desde 1978» y que no cuenta con una regulación normativa expresa. Sus tareas, dice, eran de colaboración logística y organizativa, con «disponibilidad permanente» y especial dedicación. El fiscal afirma que no hubo retribución adicional, directa ni indirecta, por ayudar a Gómez.
Sobre Barrabés, el Ministerio Público sostiene que no fue patrocinador ni colaborador de la cátedra. Su papel, según el escrito, se limitó a impartir clases en uno de los módulos de los másteres. La Fiscalía recuerda que dos adjudicaciones de Red.es a UTE en las que se integraba Innova Next, sociedad de su grupo, están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, pero separa ese frente de la actividad de la cátedra. Para el juicio, propone una treintena de testigos, entre responsables universitarios, empresarios, colaboradores tecnológicos y dos asesores de Moncloa.
La posición absolutoria llega en paralelo al recurso presentado por la Fiscalía contra la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. En ese escrito, de ocho páginas y al que también ha tenido acceso este periódico, el fiscal José Manuel San Baldomero sostiene que «no concurre el riesgo de fuga pretendido» por Peinado y que las medidas cautelares no fueron motivadas atendiendo a la situación individualizada de las acusadas.
El recurso carga contra la retirada de pasaporte, la prohibición de salida y las comparecencias quincenales. Las califica de «innecesarias, injustificadas, inmotivadas, desproporcionadas, y contrarias a los fines propios de la ley». En el caso de Cristina Álvarez, el fiscal va aún más lejos: «Sencillamente, la resolución es injusta».
La Fiscalía rechaza que la escolta policial de Gómez pueda convertirse en argumento para justificar las cautelares. Peinado apuntó que los agentes que acompañan a la esposa del presidente podían colaborar en una eventual fuga, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos». Para el Ministerio Público, esa tesis extiende una sospecha infundada sobre las instituciones. «Tampoco es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor», reprocha el recurso.
El fiscal recuerda que Gómez y Álvarez son españolas, tienen arraigo familiar y profesional en España, carecen de antecedentes, no constan bienes en el extranjero ni vínculos con terceros países que faciliten una fuga, y las pesquisas patrimoniales acordadas por el propio juzgado descartaron sospechas de ganancias ilícitas. «Desconocemos a dónde se supone que huirán», señala el escrito.
La guerra del pasaporte ya ha tenido efectos concretos. Gómez pidió autorización para viajar entre el 7 y el 10 de julio con el fin de acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara y regresar después por Londres para asistir a la graduación de su hija. La Fiscalía no se opuso a esa salida puntual. El juez Antonio Viejo, en sustitución de Peinado, autorizó finalmente el viaje a Londres, pero denegó el desplazamiento a Turquía y ordenó que el pasaporte vuelva al juzgado el 13 de julio.
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