Si no ha sido posible lograr el archivo de la causa, que al menos no haya condena. La Fiscalía de Madrid ha presentado en el juzgado 41 de Madrid un escrito que solicita la absolución de Begoña Gómez de los delitos de tráfico de influencias y malversación por los que se sentará en el banquillo ante un jurado junto a su asesora en La Moncloa. La acusación popular pide para la esposa del presidente del Gobierno una condena a 13 años de prisión.
El escrito de conclusiones -que ahora se remitirá a la Audiencia Provincial, encargada de celebrar el juicio- considera que la creación, financiación y funcionamiento de la cátedra de la Complutense se produjo "conforme a la normativa" y no hubo irregularidades.
Resalta que se acordó su creación con el rector en una reunión en La Moncloa "con la universidad cerrada por la pandemia" y que el vicerrector aceptó el encargo de ponerla en marcha "siempre que concurrieran los requisitos establecidos en la normativa". No detecta el fiscal nada que indique un tráfico de influencias.
Dentro de esa cátedra de Transformación Social Competitiva se desarrolló un software con el que, según la acusación, Gómez buscaba lucrarse, lo que supondría un delito de malversación, puesto que los fondos empleados pertenecían a la Complutense. "Ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático", afirma sobre este punto el escrito del fiscal decano de delitos económicos, José Manuel San Baldomero.
Añade que no consta que la UCM "haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas" y que el software sigue actualmente a disposición del centro universitario. La Complutense, por su parte, cifró en 113.000 euros el dinero gastado en el desarrollo de la plataforma tecnológica, una cifra que reclama a las acusadas en caso de condena.
Respecto a que Begoña Gómez creara una sociedad con idéntico nombre que la cátedra y la plataforma, el fiscal indica que "tuvo una actualidad residual". Solo constan dos ingresos que no alcanzan los 7.000 euros, "sin constancia de la finalidad u origen de los mismos y sin que conste que obedecieran a la explotación del programa [informático]".
Así pues, no se ha detectado que la empresa o las acusadas "hayan realizado una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta que hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros, reconociendo en todo momento que era titularidad de la UCM". Concluye indicando que la esposa del presidente difundió "el empleo y uso de la herramienta digital [...] de forma gratuita y sin constancia de ánimo de lucro ni red económico efectivo"
Una segunda acusación de malversación se apoya en la dedicación para fines profesionales privados de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. Sobre este punto, la Fiscalía de Madrid resalta que la asesora solo hizo gestiones "puntuales" relativas a la cátedra, dentro de un contexto de participación en "numerosos actos públicos y privados" de la esposa del presidente. Añade que eso no impidió que cumpliera "las funciones inherentes" a su cargo como funcionaria eventual, por lo que no puede considerarse que hubiera perjuicio para los fondos públicos.
La Audiencia de Madrid aún tiene pendiente fijar quién ejercerá de magistrado presidente en el juicio con jurado, así como la fecha de su celebración.