La fiscal Peramato y su predecesor, García Ortiz.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN La fiscal general intenta que nadie tire de la manta si destapa al Gobierno Publicada 5 mayo 2026 02:40hAl impedir que la Fiscalía Anticorrupción rebaje la petición de pena para Víctor de Aldama, la Fiscalía General del Estado ha vuelto a protagonizar un manifiesto alineamiento con el Gobierno que compromete la necesaria apariencia de imparcialidad de la institución.
La decisión de la fiscal general, Teresa Peramato, contra la solicitud de una mayor rebaja de condena al comisionista, a pesar de su disposición a colaborar con la Justicia, condiciona la estrategia de los fiscales que han liderado la instrucción y altera el marco de incentivos para los investigados que optan por la confesión.
La instrucción de Peramato ha desautorizado el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien tras meses de investigación consideraba pertinente aplicar a Aldama una atenuante muy cualificada de confesión.
La propuesta de Luzón consistía en reducir la petición de condena de siete años a tres años y medio de prisión, y se fundamentaba en la utilidad de los datos aportados por el empresario para el esclarecimiento de la trama del caso Koldo.
La Fiscalía General ha justificado su negativa a aceptar esta reducción argumentando una supuesta falta de veracidad o exhaustividad en el testimonio del investigado.
Sin embargo, Peramato no ha proporcionado una motivación técnica detallada que contradiga el análisis de los fiscales del caso. La ausencia de explicaciones de peso para no apreciar una atenuante de confesión que el propio Luzón considera "esencial" menoscaba el rigor jurídico de la decisión de la cúpula del Ministerio Público.
Dada la secuencia de los hechos, es difícil no interpretar el bloqueo a la rebaja de la pena como un castigo a Aldama tras su declaración ante el Tribunal Supremo.
En su testifical, el empresario señaló directamente a la estructura del PSOE y situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "Número 1" de la "banda organizada criminal". Aldama detalló además presuntos pagos en efectivo en la sede de Ferraz y entregas de dinero destinadas a financiar actividades del partido.
La lógica procesal dicta que, si un investigado aporta datos clave para desarticular una trama, el Ministerio Público debe premiar e incentivar esa colaboración.
En este caso, ha ocurrido exactamente lo contrario: se penaliza al "arrepentido" cuando, al tirar de la manta, el Gobierno queda al descubierto.
Este episodio refuerza la percepción de subordinación de la Fiscalía General al Gobierno, en una línea de continuidad con la etapa de su antecesor, Álvaro García Ortiz.
El uso de la jerarquía para anular criterios técnicos en causas que afectan directamente al partido en el poder debilita la autonomía de las fiscalías especiales. La unidad de actuación, principio básico de la institución, se utiliza aquí para uniformar una respuesta que coincide con la estrategia de defensa política de la Moncloa.
Constituye una grave anomalía que la institución constitucionalmente encargada de velar por la legalidad y la independencia de los tribunales se dedique a obstaculizar la acción de la Justicia para auxiliar al Ejecutivo.
La misión de la Fiscalía es proteger los derechos de los ciudadanos desde la imparcialidad, no dificultar la colaboración de los testigos y la obtención de pruebas para evitar el desgaste del Gobierno que la nombró.