La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ha descargado en Santos Cerdán la responsabilidad de los pagos a la fontanera del PSOE y a otros abogados implicados en las maniobras para desbaratar las causas judiciales que cercaban al PSOE y al presidente del Gobierno.
La imputada ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para declarar que los contratos y pagos que están bajo sospecha tuvieron su origen en el entonces secretario de Organización. Ha rechazado que pudieran estar al tanto de ellos el secretario general, Pedro Sánchez, u otros miembros de la dirección socialista.
Ella ha dicho que se limitó a autorizar los pagos y que presumió que los trabajos se habían realizado. Esos pagos incluían a dos abogados hoy imputados, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este último ha comparecido a continuación de Fuentes.
La gerente ha explicado que se les contrató para colaborar con el departamento jurídico del PSOE ante el "aluvión" de causas judiciales. Ha dicho que no sabía si realmente existió colaboración con ese departamento. En su declaración posterior, el contratado Oliver ha dicho que no llegó a conocer al jefe jurídico del PSOE, Alberto Cachinero.
La UCO investiga si esos pagos financiaban en realidad las maniobras de la fontanera, con la ayuda de los letrados, para buscar el archivo de causas penales. Las contrataciones, ha explicado, fueron verbales, algo que estaba autorizado en el PSOE. Posteriormente se elaboraban unas hojas de encargo necesarias para proceder a los pagos.
El abogado Oliver ha explicado que a él le contrató Leire Díez "en nombre del PSOE", para que revisara las comparecencias en la comisión de investigación de la operación Cataluña. Al mismo tiempo, él pagó la misma cantidad a la llamada fontanera para que hiciera un trabajo para el ex dirigente chavista Nervis Villalobos, que era su cliente. El trabajo, relacionado con el borrado de la huella digital del venezolano, no se llegó a realizar, pero tampoco se le reclamó el dinero a Díez.
Como gerente, Fuentes era directora del comité de cumplimiento normativo del PSOE. Es el organismo que vela por la corrección de los procedimientos internos que deben impedir la comisión de delitos en su seno. Que ese sistema de vigilancia existiera y se aplicara eficazmente es clave para evitar una eventual imputación del PSOE como persona jurídica.
La investigada ha aceptado responder a todas las preguntas, incluidas las del PP, que ejerce la acusación popular. Tanto la Fiscalía como la acusación popular han preguntado a Fuentes por ese sistema de compliance. Por ejemplo, sobre la existencia de procedimiento reglados para la autorización de viajes -a Leire Díez se le pagaron varios- y el pago de gastos.
La imputada ha indicado que desde que se produjeron los hechos investigados se han realizado algunos cambios en el sistema de cumplimiento normativo, pero ha rechazado que eso implicara defectos en el existente.
"En la estructura del partido"
Pedraz citó como imputada a la gerente socialista tras recibir un informe de la Guardia Civil que la situaba como pieza "esencial" en esa operativa. A la investigada se le atribuye "falsear notas de encargo profesional" para sufragar gastos de abogados dedicados a esa operación de desactivar las causas penales. Fuentes habría actuado "con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Cerdán", afirma la UCO en referencia al ex secretario de Organización del PSOE, hoy investigado en el caso Koldo.
Pacheco era una de las tres personas "incardinadas en la estructura del partido" a las que la Guardia Civil atribuía labores de logística y financiación. Las otras dos, empleadas del área de administración del partido, no fueron finalmente imputadas.
En cuanto a Fuentes, su tarea habría sido la de emitir órdenes de encargo ficticias a despachos de abogados —entre ellos los de Ismael Oliver y Jacobo Teijelo— con el fin de encubrir transferencias cuyo destino final habría sido Leire Díez y otras personas. Pedraz INDICA QUE "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".
El auto del juez apunta a la "responsabilidad indiciaria de la gerente del PSOE al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces".
En línea con la postura de Anticorrupción, el magistrado instructor no atribuye a Pacheco un papel central en las operaciones investigadas. Eso le llevó a rechazar la petición de la UCO de examinar su teléfono móvil, que le había incautado el 27 de mayo, el día en que registró la sede socialista de Ferraz.
En el auto en el que ratificaba su imputación pero rechazaba analizar su móvil, Pedraz afirmaba que los indicios apuntan a que su tarea fue de colaboración en el delito, no de "responsable principal".