"A las 12 de la mañana aproximadamente fue cuando sonó la alarma en todos los móviles de desalojo. Y eso sí que fue una locura". Habla una vecina de La Adrada (Ávila) que recuerda perfectamente el momento en que, el pasado sábado, las autoridades ordenaron la evacuación de su pueblo por el avance del fuego. "Se llamó a varios autobuses para poder desalojar a la gente dependiente, a la gente mayor. Se fue tocando casa por casa para que no quedase nadie dentro", cuenta, en un relato que no será muy distinto al que hoy podrían hacer 73.152 ciudadanos en España.
Los incendios activos en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid y Toledo han provocado la mayor evacuación de personas que se haya producido en el país en este siglo. Y esta, para algunos de los afectados, se extiende ya por más de 100 horas: a las 19.15 horas del pasado jueves fue cuando los vecinos de Aldea del Fresno (Madrid) recibieron en sus teléfonos móviles la orden de salir. Al cierre de esta edición, aún no habían podido regresar a su casa.
Las personas que permanecen evacuadas equivalen a desalojar la ciudad de Palencia o Ciudad Real -sumando, incluso, algunos vecinos más-. O a vaciar dos veces Teruel capital. Según las estimaciones del Informe Anual de Seguridad Nacional, en todo el año pasado se evacuó a 42.913 personas por incendios; en 2024, solo a 6.827. Ahora están desalojados 73.152 vecinos a la vez.
También da cuenta de lo histórico de la situación la comparación con el éxodo que provocaron otras grandes tragedias: 30.000 personas pasaron la noche fuera de casa tras el terremoto de Lorca (Murcia), aunque solo 10.000 lo hicieron a la fuerza -el resto, por miedo-, y 7.800 abandonaron su hogar ante la erupción del volcán de La Palma. La dana que asoló el cinturón sur de Valencia en 2024 destrozó centenares de casas, pero no provocó sin embargo tantas evacuaciones. Y otras grandes gotas frías, como la que días después de aquella mantuvo en vilo a la provincia de Málaga, expulsaron a unos miles. Sí puede que llegaran a ser más de 100.000 personas en la evacuación que se ordenó durante la pantanada de Tous (Valencia, 1982), aunque las cifras de entonces son confusas.
En cualquier caso, nunca en este siglo se han conocido las 73.152 personas que seguían anoche desalojadas de medio centenar de municipios de las provincias de Madrid (31.865), Ávila (25.087), Toledo (6.200) y Castellón (10.000) -a última hora de ayer, Interior autorizó el realojo de nueve pueblos toledanos, sin cifrar las personas que volverían a casa-. A los vecinos desplazados se suman 19.062 personas confinadas en su domicilio en Madrid, 8.735 en Ávila y 70.000 en Castellón -97.797 en total-.
Así, 170.949 ciudadanos permanecen hoy en vilo por tres incendios: el que se originó en Burgohondo (Ávila) el miércoles, el que afecta a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid desde el jueves -que consta de una confluencia de tres focos, con origen en los municipios madrileños de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y en Almorox (Toledo)- y el que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó (Castellón).
La magnitud de la afectación que estos tres fuegos está teniendo sobre la población civil se explica porque, a diferencia de lo que acostumbra a suceder, estos focos -especialmente el madrileño y el castellonense- no nacen en zonas de la España vaciada, sino en una superficie con decenas de localidades de más de mil habitantes que ha habido que evacuar en tiempo récord.
La coordinación del dispositivo ha corrido a cargo del Ministerio del Interior, que la noche del jueves asumió el mando al decretar la emergencia nacional, situación que también es insólita: solo se había declarado este nivel de riesgo, que lleva al Gobierno central a asumir el mando, durante unas horas en el apagón de abril de 2025.
La situación de los desalojados es complicada. Al cansancio de las horas fuera del domicilio, en muchos casos haciendo ruta de un albergue improvisado a otro, se suma la angustia de desconocer si su casa se ha salvado del fuego.
Ayer, vecinos del Valle del Tiétar (Ávila) que salieron del pueblo evacuados durante el fin de semana querían regresar para sumarse a los contingentes de voluntarios que, junto a los equipos de emergencias, permanecen allí combatiendo las llamas. Pero no pudieron. "La Guardia Civil está en cada punto de salidas y entradas a los pueblos y no dejan entrar a nadie", explica a este periódico una vecina de La Adrada que hasta el domingo a última hora era una de esas voluntarias que permaneció en su municipio. Ella se encargó de contabilizar a los habitantes que se quedaron allí, "unas 150 personas", y cuya labor se centró en "hacer cortafuegos alrededor de las urbanizaciones para que no entrara en el casco urbano".
"Están agotados", describe, y así lo ratifican otros vecinos de la zona que, desde fuera, pedían ayer acceso a sus municipios: "Tienen que hacer relevos. Que esta gente descanse, porque sigue habiendo focos". La Diputación, junto a los ayuntamientos, está coordinando la prestación de suministros a los voluntarios. Mientras, sus vecinos observan desde lejos, impotentes, cómo su tierra sigue ardiendo.
Mandos de la Guardia Civil admiten que una de las mayores frustraciones que está dejando esta emergencia es la imposibilidad de atender a todos los vecinos que han decidido permanecer en sus viviendas pese a las órdenes de evacuación. Explican que, en un escenario de recursos limitados, la prioridad operativa pasa "inevitablemente" por garantizar la seguridad de quienes sí han abandonado los municipios afectados y por concentrar los efectivos en las labores de evacuación, rescate y protección de la población.
Sin embargo, sostienen que esta situación ha vuelto a poner de manifiesto una carencia que llevan años denunciando: la insuficiencia de agentes destinados al medio rural. A su juicio, la magnitud del dispositivo exigido por una catástrofe de estas dimensiones ha evidenciado que las plantillas actuales no permiten cubrir todas las necesidades simultáneamente, obligando a establecer prioridades y dejando sin la vigilancia deseable a quienes permanecen en las zonas de mayor riesgo. "No llegamos a todo", resumen los mandos consultados, que consideran que esta crisis ha destapado una de las principales grietas estructurales del Ministerio del Interior: la falta de efectivos en amplias áreas rurales, una reivindicación histórica del Instituto Armado que, aseguran, adquiere una especial relevancia cuando una emergencia de gran escala somete al sistema a su máxima presión.
Según los últimos datos proporcionados, correspondientes al domingo, los incendios activos han calcinado alrededor de 85.500 hectáreas: 50.000 en Ávila -el fuego originado en Burgohondo es el mayor de la historia-, 25.000 en Madrid, 2.000 en Toledo y 8.500 en Castellón. Ayer, el foco de la emergencia estuvo en la evolución del fuego en tres frentes: Mijares (en el oeste del Valle del Tiétar), Casillas (en el flanco este de esa misma zona) y en el norte del pantano de San Juan (Madrid). Si bien en los dos primeros se registró una "mejora" a lo largo de la jornada, el último todavía preocupaba "mucho" a última hora de ayer, según dijo el ministro del Interior.
El miércoles el país afrontará una nueva ola de calor que se extenderá hasta el domingo y que, dijo Fernando Grande-Marlaska, "es determinante, un elemento a valorar sustancialmente en estas circunstancias". "Llamamos a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía", remató.