La sentencia del pasado martes de la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazando el recurso de la Diputación de Alicante para paralizar el Real Decreto 35/2023 y, con él, el recorte del Trasvase Tajo-Segura ha dejado el futuro de la infraestructura hídrica sumido en la más absoluta incertidumbre.
Con sólo dos recursos más pendientes de resolver ante el Alto Tribunal - uno por parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), que tiene prevista su votación y fallo el próximo día 5 de mayo, y otro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena-, el Gobierno de España podría tener en su mano, si son desestimados, la posibilidad de modificar las reglas de explotación y de fijar el caudal ecológico del Tajo.
Una medida que, de llevarse a cabo, implicaría necesariamente un recorte del agua que se trasvasa al Segura de hasta 105 hectómetros cúbicos para 2027, una cantidad que puede poner en peligro el sustento de agricultores, regantes y ganaderos del sureste del país y que tendría un impacto económico -según el gobierno regional- de 4.000 millones de euros en el PIB y una pérdida de 100.000 puestos de trabajo.
Además, con todo ello, las disputas territoriales, políticas y ambientales existentes respecto a la cuestión del agua podrían subir un peldaño más la intensidad de este enfrentamiento a tan sólo un año de la convocatoria de elecciones generales y autonómicas en distintos territorios.
Una votación donde barones como Fernando López Miras, en el caso de los populares, y férreo defensor del mantenimiento del Trasvase, o Emiliano García- Page, por parte de los socialistas en Castilla La-Mancha, posicionado claramente en contra, se enfrentarán a la reelección.
Una "promesa electoral"
Para el presidente de Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, la sentencia que emitió el Supremo hace unos días "no entró a valorar el fondo de la cuestión" y sólo se centró en un "requisito formal": la no legitimidad de la Diputación, al ser un ente local, para presentar este recurso.
"Estamos pendientes de que el Tribunal declare la legalidad o no de la planificación. Es decir, si se ha revestido bien técnicamente la decisión de recortar el trasvase", afirmó en un vídeo publicado en las redes sociales.
Una norma que para el Sindicato ha venido motivada únicamente por una "promesa electoral" de Pedro Sánchez que "seguro que ha tenido réditos políticos en Castilla La-Mancha, pero no así en nuestras regiones (El Levante)".
Jiménez también sostuvo que las medidas "prometidas" en su momento por el Ministerio de Transición Ecológica, por un valor de 2.145 millones de euros, para mejorar la salud del río Tajo, como el perfeccionamiento de la depuración en las grandes ciudades que vierten al eje del río o las ampliaciones de las desaladoras para compensar el recorte, entre otras, no se van a poder terminar antes de la fecha límite (2027) y, por tanto, ya han resultado, todas ellas, "mentira".
"No podemos prescindir del Tajo. No hay ninguna medida compensatoria aprobada. Es una locura. Es demencial. Y como esto nos lo ha quitado la política, la política nos lo debe devolver", finalizó.
"No es intocable"
Por el contrario, para la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Segura, desde Castilla -La Mancha, la situación es muy diferente, pues su objetivo es, precisamente, que deje de existir este trasvase.
Su presidente, Borja Castro, en una conversación con EL MUNDO, ha manifestado que lo que hace "la maquinaria de Partido Popular y Vox en el Levante" es recurrir esa planificación y que, por quinta vez, el Supremo -además de inhabilitar a la Diputación - les ha dicho que "debe prevalecer el río y sus necesidades por encima del Trasvase, que no es un derecho intocable".
Porque en Castilla-La Mancha, dice Castro, el Trasvase también afecta a toda su economía. "El agua, al igual que se convierte en economía en el Levante, se debe convertir también en donde es originario el recurso, que son los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha asegurado.
Unos embalses que, sostiene, están al 66% de su capacidad pero que, cada mes y debido a una regulación del anterior Gobierno del Partido Popular, la derivación de agua al Levante debe hacerse "independientemente de lo que suceda con la meteorología", lo que merma de forma continua su capacidad.
"Con la diferencia de que en el Levante tienen un recurso infinito que es el Mar Mediterráneo y nosotros, cuando no tengamos agua en los embalses, nos queda miseria. El Gobierno de España, cumpliendo con la planificación, está invirtiendo cantidades ingentes y millonarias para poner en marcha la desalación", ha añadido Castro.
Un agua desalada que, según Castro, no es de mala calidad como se argumenta desde el sureste, pues está "demostrado científicamente" que eso no es así y que es un "discurso político basado en mentiras".
"Es una cuestión ambiental"
Sobre si la posición respecto al Trasvase es un problema ideológico o territorial, Castro ha apuntado lo siguiente: "Es una cuestión ambiental. Se está tratando la salud de un río, no es ideológica. En Castilla La-Mancha gobierna el PSOE y el discurso es claro y además con una voz propia. Si hay que criticar las decisiones que se tomen desde Madrid, da igual el signo político".
"Tiene un trasfondo plenamente medioambiental y de supervivencia de nuestros pueblos", ha añadido.
Además, sobre las diferencias entre el Partido Socialista en ambos territorios, puesto que en la Región de Murcia defiende el trasvase, complementado con la desalación, Castro ha sostenido: "Echamos de menos que el Partido Popular aquí no se alinee con los intereses de Castilla- La Mancha. El PSOE en Murcia tiene su discurso defendiendo a sus trabajadores, podemos estar en contra o no, pero es verdad que defienden la desalación".
"Estamos en un momento de transición. Esta planificación que aprobó el Gobierno es una transición entre un modelo trasvasista y otro de desalación y eso es lo que está defendiendo el PSOE en Murcia. Esa misma unidad que existe en el Levante, la echamos de menos en Castilla-La Mancha", ha agregado.
En esta línea y ante la pregunta de si un Plan Hidrológico Nacional podría ser una posible solución, Castro se ha preguntado en qué se concreta esa idea: "Yo escucho hablar al PP y a Vox sobre ello, pero es sólo eso: palabras vacías que no se concretan en ninguna medida. Hablan de conectar las cuencas ¿Cómo? Esto no es el juego de las tuberías".
Por todo ello, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños espera que el Supremo rechace los recursos que quedan pendientes, con los mismos argumentos utilizados hasta el momento, y que se empiece a recortar el trasvase, tal y como "prometió el Gobierno", "en aplicación de los planes" y para dar "estabilidad y certidumbre a la economía de la zona".
García Page, contra el Gobierno
El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García Page confirmó el pasado viernes la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo, interpuesto por su Gobierno, contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que se apliquen las reglas de explotación del trasvase Tajo -Segura.
En declaraciones a los medios de comunicación, García Page señaló que igual "algunos se extrañan de que un presidente que es del PSOE pueda recurrir o pleitear con un Gobierno de España que también lo es, pero es que hay que retratarse y ser sinceros".
"Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté al frente del Gobierno y duele especialmente cuando, encima, ves el incumplimiento de la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín Oficial [del Estado], y que a mí personalmente me han dado muchos responsables públicos", añadió.
"Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país", finalizó Page.