- La guerra provoca un sobrecoste de 3.100 millones en pensiones y sueldos de funcionarios
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El derroche de Pedro Sánchez en pensiones y sueldos públicos sale caro: 3.100 millones de euros más.
La espiral inflacionaria provocada por el bloqueo de Ormuz va a tener un coste mayor para la economía española debido a la errónea política de indexar las pensiones y los salarios de los funcionarios al IPC que ha practicado el Gobierno actual desde 2018. Pedro Sánchez ha hecho bandera de anular todas las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre ellas la ley de desindexación de la economía.
Esta norma, impuesta por las autoridades europeas durante el rescate financiero a nuestro país de 2012, pretendía precisamente evitar que se formasen bucles de precios y salarios -los temidos efectos de segunda ronda- en coyunturas como la presente. Normas como ésta se aplican en la mayor parte de Europa. Pero el populismo de PSOE y Sumar (y antes Podemos) con las pensiones los llevó a volver a fijar por ley la obligación de subir las prestaciones de jubilación al mismo ritmo que la inflación, así como a entregar generosos aumentos salariales anuales a los empleados públicos -entre los que están ellos mismos-, además de reducir a 35 horas a la semana su jornada laboral.
Todo ello a costa de disparar la presión fiscal efectiva a los contribuyentes con maniobras confiscatorias como la de no actualizar los mínimos personales o la de no deflactar el IRPF para poder mantener un nivel de gasto público nunca visto en España. Un despilfarro difícil de sostener en un contexto de estabilidad de los precios, pero directamente insostenible cuando la inflación se descontrola, como sucede en la actualidad.
Sólo la subida de los precios en marzo y abril implicará 3.100 millones de euros más de gasto público por las cláusulas de revisión incorporadas tanto a la norma que regula las prestaciones de jubilación como a los acuerdos salariales con los representantes de los funcionarios. Si la crisis geopolítica en el golfo Pérsico se prolonga la mayor parte del año, como todo parece indicar a estas alturas, el coste será todavía mayor.
El contraste con la disciplina fiscal del gobierno alemán es palmario. Mientras la coalición de conservadores y socialdemócratas acaba de anunciar un recorte del gasto en políticas del Estado de bienestar -pensiones, sanidad y ayudas sociales- para financiar el rearme del país, nuestro presidente prefiere exprimir al contribuyente y disparar el endeudamiento en vez de poner en marcha una política económica más ortodoxa, cargando sobre las generaciones futuras el coste de su populismo electoralista y demagogo.
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