- PEDRO AZNAR
El cierre del estrecho de Ormuz provoca una reducción de la oferta mundial de petróleo de cerca del 20% del consumo diario y afecta también al transporte de gas natural licuado (GNL).
Hace ya dos semanas que periódicos, radios e informativos abren su información con los detalles de la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Dos semanas de fuertes subidas del barril del petróleo, declaraciones contradictorias, caídas de los mercados bursátiles y aumentos del precio de los bonos. Aunque con posiciones asimétricas, el encarecimiento del crudo no afecta a todos por igual. España sufre más que Estados Unidos, que cuenta con capacidad para producir y exportar, pero quizás menos que economías asiáticas como Corea del Sur, muy dependientes del petróleo que proviene del estrecho de Ormuz. La guerra tiene consecuencias económicas severas, pero esos efectos son asimétricos. Dependen, entre otros factores, de la composición del consumo energético, de la estructura productiva de su industria, pero también de la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas económicas que palien los efectos de un mundo muy incierto y de conflictos militares con efectos globales.
El canal principal de transmisión es claro: el precio del petróleo y de la energía. El cierre del estrecho de Ormuz provoca una reducción de la oferta mundial de petróleo de cerca del 20% del consumo diario y afecta también al transporte de gas natural licuado (GNL). El impacto es inmediato. Si el 27 de febrero el barril cotizaba a 72 dólares, en el momento de escribir estas líneas ronda los 100. Este encarecimiento se traslada directamente a los costes de transporte, y por tanto, es un factor de inflación que afecta al comercio de todo tipo de bienes y servicios. La inflación subirá. Algunos expertos apuntan a que, al inicio del verano, España podría situarse en una inflación por encima del 3%. A ello se suma el aumento del precio del gas natural, el encarecimiento de los costes del transporte marítimo en busca de rutas alternativas y el fuerte incremento del coste de los seguros que cubren estos barcos. Todo ello se trasladará a la inflación. Es cierto que un conjunto de países, en el marco de la Agencia Internacional de la Energía, ha prometido aumentar la oferta en 400 millones de barriles. No obstante, la posibilidad de liberar reservas es limitada, pues son estratégicas, y además difícilmente cubren la reducción de oferta. Si la oferta está reduciéndose en 15 millones de barriles diarios, el aumento previsto solo supone 3 millones diarios de barriles. No es de extrañar que los mercados sigan apostando a subidas de precio del petróleo.
Si hay algún consenso entre los analistas es que el impacto económico del conflicto depende en gran medida de su duración. En este segundo mandato de Trump estamos acostumbrados a un mundo más volátil. No está claro que la duración de la guerra que prevén los Estados Unidos e Israel sea la misma, tampoco hasta qué punto Irán conseguirá que la situación en Ormuz continúe con el cierre del tráfico de barcos. Cada día que pasa, el daño infligido a la economía mundial aumenta.
Para España, el encarecimiento del precio del petróleo es una mala noticia: consume casi 1,5 millones de barriles diarios, casi el 100% importado. Esta situación afecta a unas industrias más que a otras. La industria química y la industria agroalimentaria son grandes consumidores de energía. También destaca la concentración de la industria del azulejo en Castellón con un muy elevado consumo energético asociado a su proceso productivo. En el caso de la agroalimentación, además, se suma un efecto de medio plazo: el incremento del precio de los fertilizantes usados en agricultura. Oriente Medio juega un papel relevante como exportador de estos productos, y la escasez de oferta junto a la dificultad para distribuirlo encarecerá su precio.
La gran incógnita no es tanto el aumento de la inflación, que es una certeza, sino si la inflación irá acompañada de un deterioro del consumo interno, principal motor del crecimiento económico (con permiso del turismo). Si las familias se ven obligadas a pagar más por llenar el depósito de gasolina o diésel -en un parque automovilístico donde el coche eléctrico aún no alcanza el 2% del total-, dispondrán de menor renta disponible para el consumo de otros bienes y servicios: menos gasto en ocio, restaurantes, teatros, y quizá posponer esa compra de muebles en la que pensábamos o ser más prudentes en el gasto de las vacaciones de Semana Santa. La contracción del consumo interno no es una buena noticia. La inversión empresarial es especialmente sensible a la incertidumbre y el margen de maniobra del Gobierno de España, cerca del 100% del PIB, da un margen limitado a la política fiscal.
La coyuntura económica fruto de la guerra en Irán, además, puede suponer un dilema para los Bancos Centrales, en particular para el Banco Central Europeo. Si la inflación aumenta, debería subir los tipos de interés. Sin embargo, aunque esta medida contribuye a frenar la economía y contener los precios, no ataca la raíz del problema, que es una reducción de la oferta. Los tipos de interés del Banco Central y la guerra en el estrecho de Ormuz no están conectados. Endurecer la política monetaria difícilmente resolverá un shock en la oferta.
Por otro lado, la locomotora europea lleva tiempo en el taller: la economía alemana tan relevante para Europa apenas crece al 0,5% y, con la excepción de España, las grandes economías europeas no alcanzan el 1%. Subir los tipos de interés agravaría esta situación. El dilema del Banco Central está servido.
La exposición de la situación económica no ha sido hasta este punto optimista, pero lo cierto es que cualquier augurio o predicción económica va a estar muy condicionada por la evolución de la situación geopolítica. En un escenario negativo, el aumento del precio del transporte también se trasladaría a los ya elevados precios de los billetes de avión, con un potencial efecto en la joya de la corona del crecimiento económico español: el turismo.
Ahora bien, es cierto que, aunque con efectos asimétricos, uno de los grandes actores del conflicto, Estados Unidos, también sufre consecuencias económicas y políticas. En las últimas décadas ha aumentado su capacidad para producir y exportar energía, tanto petróleo como gas natural. Un alza de precios beneficia a su industria energética y el conflicto bélico beneficia a la industria militar. Pero el encarecimiento de los precios de la energía también se traslada a la inflación. Una de las promesas de Donald Trump a los millones de votantes que confiaron en él fue que no vivirían los aumentos de inflación que sufrieron bajo la administración Biden. Una campaña militar prolongada que genere inflación en Estados Unidos, ponga en riesgo el dulce momento bursátil -con el Dow Jones cerca de un 14% por encima de su nivel de hace un año-, o implique un aumento de las bajas de soldados americanos pondría en peligro los resultados de las elecciones de medio mandato.
Esperemos que esos riesgos, para acabar con una nota de optimismo, permitan que este conflicto, que hoy parece una amenaza importante, quede en un episodio temporal. El futuro todavía no está escrito.
Por Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade
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