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La revalorización de las prestaciones contributivas de 2027 se situará entre el 3,1% y el 3,5%, un punto más de lo previsto a inicios de año. Y se aplicará el 0,5% pendiente de 2026 a los empleados públicos por la desviación del IPC. La actualización de las nóminas públicas y de las pensiones ascenderá hasta casi 20.000 millones.
La guerra de Irán continúa golpeando la economía internacional presionando al alza la inflación, elevando de forma notable los precios de los combustibles, y amenazando con efectos de segunda ronda sobre los márgenes empresariales y minoración del consumo. Uno de estos impactos colaterales del incremento de precios se produce en el plano doméstico. Las revisiones del IPC llevadas a cabo por organismos como el Ministerio de Economía y servicios de estudio como Funcas anticipan un sobrecoste para las arcas públicas en las revalorizaciones de sueldos de empleados públicos y pensiones contributivas, ambos conceptos con vinculación al comportamiento anual de la inflación.
Aproximadamente, ambas subidas costarán 3.100 millones más de lo previsto al inicio del año, por la desviación a alza de la inflación que ya se descuenta para 2026. Mientras que la actualización de las pensiones se encarecerá en 2.100 millones, por el momento, a causa de una revisión del IPC medio para el conjunto del año un punto porcentual por encima de las estimaciones iniciales, los funcionarios recibirán igualmente el 0,5% de subida extra con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026 que estaba previsto en el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Función Pública con los sindicatos a finales del pasado ejercicio si el IPC de este año rebasa el 1,5%. Ese medio punto que se aplica sobre las nóminas de los 3,6 millones de empleados públicos se estima en un desembolso de 1.000 millones.
Concretamente, la revisión del IPC llevada a cabo por el Ministerio de Economía ha elevado la previsión del 2,1% al 3,1%, mientras que Funcas ha pasado de un 2,5% estimado a inicios de año a un 3,5% en la última proyección de mediados de abril. En ambos casos implicaría que la revalorización de las pensiones de 2027 -se efectúa en base a la inflación media de los doce meses precedentes a diciembre del año en curso- es un punto superior a lo proyectado.
En este sentido, teniendo en cuenta que cada punto de subida de las 10,4 millones de prestaciones contributivas de la Seguridad Social que perciben los 9,4 millones de beneficiarios ronda los 2.100 millones de euros, la revalorización de 2027 tendría un coste de entre 7.720 y 8.350 millones.
Del mismo modo, la factura del incremento salarial a los funcionarios no se queda en el 0,5% adicional con efectos de 2026. El programa de subidas salariales prevé para 2027 un contundente incremento de 4,5 puntos porcentuales -para 2028 quedaría pendiente otro 2% para culminar el plan a cuatro años (2025-2028) pactado-. Esta actualización de las nóminas públicas tendría un coste de 9.000 millones de euros.
De modo que, más allá, del sobrecoste de cerca de 3.100 millones por la inflación, las revalorizaciones de las pensiones y sueldo de funcionarios supondrían un desembolso de entre 17.720 y 18.350 millones de euros.
En consecuencia, a expensas de conocer el comportamiento de desembolsos asociados al ingreso mínimo vital y partidas altamente volátiles y en ascenso permanente como la de incapacidad temporal, la factura de prestaciones contributivas apunta a un agregado de cerca de 250.000 millones de euros para el conjunto de 2027.
Todo ello en un escenario de contención del conflicto bélico, que arroja un alto grado de incertidumbre sobre su duración e impacto en la economía global. Aquí, por ejemplo, el Banco de España ha mostrado un escenario central ligeramente más cauto descontando el efecto de la guerra, situando el IPC medio para este año en el 3% -alineado prácticamente con la última lectura del Gobierno-. También en este caso la revisión de finales de marzo respecto al anterior informe de diciembre es de casi un punto porcentual mayor (nueve décimas, concretamente). Sin embargo, un alargamiento de las hostilidades en Oriente Próximo como las que ha vaticinado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevarían la inflación media hasta el 3,9%.
Y en el escenario más severo, con fuerte encarecimiento de los precios de la energía y los combustibles y contagio a toda la cesta de la compra, el IPC se dispararía al 5,9% en 2026. En este punto, el coste de la subida de las pensiones sería desorbitado respecto a las estimaciones iniciales, llegando hasta los 12.390 millones de euros. Sumado al 0,5% extra de la nómina pendiente de los funcionarios y el 4,5% correspondiente a 2027, todas las revalorizaciones costarían casi 22.400 millones.
Incertidumbre
Pero estas estimaciones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre, tal y como señalan los expertos de Funcas, ya que su evolución estará muy condicionada no solo por el devenir del conflicto en Irán sino por el calendario de retirada de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno o la aplicación de nuevas ayudas. Señalan, en este sentido, que si el petróleo se mantiene por encima de los 102 dólares durante todo el año o la mayor parte, el IPC escalaría de forma recurrente hasta el 4% en algunos meses y se situaría en el 3,9% de media en el conjunto del ejercicio.
Por su parte, los técnicos del Banco de España explican que el mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global parcialmente compensados por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo.
Sin embargo, de su análisis se deduce un elevado riesgo de desviación al alza de las previsiones ya que el escenario central, el que está alineado con el del Gobierno, contempla una normalización relativamente rápida de los mercados del petróleo y del gas. Mientras que una mayor intensidad del conflicto bélico y su prolongación durante varios meses -posibilidad que gana peso a la luz de los acontecimientos- mantendría elevadas las cotizaciones de las materias primas energéticas, aumentando la probabilidad de que se materialicen efectos de segunda ronda sobre los salarios y los precios.
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