Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex director general del Trabajo Francisco Javier Guerrero detrás. EFE
Andalucía La historia interminable de los ERE 15 años después: 100 causas sin enjuiciar y Chaves y Griñán, a la espera del TJUEEl tribunal europeo podría resolver a finales de 2026 la cuestión prejudicial elevada por la Audiencia de Sevilla.
Más información:La Audiencia de Sevilla lleva a la Justicia europea las sentencias del TC sobre los ERE por dejar "impune" la corrupción
Inma León Sevilla Publicada 18 enero 2026 03:05hLas claves nuevo Generado con IA
El caso ERE, iniciado en 2011, investigó un fraude de 680 millones de euros en ayudas públicas durante gobiernos socialistas en Andalucía.
De los más de 500 investigados, 18 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, fueron condenados, aunque sus penas fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
La Audiencia de Sevilla ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando la compatibilidad de la decisión del Constitucional con el Derecho europeo.
Actualmente quedan más de 100 piezas del caso ERE pendientes de resolución judicial, y el TJUE podría pronunciarse a finales de este año.
Tal día como este lunes, 19 de enero, pero de 2011 comenzó el mayor caso de corrupción de la democracia, que puso fin a la era del PSOE en Andalucía. Hubo más de 500 investigados y la cantidad defraudada ascendió a 680 millones de euros.
Ese día, sin saber muy bien lo que podría tener en sus manos, la juez Mercedes Alaya abrió las primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para investigar lo que se denominaría el caso ERE.
Alaya abrió la caja de pandora con las pesquisas iniciadas sobre presuntas irregularidades en unos expedientes de regulación de empleo llevados a cabo en la empresa pública Mercasevilla.
Los 15 hitos del 'caso ERE' que el fallo del Tribunal Constitucional no borrará de la memoria colectivaUnas grabaciones ocultas y un intento de extorsión a dos empresarios sevillanos en 2009 fueron el germen que destaparía el reparto de ayudas económicas por parte de la Junta de Andalucía a determinadas empresas de manera fraudulenta, que llegaron a sumar 680 millones.
La instrucción pasó por diversas fases a medida que Alaya escalaba por la supuesta pirámide de responsabilidades que apreciaba hasta que llegó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Pidió la imputación de ambos, al ser aforados, y lo hizo el mismo día que Susana Díaz tomaba posesión como presidenta de la Junta, tras la dimisión de Griñán en agosto de 2013.
De aquel 2011 a 2026 se ha avanzado, teniendo en cuenta la extensión de la causa, pero no lo suficiente.
Por un lado, se separó la pieza política en la que acabaron condenados por el Supremo hasta 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, uno de ellos ya fallecido, el exdirector general del Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Por otro, una pieza judicial por cada ayuda que se concedió. No obstante, 15 años después, aún queda mucha tela que cortar.
En concreto, hay un total de 72 procedimientos terminados y elevados a la Audiencia Provincial de Sevilla, de los que se han juzgado y cuentan ya con sentencia 26 de ellos. Otros cuatro aún están pendientes.
También hay otros 60 procedimientos en trámite en el juzgado. De ellos, 39 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y los 21 restantes en fase intermedia, tras haberse dictado el auto de procedimiento abreviado. Por tanto, la suma alcanza las 106 piezas aún pendientes.
Tras la condena del Supremo a los exaltos cargos de la Junta, a finales de 2022, los que fueron condenados por malversación comenzaron a ingresar en distintas prisiones de Andalucía, a excepción de José Antonio Griñán, quien alegó que padecía un cáncer de próstata.
Pero todos fueron excarcelados en julio de 2024, cuando el Tribunal Constitucional (TC) anuló el fallo.
La Audiencia de Sevilla lleva a la Justicia europea las sentencias del TC sobre los ERE por dejar "impune" la corrupciónSegún el Supremo, las ayudas pasaron a repartirse por los responsables de la Consejería de Empleo con total discrecionalidad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino, sin fiscalización de la Intervención y sin publicidad.
Sin embargo, el TC declaró que todo eso está fuera del control de los jueces porque "los anteproyectos y proyectos de ley no pueden ser objeto de control jurídico".
Al anular las penas, el TC acordó retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Provincial de Sevilla dictara sendos fallos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados.
La Audiencia lleva el caso al TJUE
Sin embargo, la Audiencia sevillana plantó cara al Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y planteó el pasado mes de julio una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En la misma, la Audiencia expresó sus dudas de que la resolución del TC fuera compatible con el Derecho europeo.
El tribunal cree además que Conde-Pumpido pudo extralimitarse e invadir funciones del Supremo, generando un "evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción” con su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación.
La sentencia del TC que salva de la cárcel a Chaves y Griñán puede contravenir el Derecho europeo, según la AudienciaPor este motivo, paralizó la aplicación de los fallos exoneratorios del TC, a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el Tribunal europeo podría resolver el recurso a finales de este año.
La iniciación de los trámites para dirigirse al TJUE, el pasado mes de marzo, generó un enorme malestar en el presidente del Tribunal Constitucional.
Tanto, que Conde-Pumpido llegó a plantear en reuniones internas la posibilidad de anular las decisiones que tomase la Audiencia de Sevilla, al considerar que el TC no puede ser cuestionado ante la Justicia europea. Sin embargo, finalmente, el Constitucional no tomó ninguna medida.
Al elevar esta cuestión prejudicial, la Audiencia de Sevilla pretende evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, "se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares". Se pretendió, asimismo, salvaguardar los intereses financieros de la UE.
Mientras este fleco se resuelve, el resto de piezas pendientes de juicio siguen su trámite.
Algunas de ellas han acabado en acuerdos entre las partes. No obstante, la mayoría de las sentencias dictadas por la Audiencia están recurridas al Supremo y podrían acabar, al igual que la causa principal, en el Constitucional.