El ministro Marlaska, flanqueado por el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, y por la actual responsable del cuerpo, Mercedes González. Diseño: Arte EE
Política La implicación de la cúpula de la Guardia Civil en las cloacas del PSOE desmonta la estrategia de Sánchez de culpar a CerdánLeonardo Marcos y Mercedes González, nombrados ambos por Marlaska, aparecen implicados en la obstrucción de la labor de la UCO.
Más información:La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente"
Fernando Garea Publicada 4 junio 2026 02:49h Las clavesLas claves Generado con IA
"Que a mí me conste, no", aseguró Pedro Sánchez en el Senado el pasado 30 de octubre cuando se le preguntó en la comisión de investigación si el PSOE había pagado a Leire Díez. Significativamente no lo negó, solo dijo que él no tenía conocimiento de que esto fuera así.
Esa declaración cobra sentido con lo que ocho meses después mantiene el presidente del Gobierno y líder socialista: que la supuesta trama que investiga el juez Santiago Pedraz y cuya misión era boicotear investigaciones judiciales fue creada y gestionada por Santos Cerdán, que él no supo nada y que no afecta al Gobierno.
Esa es su tesis defensiva ante el escándalo y, además, el PSOE sigue sin negar ni explicar oficialmente nada, una semana después del registro en la sede central del partido. El PSOE guarda silencio aunque está imputada la gerente del partido, Ana María Fuentes.
Como estrategia defensiva, Sánchez busca desligarse de los hechos y lanzar botes de humo para intentar salir de la postración. Esta vez ha echado mano del enésimo anuncio de presentación de Presupuestos para hacer frente al impacto del sumario del llamado caso Leire.
Su problema es que lleva desde 2023 incumpliendo la Constitución y también su palabra porque ha hecho ya una decena de anuncios como este sin cumplir nunca.
Leire se reunió "al menos tres veces" con la directora de la Guardia Civil mientras activaba "actuaciones" contra la UCOLa tesis es que todo empezaba y terminaba en Cerdán, de espaldas a los demás y, por eso, no es posible decir que era el PSOE el que pagaba a la fontanera. Así lo explican portavoces oficiales del presidente. Lo que la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, llamó este miércoles "farsantes, oportunistas y resentidos", sin especificar a quién se refería.
No parece importar que Santos Cerdán ha sido secretario de Organización del PSOE hasta hace un año; que la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, ha sido imputada, acusada de participar en los pagos mendaces; que el beneficiado por esa obstaculización fue el propio Pedro Sánchez y que en el sumario se menciona una veintena de veces que él estaba al tanto.
Una vez conocido el sumario completo este miércoles, la versión de Moncloa sigue basada en el blindaje de Sánchez, y establece en torno a él un cordón de seguridad que acota la responsabilidad en Cerdán.
Fuentes del Gobierno aseguran que en lo conocido del sumario no hay pruebas directas contra Sánchez y que sólo aparecen referencias colaterales no apoyadas en datos o documentos concretos. De ahí no se mueven.
Depresión interna
Sin embargo, extraoficialmente, admiten que la avalancha de titulares vuelve a afectar al Gobierno y al partido, poniendo a prueba su umbral del dolor. La depresión interna va en aumento y se va diluyendo la tesis de la "conspiración".
Y es que, una parte de la investigación afecta a la cúpula política de la Guardia Civil y a la Fiscalía, es decir, a un organismo dependiente del Gobierno y a una institución con relaciones con el Ejecutivo, a los que no tiene acceso Santos Cerdán.
El sumario señala que el director general de la Guardia Civil nombrado por Fernando Grande-Marlaska ordenó a la UCO enterrar el caso David Sánchez y que cerrasen el informe sobre la corrupción del PSOE.
En concreto, según un exagente, Leonardo Marcos pidió a los agentes elaborar un informe que concluyese "que no había nada" en el caso contra el hermano del presidente. Si eso fuera así, además de Leire Díez y los suyos hubo utilización de Fuerzas de Seguridad del Estado para bloquear las investigaciones. Y, además, la investigación apunta a reuniones de Leire Díez, con la actual directora general de la Guarcia Civil, Mercedes González, hasta ahora negadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que queda en mal lugar con la extensión de las cloacas a su ministerio.
Y el sumario también apunta a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González. La UCO atribuye a Leire Díez una estrecha relación con ella, también nombrada por Marlaska.
Según los investigadores, la exmilitante socialista mantuvo "al menos tres reuniones" con González entre septiembre de 2024 y abril de 2025 para intentar que se impulsaran "actuaciones" contra la propia UCO y varios de sus agentes.
Afectaría, además, a una investigación directamente ligada al presidente del Gobierno, porque afecta nada menos que a su hermano y, por tanto, él sería el principal beneficiado de la hipotética obstrucción de la investigación judicial.
Este episodio se conecta con las supuestas gestiones de la trama para indagar sobre la jueza instructora del caso contra David Sánchez que se investigan en un juzgado de Badajoz.
Como sostiene el informe de la UCO, el fin de esas actividades de la trama "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente"
Además, el informe de los agentes asegura que Leire tuvo "interlocución, directa o indirecta, con algún miembro de la Fiscalía General del Estado" y documenta reuniones de la fontanera con altos cargos de esa institución, como adelantó El Confidencial.
Leire Díez pidió a Juanfran Serrano que colocara a la mujer que denunciaba por delito sexual al fiscal Grinda¿Presupuestos de 2027?
Estos datos y todos los que contiene el sumario fueron analizados este mismo miércoles con detalle en la Moncloa por personas de confianza de Sánchez. Al presidente le sorprendió la difusión de los detalles del sumario en Barcelona, hablando ante el Cercle d'Economia ante empresarios catalanes.
Sánchez ejecutó una parte de su estrategia de los últimos días, la referida a intentar dar imagen de Gobierno que sigue gobernando, pese a todo.
Por eso anunció de nuevo su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado, esta vez los de 2027, tras no hacerlo desde 2023.
No usó en esta ocasión la parte de la estrategia que consiste en denunciar lawfare o persecución judicial contra el Gobierno. Tampoco Moncloa transmitió esa acusación tras leer el sumario.
El anuncio de Sánchez ya no abre informativos ni periódicos, como constatan en el Gobierno, porque tiene muy difícil pasar por encima del inmenso ruido de las investigaciones judiciales.
El pasado mes de septiembre, el presidente arrancó el curso político con una entrevista en Televisión Española cuyo título fue su compromiso de presentar los Presupuestos de 2026 y tramitarlos en el Congreso, aunque no hubiera mayoría para aprobarlos. No los presentó.
Luego, en diciembre, dijo que lo haría en el primer trimestre de este año, y durante meses lo mantuvo y hasta hizo decir a María Jesús Montero, Carlos Cuerpo y Elma Saiz que se aprobarían. Así lleva desde 2023 y nunca ha cumplido.
Dos años seguidos, en 2024 y 2025, el Gobierno llegó a dar el paso que ayer anunció Sánchez: la orden para poner en marcha la elaboración de Presupuestos, pero no se cumplió.
Si ahora sí cumpliera, la fecha legal para presentar las cuentas es el final de septiembre, para que se vote en el Congreso la admisión a trámite a finales de octubre.
Si no hubiera mayoría, las cuentas serían rechazadas y Sánchez tendría excusa para convocar elecciones a finales de 2026 o principios de 2027. Si se aprobaran, terminaría la legislatura pudiendo alardear de diálogo y capacidad de acuerdos.
La realidad, en este momento, es que la distancia de los socios hace casi imposible que puedan aprobarse.