El 31 de julio abrió las diligencias, el 7 de septiembre ratificó la competencia de la Audiencia Nacional y el pasado martes se dirigió a un número sin precedentes de organismos de seguridad para aclarar las responsabilidades de Marruecos y del Gobierno en todo los relacionado con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
El auto de la magistrada María Tardón ha puesto en marcha a un total de 31 organismos pertenecientes a todos los y cuerpos y fuerzas de seguridad de alcance nacional: Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, Centro Nacional de Inteligencia...
La multitud de órganos requeridos da la medida del alcance de la investigación que la instructora ha resuelto emprender. Sin embargo, son otras dos diligencias concretas las que más a corto plazo reflejan el alcance político del procedimiento 46/2026 de la Plaza 3 de la Audiencia: la citación como testigos del presidente de la ciudad autónoma y del ex jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, cuyas declaraciones públicas apunta a la responsabilidad del Gobierno.
Juan Jesús Vivas ha relatado, como hará ante la juez el próximo 30 de septiembre, que intentó hablar con el propio Pedro Sánchez tres días antes del comienzo de la oleada. Desde Presidencia del Gobierno le dijeron que se tranquilizara. «No es para tanto [...] No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema», le dijeron.
En cuanto a Gonzalo Sanz, dimitió con un escrito en que ratificaba que la víspera del asalto había transmitido al delegado del Gobierno la información que le remitió el CNI. «Fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día». La declaración testifical de Sanz le obliga a contestar con la verdad a todas las preguntas y antecede a una previsible declaración del propio delegado, en su caso como investigado.
El interrogatorio de Vivas y Sanz se considera «prioritario» por parte de la juez. No lo había reclamado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su larga solicitud de diligencias, que la juez ha atendido y aumentado. El Ministerio Público solicitaba que declarasen los responsables de los organismos policiales que habían elaborado informes. La juez ha respondido que eso llegará más adelante, cuando reciba la información que ha reclamado.
Esta incluye todo tipo de alertas emitidas en los días previos sobre una posible oleadas. La juez ya pidió copia de todo lo que el Gobierno desclasificó, pero vuelve a pedir la información de forma directa a todos organismos que pudieron darla.
En el auto del día 7 asumiendo la competencia, la juez advertía de que la investigación incluiría la respuesta de las autoridades españolas ante la información que pudieron tener previa al asalto. «Habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes. [...] tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva». La inacción ante una información cierta podría suponer, por ejemplo, responsabilidad en el fallecimiento de 83 personas en el lado español de la frontera.
La juez vislumbra la comisión de cuatro categorías de delitos: contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes, así como de organización criminal.
En cuanto a las diligencias acordadas, afectan a todos los bloques de la investigación, dice la juez: «La actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva».
El auto pone en marcha solicitudes a más de una decena de instancias de la Policía Nacional. Entre ellas el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), responsable del primer informe enviado a Tardón. Apuntaba con claridad a la responsabilidad de Rabat. El Gobierno español lo puso en cuestión y la juez dejó claro por escrito que respaldaba el trabajo policial.
También deberán ofrecer datos o elaborar informes, entre otros, el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (Cefront), la Unidad Central de Fronteras (UCF), el Centro Nacional de Comunicaciones...
Una de las ramas de investigación es la financiación de la oleada. Tardón pide a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que le informe al respecto. Ya hace el mismo requerimiento a la Guardia Civil, en este caso dirigido específicamente a la Unidad Central Operativa (UCO).
Informe financiero y patrimonial
Udef y UCO deberán elaborar «un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada». Deberá analizar «movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada». Y adelanta la juez que, en una fase posterior, requerirá informes al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía.
Dentro del instituto Armado, se pide información, entre otros organismos, a la Jefatura Fiscal y de Fronteras y al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras.
El auto también ha llegado al Estado Mayor de la Defensa, al que reclama todas las imágenes satelitales de la zona que hubieran podido obtener su Mando de Operaciones (MOPS), Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), o «cualquier otro centro de su ámbito que pudiera haber realizado dicha tarea».
La lista de diligencias acordadas en ese auto no está completa. La juez acordó desde el inicio abrir una pieza separada secreta en la que se tratarían las materias más delicadas, a las que solo podía acceder la Fiscalía. En esa pieza, según fuentes jurídicas, también se han encomendado otras diligencias al CNI.
A todo lo anterior se suma la toma de declaración del jefe de la policía Local de Ceuta, el mismo día que el ex jefe de Gabinete, y datos del centro de internamiento de la Ciudad y de los juzgados.
Entre los destinatarios de la resolución están también empresas privadas. Reclama imágenes de satélite a HI Iberia, colaboradora habitual de Defensa. Y se dirige las principales redes sociales: «Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación». Les reclama la «conservación inmediata» de los datos para identificar a los responsables de difundir una convocatoria de una dimensión que, como la lista de organismos de seguridad activados por la juez, no tenía precedentes.