«Tranquila, con templanza y con muchos datos y pruebas». Así define una fuente muy cercana a Beatriz Biedma las últimas horas de la magistrada que investigó el caso del hermanísimo y que, a ciencia cierta tras el informe presentado por la UCO al juez Santiago Pedraz, es consciente de que su vida ha estado en peligro.
Biedma -que sigue sin escolta personal- viajó a primera hora de la mañana de ayer a Madrid. Quería estar tranquila y sosegada con todo el día por delante en la capital de España antes de acudir hoy a la sede de la Audiencia Nacional para comparecer como parte perjudicada en el caso Cloacas. Perfeccionista y rigurosa en el estudio, cuentan sus allegados a EL MUNDO que ha preparado su intervención ante Pedraz de igual manera que sus casos, hasta el más mínimo detalle.
Ayer dio un último repaso ya en Madrid a las claves del caso, incluidas las pruebas que lleva consigo. Lo hizo junto a su hermana, la abogada que la representa, Manuela Biedma Rojano, una letrada que ejerce en Córdoba y que en su día también sufrió las iras del ex juez Luis José Sáenz Tejada -expulsado de la carrera por una sentencia de violencia de género-. El último escrito de la UCO al juez le describe como arma ejecutoria de las atrocidades pergeñadas por la cloaca, así como nexo de unión entre la fontanera Leire Díez y las mafias de Badajoz, según las pruebas de los agentes y la toma de declaraciones a los propios protagonistas.
La magistrada se puso en la diana de la cloaca con su actuación ante David Sánchez Pérez-Castejón, al que acorraló con unas simples preguntas («¿Dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas, a qué se dedica, cuáles son sus funciones...?»), que decantaron una investigación que se encontró por designación telemática (hay cuatro jueces de instrucción en Badajoz y le tocó a ella por sorteo), pero que exprimió al máximo con un estudio riguroso (64.000 correos electrónicos intervenidos, «y leídos todos») de lo sucedido. Y eso que tuvo todo en contra, desde la Fiscalía a Hacienda y, lo que es peor, con un intento de extorsión que incluyó seguimientos personales a ella, a sus hijas y su marido. La UCO certificó ayer la propuesta de la cloaca del PSOE de ir «físicamente a por ella», según confirmado a los agentes la propia líder de uno de los clanes, Cintia Rocho.
«Va con pruebas, con mucho material, y además tiene el apoyo del informe de la UCO, que es demoledor de lo que quisieron hacer contra ella», relatan sus cercanos. «Beatriz las ha visto de todos los colores en el juzgado, no se va a achantar ahora», describen sus más cercanos.
No es que sea una inconsciente, esgrimen, ni mucho menos. De hecho, decidió personarse en la causa precisamente cuando leyó la anotación incautada en la agenda de Leire Díez este mismo verano: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína y Gitano». Esa fue la línea roja. Era perfectamente conocedora de quiénes eran esos apodos, a quiénes se referían y la amenaza que podían representar. Sabía que la espiaban, que habían hablado con sus vecinos, que tenían fotos de sus hijas, que la siguieron hasta el gimnasio, al colegio de sus hijas... Pero hasta ahí aguantó. Ella había tenido varias veces delante, y había tomado declaración, a La Celsa, a su hijo (en la cárcel ahora), por sus infinitos problemas judiciales, que incluyeron en el 2024 un doble asesinato: el de su marido, con ella presente mientras desayunaban en una cafetería de Badajoz, y el de su padre, acribillado a tiros la noche del 30 de diciembre por un clan colombiano mientras conducía. «Con este contexto, con esta experiencia, habiendo tratado este tipo de casos, y otros muy parecidos de guerra entre clanes, ¿tú te crees que está asustada ahora?».
El problema, eso sí, son las hijas y su madre, enferma en Córdoba. Por ellas sí ha sufrido desde que este verano se confirmara lo que primero había escuchado como un rumor en los pasillos del juzgado y luego se fue confirmando con el paso del tiempo: fueron a por ella para derribar «por lo civil o por lo criminal» el caso del hermano del presidente del Gobierno. Por eso quiso presentarse en la causa como acusación particular. El juez así lo acordó, al estimar que ha podido ser víctimas de, al menos, un delito de calumnias.
«Es un puto grano en el culo y hay que eliminarla», le dijo sin contemplaciones el ex juez Sáenz de Tejada a Cintia Rocho (La Celsa). Las conversaciones entre ambos se produjeron vía redes sociales como y, en tres ocasiones, de manera telefónica. Ahora también sabe quién la siguió, otro grupo de Badajoz que ha arremetido en la ciudad contra políticos o periodistas. Se trata del Club de Debates Urbanos de Badajoz, a los que el ex magistrado asistía jurídicamente de manera gratuita a cambio de que le sirvieran de espías y le pasaran toda la información perjudicial para la reputación de Biedma.
«Su participación podría haber ido más allá», prosigue la UCO, recordando la mención a que «había que eliminarla». «En cualquier caso», concluye la unidad, «lo que sí consta es que estas actuaciones [...] habrían sido objeto de conocimiento de, al menos, Leire Díez, lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente».
Así se lo contará hoy la magistrada cordobesa al juez Pedraz. Con los documentos, datos y las pruebas, si es que se necesitan más, en la mano.