La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, instructora de la causa sobre el rescate de Plus Ultra, ha tomado la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, la instructora considera que el órgano competente para instruir los hechos es la Audiencia debido a la «nueva dimensión» que ha adquirido el procedimiento donde se encuentran imputados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el CEO, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez -amigo y pagador del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y un abogado de Madrid. La inhibición de la juez Collazos es «inminente» aunque no se dará cuenta de la misma ya que la causa va a permanecer previsiblemente bajo secreto de sumario.
Las fuentes consultadas explican que el procedimiento incoado por el rescate de la aerolínea ha adquirido una «nueva dimensión» tras las detenciones y registros practicados el pasado mes de diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. El desbordamiento de los hechos iniciales por los que se incoaron las diligencias -el delito de blanqueo de capitales-, así como las sospechas de que una «organización criminal» se benefició del rescate de Plus Ultra, ha provocado que la magistrada considere que la competencia para investigar los hechos ya no es suya.
Las implicaciones de la organización criminal alcanzan tal envergadura que la juez cree que entra en el ámbito de la competencia de la Audiencia investigar estos hechos. Con anterioridad, Anticorrupción ya intentó que la causa del rescate de la aerolínea fuera asumida por el tribunal especializado en investigar el crimen organizado y la delincuencia económica a gran escala.
Se da la circunstancia de que bajo la lupa de los investigadores se encuentra desde hace meses el ex presidente Zapatero, a quien el empresario Julio Martínez pagó 460.000 euros por supuestos trabajos de asesoría, tal y como desveló este periódico. Además, este empresario también abonó a las hijas del ex líder socialista unos 200.000 euros a través de su sociedad Whathefav. Zapatero ha negado en todo momento haber intercedido en el rescate de Plus Ultra, compañía a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de fondos públicos.
Por su parte, Plus Ultra defiende que contrató al empresario Julio Martínez como asesor externo y conseguidor frente a Venezuela, país en el que Zapatero goza de acreditada y dilatada influencia. En concreto, Julito -así se conoce al empresario amigo del ex presidente socialista en los círculos de poder- se dedicaba a interceder ante las autoridades venezolanas para resolver problemas operativos ante el Régimen de Maduro. Entre sus labores estaba conseguir permisos de aviación, solventar problemas de aduanas o aplazar deudas de combustible de la aerolínea ante los jerarcas chavistas.
La investigación tendrá en lo sucesivo que determinar si esos supuestos trabajos fueron reales o si, por el contrario, Martínez era el testaferro del ex presidente del Gobierno y fue utilizado para camuflar el cobro de una comisión por una presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.
Tal y como reveló en exclusiva EL MUNDO, en las entradas y registros del pasado diciembre, la UDEF se incautó de un contrato que establecía una comisión del 1% para Julio Martínez si realizaba con éxito gestiones para que el Gobierno rescatara a la aerolínea. Las cifras cobradas por Martínez -que defiende que se ese contrato no llegó a ejecutarse- rondaron el medio millón de euros y se aproximan al 1% de la petición inicial de rescate, ya que Plus Ultra solicitó 50 millones de inyección de dinero público el 31 de agosto de 2020.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la Audiencia Nacional es competente para investigar defraudaciones que puedan producir «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia» así como aquellos delitos cometidos fuera del territorio nacional «cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles».
En diciembre de 2024, la Sala de lo Penal de la Audiencia rehusó a investigar la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por el posible blanqueo de fondos tras el rescate de Plus Ultra. En aquel auto, el tribunal afirmó, no obstante, lo siguiente: «La apertura de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, precisamente, en torno a la concesión de esa ayuda pública, determinaría, en principio, la competencia de ese Juzgado de Instrucción ordinario para mantener esa investigación, en la que no podría interferir otro Juzgado hasta que fuera cedida. Debería, pues, en su caso, trasladarse a ese Juzgado la nueva información de la que dispone la Fiscalía para que, si se estimara oportuno, se reabrieran las actuaciones, al parecer sobreseídas provisionalmente, sin perjuicio de declinar después la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción si de las actuaciones se desvelara indiciariamente la comisión de delitos de los que fuera competencia la Audiencia Nacional».
Tras la primera negativa de la Audiencia, la Fiscalía Anticorrupción continuó investigando hasta que, efectivamente, solicitó la reapertura de la causa por el rescate de la aerolínea a la magistrada Esperanza Collazos.
En estos momentos, la juez considera que los hechos desbordan la comisión de un único delito de blanqueo de capitales por lo que la competencia debe ser asumida, ahora sí, por uno de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.